La próxima semana está marcada por dos aniversarios de importancia para la historia y, todavía, para la política: el 20 y el 22 de noviembre, las fechas en las que se cumplirá medio siglo de la muerte del dictador Francisco Franco y del retorno efectivo de la monarquía con la coronación de Juan Carlos I. Las dos son importantes para la transición a la democracia, un proceso al que resulta más difícil ponerle días de inicio y de final.
Nadie dudaba en la mañana del 20 de noviembre de 1975 que nada volvería a ser igual, pero nadie sabía tampoco cómo, cuánto e incluso cuándo iban a cambiar las cosas. La dictadura era, a la vez, personal e institucionalizada. Carecía de sentido sin Franco, pero este había dejado un entramado de instituciones destinado a perpetuarla. Se dice con frecuencia, se lo escuché hace poco a Xabier Fortes, un periodista aficionado a la historia y bastante buen conocedor de la de España, y parece que también lo afirma el propio rey padre en sus memorias, que aún no he podido leer, que Juan Carlos I heredó los poderes de Franco, algo que no es cierto.
La disposición transitoria primera de la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, establecía que la potestad de legislar sin que las normas pasasen por las Cortes e incluso por el consejo de ministros, que Franco se había concedido a sí mismo en 1938, perdería su vigencia «cuando se cumplan las previsiones de la Ley de Sucesión». Las leyes deberían ser necesariamente aprobadas por las Cortes orgánicas en la monarquía «reinstaurada», como la denominaba la propaganda franquista. No solo eso, el rey no podía nombrar libremente, ni destituir, al presidente del gobierno. Ahí jugaba un papel decisivo una extraña institución, el Consejo del Reino, cuyo presidente lo era también de las Cortes y que estaba integrado por el obispo de más antigüedad de los que eran procuradores, el capitán general o teniente general en activo más antiguo, el jefe del alto estado mayor del ejército, los presidentes del Tribunal Supremo, Consejo de Estado e Instituto de España y diez elegidos por los grupos corporativos que formaban las Cortes. Cualquier cosa menos un órgano democrático, solo dos consejeros, los procuradores del «tercio familiar», habrían sido votados en algo parecido a unas elecciones, eso sí, por los cabezas de familia y mujeres casadas y sin partidos políticos. Cabe recordar que Franco frenó hasta el final incluso que se permitiesen asociaciones políticas dentro del Movimiento, que solo se aprobaron en diciembre de 1974 y con unas condiciones que las hacían inaceptables para cualquier demócrata. No es creíble, por tanto, lo que el senil rey padre afirma en sus memorias sobre la voluntad liberalizadora del caudillo, no tendría sentido todo el tinglado institucional que había establecido solo ocho años antes de morir.
Ese consejo le proponía al jefe del estado una terna, de la que él escogería al presidente del gobierno, que tendría un mandato de cinco años. Solo cesaría anticipadamente si dimitía o por decisión del jefe del estado «de acuerdo con el Consejo del Reino». Esto ató a Juan Carlos a Arias Navarro, aunque se detestaban mutuamente. Franco, desde que decidió nombrar un presidente del gobierno, debía seguir el mismo procedimiento, pero le bastaba insinuar quién deseaba que estuviese en la terna, el nuevo rey no tenía la misma autoridad entre los capitostes del régimen. Juan Carlos tenía más poder que un monarca democrático, pero estaba bien sujeto por el Consejo del Reino y las Cortes. Eso explica la importancia que tuvo que finalizase entonces el mandato del franquista intransigente Alejandro Rodríguez de Valcárcel y el rey lograse que en la terna para sucederlo como presidente del Consejo y de las Cortes figurase Torcuato Fernández Miranda. Sus cargos tenían más peso si se quería reformar el sistema desde dentro que el de presidente del gobierno.
El doble aniversario revive el debate sobre si el fin de la dictadura se debe a la movilización del pueblo o a la decisión del rey. Afirmar solo lo primero choca con la realidad, la oposición al régimen y las movilizaciones populares no pudieron evitar que el general Franco muriese como jefe del estado. Si hubiese vivido cinco años más, otros tantos habría durado la dictadura. Ahora bien, si el cambio condujo a una democracia fue debido a la movilización popular y a la actuación de la oposición democrática.
Ningún sistema político puede sobrevivir indefinidamente contra el deseo de la sociedad y, desde los años sesenta, esta se había ido distanciando mayoritariamente de la dictadura. Cuando comienza la década de los setenta, la mayoría de los profesores y estudiantes no solo de las universidades, incluso de la enseñanza media, estaban completamente distanciados de la dictadura, fuesen o no militantes, fuesen demócratas más o menos moderados o izquierdistas; lo mismo sucedía en los periódicos y otros medios de comunicación; también en las fábricas, CCOO había arrasado en las elecciones del sindicato vertical de 1975; en la iglesia católica el número de sacerdotes críticos con el régimen o que colaboraban directamente con la oposición clandestina era notable, incluso algunos obispos tenían posiciones críticas, aunque otros siguiesen en las instituciones franquistas; los movimientos vecinales crecían en todo el país; incluso en las administraciones públicas cada vez más técnicos no eran franquistas. Los empresarios temían la inestabilidad política, pero necesitaban integrarse en la Comunidad Económica Europea y sabían que España no lo haría con aquel régimen. De lo mismo eran conscientes muchos cuadros y no pocos políticos. La lucha antifranquista no había podido derribar el régimen, pero sí conquistado muchos espacios de libertad. Ni la más rocosa propaganda podía hacer creer que la dictadura era un remanso de paz con mínima disidencia, menos todavía cuando, con la ley antiterrorista de 1975, había establecido un estado de excepción permanente y recrudecido brutalmente la represión.
La dictadura estaba destinada a desaparecer, pero los tiempos de la historia pueden ser largos. Contaba con dos pilares fundamentales, el ejército, la «columna vertebral de la patria», en el que muchos generales y jefes y oficiales eran todavía veteranos de la guerra civil o se habían incorporado a la milicia en la inmediata posguerra, y los cuerpos policiales. Había pocas fisuras en ambos, la UMD fue muy meritoria, pero también minoritaria. En las otras dictaduras europeas que cayeron en 1974, Portugal y Grecia, el ejército se había dividido, en la primera por la larga, cruel e inútil guerra colonial y, en la segunda, por la fracasada aventura de Chipre. El régimen español sorteó el problema del Sahara y evitó una guerra que hubiera tenido consecuencias imprevisibles.
El rey, que había llegado al trono con el estigma de haber sido designado por Franco y contra la voluntad de su padre y de muchos monárquicos, en un país en el que no abundaban, era consciente de que debía impulsar un cambio del sistema político si quería conservarlo y legárselo a sus descendientes. La hábil maniobra política pergeñada por Torcuato Fernández Miranda y llevada a cabo por Adolfo Suárez fue inteligente, pero no hay duda de que al fracaso del intento de prolongar un franquismo edulcorado, que habían protagonizado Arias Navarro y Fraga Iribarne, contribuyeron de forma decisiva las huelgas generalizadas de la primera mitad de 1976, las masivas manifestaciones al grito de «amnistía y libertad», la movilización de las universidades, las de las mujeres contra leyes bárbaras como la del adulterio o por el divorcio y el aborto. También masacres como la del 3 de marzo en Vitoria. En el exterior provocaba muchas dudas sobre la voluntad democratizadora del gobierno que las calles se llenasen de sangre de obreros y estudiantes.
Fraga volvió a encarcelar en marzo de 1976 a Marcelino Camacho y a otros opositores al régimen. El TOP seguía a pleno rendimiento. En cambio, Suárez se estrenó en agosto con una amnistía que solo dejaba fuera a los implicados en acciones violentas; no era la total, pero sí un paso adelante. Es cierto que no pactó con la oposición la ley de reforma, pero sí aceptó que la cámara baja fuese elegida por sistema proporcional. En febrero de 1977, tras el emocionante y masivo entierro de los asesinados en el despacho de abogados de Atocha, se convenció de que era necesario legalizar al PCE y a los sindicatos, lo haría en abril. A lo primero se opusieron Torcuato y el rey, que temían la reacción del «bunker», los ultras del régimen, y lo consideraban peligroso y prematuro, a ambas cosas el ejército, por eso se retrasó tanto la libertad sindical.
Las elecciones de 1977 fueron libres, pudo presentarse hasta la extrema izquierda, aunque fuese como agrupaciones electorales, pero España todavía no era una democracia. La ley de reforma política era una más de las «Leyes fundamentales». UCD consiguió 165 diputados con solo el 34,4% de los votos, favorecida por la división de los socialistas (la suma de PSOE y PSP hubiera quedado a poco más de cien mil votos de los centristas), pero las izquierdas lograron el 46,19% de los sufragios y la oposición al franquismo el 53,14%. La gran derrotada fue la AP de Fraga, con solo el 8% de los votos y 16 diputados, por debajo del 9% y los 20 diputados del PCE. Había sido un voto por la democracia y Suárez supo leerlo. Podría haber tenido mayoría absoluta en las Cortes pactando con AP, pero su autoritarismo y su centralismo lo convertían en un aliado inviable. El objetivo era integrar a los nacionalistas catalanes y vascos y que las izquierdas aceptasen la nueva Constitución. El papel de los partidos de la antigua oposición a la dictadura fue decisivo en la labor constituyente.
De todas formas, en diciembre de 1978, con la aprobación de la Constitución en referéndum, tampoco se había establecido la democracia. La derogación de las leyes de la dictadura llevó tiempo, incluso demasiado. Los ayuntamientos y las diputaciones siguieron unos meses en manos de franquistas, más tiempo lo harían la administración del Estado y, sobre todo, la judicatura, el ejército y la policía. Los estatutos de autonomía tardarían años.
La transición costó sangre, pero evitó una guerra civil o un golpe de estado de militares ultras, que hubiera sido más sanguinario y retrasado la conquista de la democracia. A cambio, supuso la amnistía para los crímenes de la dictadura y la continuidad de represores y de antidemócratas, ahora más o menos disfrazados, en puestos claves del Estado. Es cierto que el terrorismo de ETA y del GRAPO, al que el Estado tenía que hacer frente, influyó en que ni UCD ni el PSOE se atrevieran más que a cambiar de nombre a la policía franquista, incluida la infame Brigada Político Social, pero es algo que tuvo graves consecuencias. El ejército fue renovado por el gobierno del PSOE y todos, incluida la judicatura, por la biología y la llegada de nuevos profesionales, algo lento y no del todo eficaz en cuerpos con tendencia a la endogamia. Los atentados fascistas, las complicidades con que contaron, los excesos y crímenes policiales, las conspiraciones y el fallido golpe de febrero de 1981, incluso los posteriores villarejos y la excesiva politización conservadora de la justicia, que llega hasta la actualidad, hubiesen sido más fácilmente evitables si se hubieran podido exigir responsabilidades o, al menos, hubiese habido una mínima depuración.
No hay una fecha clara para el inicio de la transición, tampoco lo es la del final del proceso. Resulta muy simbólico 1982, con la rotunda victoria electoral del PSOE y la formación de un gobierno sin ministros procedentes de la dictadura. También 1986, con la entrada en la UE. En cualquier caso, se consolidó una democracia bastante avanzada y garantista con los derechos de las personas, que nos permite ser libres. Algo que no debe ponerse en juego con estúpidas veleidades políticas. No se entiende, medio siglo después, la tibieza ante el franquismo, que algunos se empeñan en mezclar con la guerra civil o incluso con la Segunda República. No se percibe por qué una placa que recuerde que en la Puerta del Sol fueron humilladas, maltratadas y torturadas millares de personas, solo por disentir de una dictadura arbitraria y criminal, sea rechazada por sedicentes demócratas con argumentos tan estúpidos como que es un monumento de la Ilustración. Sí, lo es, y testigo de la historia, que ya le ha dejado alguna placa conmemorativa y puede incorporarle más sin que eso cambie lo que fue en otras épocas o su interés arquitectónico. Parece que hay quien todavía no ha culminado su transición o, lo que es peor, pretende realizarla a la inversa.