Catarsis democrática y regeneración política: elecciones sí, pero no para que todo siga igual
OPINIÓN
Una crisis política estructural, no coyuntural
España no atraviesa una simple etapa de desgaste gubernamental ni una crisis política ordinaria asociada al ciclo electoral. Nos encontramos ante un problema de carácter estructural que afecta a la calidad democrática, a la ética pública y a la credibilidad de los partidos políticos como instrumentos al servicio del interés general. La reiteración de escándalos, la banalización de la responsabilidad política y la sustitución del debate de ideas por la confrontación permanente han generado una profunda desafección ciudadana.
En este contexto, el debate sobre un eventual adelanto electoral resulta legítimo desde el punto de vista constitucional, pero insuficiente desde una perspectiva democrática. Convocar elecciones sin una regeneración previa de los partidos equivale a ofrecer a la ciudadanía una falsa salida: cambiar las caras para que el sistema siga funcionando con los mismos vicios. O peor aún, profundizarlos. Una democracia no se debilita solo cuando se vulnera la ley, sino cuando se normaliza la mediocridad moral en quienes deben servirla.
La coalición progresista: avances objetivos y fallos graves
Sería intelectualmente deshonesto negar que, bajo el actual Gobierno de coalición progresista, se han producido avances relevantes en el ámbito social y económico. Los datos macroeconómicos avalan un crecimiento sostenido, una reducción del desempleo, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, la revalorización automática de las pensiones conforme al IPC —incluida la ya aprobada para 2026—, el incremento de las pensiones mínimas y no contributivas, la mejora de las condiciones laborales tras la reforma laboral, la subida salarial de los empleados públicos y el fortalecimiento del sistema de becas.
Estos logros no son menores, especialmente si se comparan con etapas anteriores de recortes, austeridad regresiva y devaluación del trabajo. Desde una perspectiva de justicia social, constituyen un avance real para amplias capas de la población trabajadora y pensionista.
Sin embargo, la dimensión microeconómica sigue evidenciando déficits preocupantes: acceso a la vivienda prácticamente imposible para jóvenes y familias, encarecimiento persistente de los alimentos básicos, precariedad residual y desigualdades territoriales. A ello se suma un problema aún más profundo: la deficiente selección de cargos públicos, la falta de controles internos eficaces y una cultura organizativa excesivamente tolerante con comportamientos impropios.
Los casos de corrupción que han salpicado a figuras próximas al núcleo del poder, así como episodios de acoso o conductas incompatibles con la ética pública, no son simples «manzanas podridas». Revelan fallos sistémicos en los mecanismos de prevención, transparencia y rendición de cuentas.
El déficit de responsabilidad política y la ausencia de ejemplaridad
Uno de los grandes males de la política española contemporánea es la práctica desaparición de la responsabilidad política como concepto operativo. Dimisiones, ceses inmediatos o asunción pública de errores se han convertido en excepciones. La respuesta habitual es el atrincheramiento, la minimización de los hechos o la comparación con escándalos ajenos (el y tú más…).
La ejemplaridad no es un adorno moral: es un requisito funcional de la democracia. Cuando quienes gobiernan no dan ejemplo, el mensaje implícito es devastador para la ciudadanía y corrosivo para las instituciones. La corrupción empieza cuando alguien mete la mano en la caja, pero se sistematiza cuando el partido decide mirar hacia otro lado y nadie asume las responsabilidades «in vigilando e in eligendo».
La alternativa conservadora: un proyecto ausente y un pasado presente
El principal problema democrático no es solo el desgaste del Gobierno, sino la fragilidad —cuando no inexistencia— de la alternativa. El PP no ha presentado un proyecto de país coherente ni un programa claro en materias esenciales como pensiones, salario mínimo, modelo laboral, fiscalidad o servicios públicos. Su estrategia se ha basado casi exclusivamente en la deslegitimación personal del presidente del Gobierno, sin explicar qué políticas concretas propone.
Su historial de corrupción sistémica, acreditado judicialmente, su orientación económica marcadamente neoliberal y su resistencia histórica a medidas de protección social generan una desconfianza razonable. La experiencia demuestra que sus gobiernos han priorizado los intereses de las élites económicas, han recortado derechos laborales y sociales y han cuestionado la sostenibilidad del sistema público de pensiones. A ello se suma la deriva preocupante de alianzas con fuerzas de extrema derecha.
El PP en el poder territorial y la extrema derecha como socio necesario
En Madrid y Andalucía, los ejecutivos autonómicos populares han desarrollado su acción de gobierno sin participación formal de Vox, aunque asumiendo buena parte de su marco discursivo y normalizando postulados reaccionarios en materias sensibles como igualdad, memoria democrática, fiscalidad o servicios públicos. El deterioro de determinados ámbitos esenciales —sanidad, atención primaria, políticas de prevención, cribados sanitarios o protocolos de emergencia— no puede atribuirse a terceros, sino a decisiones políticas concretas adoptadas por gobiernos del PP.
La Comunidad Valenciana constituye un ejemplo especialmente grave de esta dinámica. El Gobierno autonómico, presidido por el PP, gestionó de forma negligente e irresponsable la crisis derivada de la DANA, con un balance de 229 personas fallecidas, retrasos injustificables en la activación de protocolos de emergencia, falta de coordinación institucional y una posterior estrategia de ocultación, minimización de responsabilidades y manipulación del relato público.
El entonces presidente autonómico, Carlos Mazón, lejos de asumir responsabilidades políticas, ha continuado vinculado a la vida pública con el respaldo explícito del PP y el apoyo interesado de Vox, lo que constituye una grave anomalía democrática. Este apoyo no es neutro: evidencia una relación de dependencia política que condiciona la acción de gobierno y rebaja los estándares de responsabilidad institucional.
Vox, aunque no ostente formalmente la presidencia autonómica en estos territorios, actúa como socio necesario, aliado parlamentario o garante de estabilidad, influyendo en la agenda política, endureciendo discursos y legitimando recortes y retrocesos en derechos. Esta alianza estratégica normaliza lo que debería ser inaceptable en una democracia constitucional avanzada.
Vox representa una regresión democrática de primer orden. Su negación de la violencia de género, del cambio climático y de consensos científicos básicos; su discurso xenófobo, racista y homófobo; su nostalgia autoritaria y su desprecio por los derechos humanos lo sitúan fuera del marco de valores constitucionales; deterioro de servicios públicos, protocolos indignos, instrumentalización de las instituciones y un discurso permanente de confrontación que sustituye la gestión por la propaganda.
¿Elecciones? Sí. ¿Así? No
La cuestión central no es si debe haber elecciones anticipadas, sino para qué. Sin una catarsis democrática real, que implique la renovación de liderazgos, la democratización interna de los partidos, la transparencia efectiva, la meritocracia en el acceso a cargos públicos y una ética de la responsabilidad exigente, cualquier convocatoria electoral corre el riesgo de perpetuar el mismo modelo agotado.
Ese es el auténtico drama democrático: la ausencia de una alternativa regeneradora creíble. Mientras no se afronte con valentía, honestidad y sentido de Estado, la política seguirá alejándose de la ciudadanía y debilitando los pilares de la democracia y la justicia social. «La política es demasiado importante para dejarla solo en manos de los políticos». — Charles de Gaulle