El pasado miércoles le contestó Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo (que tuvo un traspiés verbal al intentar decir «anatomía de un farsante») que «el tiempo pondrá las cosas en su sitio» en relación al fallo (porque todavía no se conoce la sentencia) que ha condenado e inhabilitado a Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado (le sustituirá Teresa Peramato, fiscal con una trayectoria de más de treinta años dedicadas a la defensa de mujeres, menores y colectivos vulnerables).
Sí que llama la atención la velocidad con las que se resuelven unas cosas, en algunas ocasiones de manera fugaz y en otras al ritmo de un caracol, como el que se ha iniciado esta semana en la Audiencia Nacional contra la familia de Jordi Pujol (por una posible organización criminal de enriquecimiento ilícito, ocultamiento y blanqueo de capitales).
No son pocas las veces en las que la justicia nos cabrea y nos falla, pero también es importante resaltar a quien se enfrenta con valor, dignidad y profesionalidad a su trabajo. Ante un caso tan triste como fue el del 29 de octubre del año pasado en una parte de la provincia de Valencia/València, merece toda mi admiración y reconocimiento la jueza instructora que está consiguiendo, con el máximo rigor y prudencia con el que se debe hacer, destapar a Carlos Mazón (a él no lo puede interrogar al estar aforado).
Siempre es importante remarcar que lo grave de su actuación aquel día fue que no estaba donde tenía que estar, pero ante la sarta de mentiras y de cambios de versión que ha dado para justificar tanto su ausencia física como que no cogiera las llamadas, solamente se puede acabar con sus falsedades si se conoce toda la verdad.
Personalmente me importa muy poco el salseo, y seguramente haya tanto responsables políticos como periodistas que desde hace tiempo conocen todo al detalle, pero por ausencia de pruebas o por no entrometerse en asuntos íntimos (especialmente por lo que afecta a Maribel Vilaplana) eso aún no ha trascendido.
Toda persona que se ha enfrentado a un juicio, sea porque está acusado de algo (tiene garantizada la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario) o porque tiene que declarar como testigo (tiene la obligación de decir la verdad), normalmente sigue los asesoramientos de sus abogados.
Se recuerda con frecuencia aquellas 550 veces en la que la infanta Cristina respondió «no sé», «no lo recuerdo», o «lo desconozco» ante el juez José Castro en su declaración como investigada en el caso Nóos (cuando fue interrogada sobre su papel al frente de la sociedad Aizoon, de la que era copropietaria junto al por entonces su marido, Iñaki Urdangarin) como ejemplo paradigmático de echar balones fuera. Esas evasivas la marcaron socialmente de manera negativa, pero jurídicamente tuvo sus frutos porque ella quedó absuelta.
Desconozco qué estrategia le recomendaron los letrados que asisten a Maribel Vilaplana para hacer su declaración en el juzgado de Catarroja, pero estando ella sin el peligro de tener que asumir alguna responsabilidad penal sobre las consecuencias de la dana (no fue su culpa el retraso en enviar a tiempo las alertas necesarias a los móviles, que hubieran podido salvar a muchas de las 229 personas que murieron arrasadas por el agua), lo más sensato hubiera sido poner fin, definitivamente, a la sucesión de versiones (contradictorias y absurdas entre ellas) que propagó el PP valenciano desde hace un año (cabe la duda de si, intencionadamente, ha obviado detalles importantes, sea por arrepentirse o sentir vergüenza de haber estado allí, sea por posibles problemas para su imagen y para futuro laboral).
Lamentablemente, el martes se conoció una nueva información que vuelve a cambiar el relato de lo que pasó aquella tarde (concretamente se reabren las dudas de lo que sucedió entre el tiempo que salieron del restaurante El Ventorro hasta que la periodista pagó el ticket del parking donde tenía estacionado su vehículo).
Por mucho que haya salido ayer adelante la investidura de Juan Francisco Pérez Llorca (lamentablemente arrodillado a las exigencias de Vox en sus discursos sobre la política migratoria y contra el cambio climático), que se mantenga Carlos Mazón como diputado es inaceptable, vergonzoso e inasumible (ni tuvo tan siquiera de estar presente en el hemiciclo, aunque tampoco lo hicieron dirigentes nacionales del PP).
Aunque llegó muy tarde la renuncia de este personaje a continuar al frente del gobierno valenciano, considero que es imprescindible que la presión social continúe para que se vea obligado a dejar también su escaño en Les Corts.