Ayer quedó visto para sentencia el juicio contra Álvaro García Ortiz, que terminó su comparecencia con que «la verdad no se filtra, la verdad se defiende». Muchos analistas se aventuran a pronosticar que no habrá unanimidad entre los siete magistrados del Tribunal Supremo que dictarán la sentencia, pero más allá de la decisión que tomen, lo que hemos presenciado estos días ha sido todo un batiburrillo de situaciones y sensaciones dispares.
Para empezar, ha sido la primera vez en nuestra vigente democracia que un Fiscal General del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados (en su caso, por un presunto delito de revelación de secretos, concretamente por la filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador [novio de Isabel Díaz Ayuso] en el que su cliente admitía la comisión de dos delitos fiscales). Hay una difícil disyuntiva ante esa imagen porque, en los tiempos que corren, se ha venido exigiendo frecuentemente la dimisión de un cargo público ante la apertura de un juicio oral (con el fin de salvaguardar la imagen de la institución que representa sin que por ello se menoscabe la presunción de inocencia). Álvaro García Ortiz no ha dado ese paso porque considera para no dar el gusto a sus detractores (y no han sido pocas las personalidades políticas que le han animado a no renunciar a su puesto, entre ellas la de Pedro Sánchez).
Otra paradoja de este caso judicial es que nadie ha podido probar fehacientemente que haya sido el autor de la filtración (de hecho todos los periodistas que comparecieron como testigos negaron que fuera él, aunque tampoco desvelaron quién fue [acogiéndose al secreto profesional que recoge la Constitución], si bien uno de ellos apuntó al entorno de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid), pero sin embargo en algunas de las valoraciones que se han escuchado han intentado situarle como el señor X del delito, sobre todo usando el borrado de información de su móvil como sospecha principal.
Entre las y los testigos que desfilaron por la sala estuvieron los señores Miguel Ángel Rodríguez y Alberto González Amador. El modus operandi que emplearon puede que les sirva de cara a sus intereses particulares, pero creo sinceramente que sus intervenciones no han podido ser más patéticas y mezquinas porque para decir la verdad y no difundir bulos no es necesario ser notario ni sirve de consuelo victimizarse con que la difusión pública de este caso ha conllevado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso a desaparecer del mapa, sea mediante un suicidio o una salida de España (la solución es tan fácil como cumplir con las obligaciones ante Hacienda).
En definitiva, estamos ante la posibilidad de que quien difundió falsedades se pueda ir de rositas mientras que quien se preocupó por defender el buen hacer de la Fiscalía acabe condenado. A esto se suma que ha tenido preferencia este tema por encima del que lo ha originado todo (la Audiencia Provincial de Madrid ha procesado a Alberto González Amador por presuntos delitos de falsificación documental y de fraude fiscal [de más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 a través de facturas falsas]).
El próximo jueves, 20 de noviembre, se cumplirá cincuenta años del fallecimiento del dictador Francisco Franco. Ya he escrito en anteriores ocasiones que considero que tanto la memoria democrática como la laicidad son dos asignaturas pendientes que se eternizan innecesariamente en el tiempo (considero que la sociedad española es lo suficientemente madura como para que no tenga que demorarse más). Lo mismo digo con la elección del modelo en la Jefatura del Estado. Me gustaría que se plantease más pronto que tarde un referéndum en la que el pueblo español decida libremente si prefiere continuar con la monarquía o cambiar a una república. Cabe recordar que el caudillo designó a Juan Carlos I como su sucesor y que, hasta su abdicación el 18 de junio de 2014, una especie de pacto tácito con los medios de comunicación hizo imposible ver noticias en España que pudieran perjudicar la imagen de la Familia Real. No tengo ningún interés en leer las memorias del rey emérito, pero está claro que el modus operandi que quiere llevar a cabo pasa por fastidiar a su hijo.
Otra fecha que se acerca es la del 6 de diciembre (que debería ser realmente el día nacional y no el 12 de octubre) y pienso que no debería haber miedo a que se abriera el melón a una actualización de la Constitución, porque personas como yo hemos nacido en este maravilloso país queremos seguir fortaleciéndolo democráticamente, sobre todo para incluir nuevos derechos que deben estar garantizados, como puedan ser una jubilación digna (esta semana participé en una concentración en Oviedo/Uviéu para pedir que se blinden las pensiones en la Carta Magna, porque el futuro es incierto y tanto pueden desaparecer próximamente como convertirse exclusivamente en un negocio privado) y, tal y como ya lo han hecho de manera pionera en Francia, la interrupción voluntaria del embarazo.