Mercosur, PAC y campo asturiano: cuando el comercio choca con la soberanía alimentaria
OPINIÓN
En los próximos días, la Unión Europea prevé culminar en Brasil la firma del acuerdo comercial con los países del Mercosur. Una decisión largamente anunciada que llega, sin embargo, en uno de los momentos más delicados para el sector agrario europeo y, en particular, para territorios como Asturias.
El contexto no es menor. A las dificultades estructurales que arrastra el campo —costes de producción al alza, falta de relevo generacional y márgenes cada vez más estrechos— se suman ahora dos factores que tensionan aún más la ecuación: la propuesta de recorte de la Política Agraria Común (PAC) en el próximo marco financiero plurianual y la apertura de un acuerdo comercial que afecta directamente a sectores especialmente sensibles, como la ganadería de carne.
No es casualidad que esta misma semana el Parlamento Europeo haya votado el reglamento de aplicación de la cláusula bilateral de salvaguarda asociada al acuerdo UE-Mercosur, ni que se hayan convocado movilizaciones agrarias en Bruselas y en Madrid. El calendario político refleja con claridad que el malestar del sector no es coyuntural, sino estructural.
Asturias ante Mercosur: la ganadería de carne en el centro del impacto
La ganadería vacuna es uno de los pilares del medio rural asturiano. No solo en términos económicos, sino también sociales y territoriales. La IGP Ternera Asturiana representa un modelo productivo basado en explotaciones familiares, arraigo territorial, bienestar animal y calidad diferenciada. Un modelo que difícilmente puede competir en igualdad de condiciones con producciones procedentes de países donde los estándares sociales, sanitarios y ambientales son sensiblemente inferiores y donde los costes de producción responden a lógicas muy distintas.
Los propios estudios de impacto de la Comisión Europea reconocen que el sector de la carne de vacuno figura entre los más expuestos a los efectos del acuerdo. Las concesiones arancelarias previstas ejercerán una presión directa sobre los precios en origen, precisamente en un momento en el que muchas explotaciones apenas logran cubrir costes. En lugares como Asturias, donde la ganadería extensiva cumple además una función clave en la ordenación del territorio y en la prevención del abandono rural, este impacto trasciende lo puramente económico.
Plantear el debate sobre Mercosur desde Asturias no es una abstracción ideológica. Es hablar del futuro de miles de ganaderos y ganaderas que sostienen el territorio, fijan población y garantizan una producción alimentaria de calidad.
La cláusula de salvaguarda: avances técnicos, límites políticos
El Parlamento Europeo ha aprobado el reglamento de aplicación de la cláusula bilateral de salvaguarda vinculada al acuerdo UE-Mercosur y ha decidido devolver el expediente a la Comisión de Comercio Internacional (INTA) para iniciar las negociaciones en trílogo. El resultado confirma que el trabajo parlamentario ha introducido mejoras técnicas respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea.
Entre los cambios aprobados destaca que, cuando se constate un daño real al sector, la Comisión Europea ya no podrá mirar hacia otro lado y deberá intervenir. También se amplían los supuestos en los que puede activarse la salvaguardia, permitiendo actuar ante riesgos claros para la sanidad, el medio ambiente o el bienestar animal, incluso con la suspensión de importaciones si fuera necesario. Son mejoras técnicas que refuerzan el instrumento, aunque solo de manera parcial.
La cláusula sigue siendo, no obstante, un mecanismo corrector y reactivo, que actúa cuando el daño ya se ha producido y que no altera el núcleo del acuerdo comercial ni introduce una reciprocidad estructural en los estándares de producción. Además, el sector agrario lleva años denunciando que las cláusulas de salvaguarda, sobre el papel, rara vez funcionan en la práctica.
Por ello, mejorar la cláusula no equivale a legitimar el acuerdo. Una salvaguarda más eficaz puede mitigar impactos, pero no convierte en equilibrado un tratado que sigue trasladando los costes de la liberalización al eslabón más vulnerable de la cadena agraria.
Un proceso de aprobación que plantea interrogantes democráticos
A este debate de fondo se suma una cuestión menos visible, pero igualmente relevante: el modo en que se está tramitando el acuerdo UE-Mercosur. En las últimas semanas se han producido tensiones institucionales en torno al papel del Parlamento Europeo, después de que una iniciativa respaldada por un número significativo de eurodiputados para solicitar una opinión jurídica al Tribunal de Justicia de la UE no llegara a debatirse en Pleno.
Más allá de la evolución futura de esta iniciativa, el episodio pone de relieve una tendencia preocupante: la utilización de procedimientos acelerados y bases jurídicas discutidas que reducen el margen de control democrático sobre acuerdos comerciales de enorme alcance. Tras décadas prácticamente excluido de las negociaciones, el Parlamento corre el riesgo de ver limitado incluso su papel de supervisión jurídica previa.
No se trata de una cuestión ideológica, sino institucional. El control democrático y la seguridad jurídica no son obstáculos al comercio, sino garantías básicas de su legitimidad.
PAC, exigencias ambientales y un sector bajo presión múltiple
La incoherencia se vuelve aún más evidente si se observa el conjunto de políticas europeas. Mientras se refuerzan las exigencias a los productores comunitarios en materia medioambiental, climática, sanitaria y de bienestar animal —con el consiguiente aumento de los costes de producción—, se facilita la entrada de productos importados que no están sujetos a esas mismas condiciones.
A este escenario se suman crisis sanitarias que agravan todavía más la presión sobre el sector. La reciente irrupción de la dermatosis nodular contagiosa en el bovino, debatida también esta semana en el Parlamento Europeo y que está obligando a aplicar restricciones severas en territorios como Asturias, evidencia las dificultades de gestionar nuevas realidades epidemiológicas con protocolos pensados para otro contexto productivo. Las organizaciones agrarias reclaman adaptar las normas de sanidad y bienestar animal a estas situaciones sin convertir cada crisis en un castigo añadido para quienes ya sostienen el sistema.
Esta asimetría de exigencias no solo genera competencia desleal, sino que pone en cuestión objetivos estratégicos de la propia Unión, como la soberanía alimentaria, la autonomía estratégica o la reducción real de emisiones. La conocida« fuga de carbono», es decir, el desplazamiento de impactos ambientales hacia terceros países, es una consecuencia reconocida, pero todavía insuficientemente abordada.
Reducir la PAC mientras se profundiza en acuerdos de liberalización sin mecanismos sólidos de reciprocidad es una combinación difícilmente sostenible para el modelo agrario europeo.
Lo que está en juego
Las movilizaciones agrarias previstas estos días en Bruselas y en Madrid no responden a un rechazo genérico al comercio internacional, sino a una demanda de coherencia política. Asturias, con su red de DOP e IGP, su ganadería extensiva y su tejido rural, ejemplifica con claridad lo que está en juego.
Mercosur no es solo un debate comercial. Es una decisión sobre qué modelo agrario quiere proteger Europa, qué papel concede a sus territorios rurales y hasta qué punto está dispuesta a subordinar la política agraria, ambiental y sanitaria a una lógica de mercado que no internaliza sus costes. La votación de esta semana demuestra que incluso las mejoras técnicas más necesarias no sustituyen ese debate de fondo, que el campo vuelve a poner sobre la mesa.