Leo con cierta inquietud que muchos de vosotros y vosotras tenéis interiorizada la idea de que «con Franco se vivía mejor». No puedo dejar pasar estas fechas, en torno al 25N y al 50 aniversario de la muerte del dictador, sin traer aquí algunos hechos históricos que pueden comprobarse fácilmente con una simple búsqueda en la web o con una visita a cualquier biblioteca pública. Aunque, si os soy sincera, lo ideal sería que se lo preguntaseis a vuestras abuelas.
Durante la dictadura franquista, las mujeres estaban sometidas a un régimen patriarcal, doméstico y sumiso, dedicadas al hogar y a la maternidad, todo ello amparado por la ley y promovido, entre otros, por la Sección Femenina, rama del partido Falange Española y herramienta clave del franquismo para adoctrinar a las mujeres en los roles impuestos por la dictadura.
Las niñas y jóvenes formaban parte de una suerte de pater familias y solo adquirían posición social mediante el matrimonio. Lejos de alcanzar autonomía, esta situación las mantenía completamente subyugadas al cabeza de familia, sometidas a su voluntad para cuestiones que hoy consideramos normales: trabajar fuera de casa, disponer de su propio dinero, comprar bienes o firmar contratos, someterse a una intervención quirúrgica o solicitar un pasaporte.
La represión era tal que el adulterio femenino se castigaba con hasta seis años de cárcel, mientras que el masculino apenas se perseguía. La obediencia al marido estaba fijada por ley, la ley del divorcio de 1932 había sido abolida y la patria potestad sobre los hijos recaía exclusivamente en el padre. Así las cosas, la libertad sexual era inexistente: el aborto y los anticonceptivos estaban prohibidos, y los hijos llegaban «según mandase Dios».
No había espacio para otros modelos de familia ni para otras formas de vida para las mujeres, salvo la clandestinidad.
El Código Penal y el Código Civil favorecían sistemáticamente al hombre en todos los ámbitos de la vida familiar y conyugal. Así, muchas mujeres soportaban palizas y violaciones sin recibir ayuda de nadie, porque «las cosas se arreglaban en casa», dentro de la familia tradicional promovida por el Movimiento Nacional.
La violencia, por tanto, era institucional, estructural y política. Las agresiones sexuales no se consideraban delitos contra la libertad de las mujeres, sino contra la «honestidad» de la familia, que era jurídicamente la propietaria de la mujer.
El permiso marital estuvo vigente hasta 1975 y hacía prácticamente imposible la independencia económica de las mujeres, impidiéndoles así abandonar una relación violenta. Una mujer considerada desobediente podía ser denunciada, castigada y recluida en un correccional. Para otra carta quedará la cuestión del Patronato de Protección a la Mujer, fundado en 1941, cuyo objetivo era controlar la sexualidad y la conducta de las mujeres, perpetuando y consolidando un único modelo de familia sometido al marido, al padre o al Estado.
Por eso también duele ese otro discurso que algunos y algunas mantenéis al afirmar que «nada ha cambiado». Para empezar, ha cambiado lo esencial: millones de españolas y españoles ganaron la democracia. No nos la regalaron ni nos la concedieron: la luchamos. Y con ella hemos construido un país libre, con leyes, conciencia y memoria.