Una de las pintadas que se pudieron leer en las paredes tras la crisis de 2008 decía «No sabemos si salvar el mundo o salvarnos de él». Desde entonces hemos enlazado aquella crisis financiera con la sanitaria de 2020 y con otras que han arraigado entre sus pliegues: negacionismo, cambio climático, auge de la extrema derecha o violencia contra las mujeres. El resultado es un panorama que ha agitado la imaginación atormentada de miles de jóvenes que ahora ven el futuro como apocalipsis y no como oportunidad, como amenaza y no como esperanza. Esas certezas que demandan, esas soluciones, pasan cada año y en primer lugar por el proyecto de presupuestos. La ley -dicen- más importante del curso. Nuestra hoja de ruta.
La que el Gobierno asturiano ha presentado para este 2026 supone cerca del 21.5% del PIB regional. Eso significa que hay margen, y si me apuran, obligación, para que tengan un importante papel dinamizador durante los próximos doce meses. Son unas cuentas al servicio de la economía, pero también de las personas; porque movilizan recursos en sanidad, en educación o en dependencia. Cuestiones todas ellas que nos permitirán avanzar en igualdad, en equidad y en talento.
Asturias necesita recursos para dar respuesta a los retos de una sociedad envejecida y dispersa, que sus jóvenes puedan tener ya no un futuro sino un presente si queremos hacer frente, entre otras cosas, al reto demográfico. Un ejemplo concreto: se va a cerrar 2025 sin resolver la convocatoria de ayudas predoctorales Severo Ochoa. Una vez más, se retrasan convocatorias de apoyo a la investigación.
Proyectos que pretenden abrir la puerta a un nuevo modelo de educación superior en Asturias no son la solución. Se incrementa la partida destinada a la Universidad, pero apenas representa un 0,6% del PIB, muy lejos del 1% que contempla la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) para 2030. La mejora de la financiación y la gratuidad de tasas es un paso importante, pero se necesitan medidas adicionales para que la universidad pública pueda desempeñar su papel de ascensor social.
Ha mejorado la calidad del empleo gracias a la reforma laboral, sí, pero las sombras siguen siendo más espesas que las luces: apenas se incrementan los fondos para formación y promoción de empleo (+1,4%), en un mercado laboral que sigue presentando desequilibrios. Hay demasiadas personas sin empleo (el paro de larga duración se mantiene en niveles inaceptables), muchos trabajos precarios, salarios bajos y escasa protección social. En este contexto, son necesarias políticas de empleo ambiciosas para reducir la temporalidad, aumentar salarios y dignificar las condiciones laborales. La mejora en cantidad no debe ir acompañada de un deterioro en la calidad.
Tampoco podemos aliviar la ansiedad apocalíptica de nuestros jóvenes sin darles la posibilidad de independizarse a una edad razonable. El impulso que se da en estos presupuestos a las políticas de vivienda es especialmente trascendental, con medidas orientadas a ampliar el parque de vivienda pública de alquiler y el objetivo de asegurar el derecho a una vivienda digna, asequible y adecuada, pero el carácter subjetivo de la misma debe garantizarse en la futura Ley de vivienda.
Necesitamos inversión, redistribución, corresponsabilidad, políticas eficaces de cuidados sostenidas desde el empleo digno por lo que solicitamos la elaboración de un Pacto Social de Cuidados. También hay que reivindicar a todas las personas que trabajan en los servicios públicos, a las que algunos menosprecian hasta considerarlas un gasto corriente sin mayor relevancia cuando son decisivas para que Asturias ofrezca calidad de vida y bienestar.
Pero de nada servirá todo esto si no se consigue la máxima ejecución de las actuaciones contempladas. No puede ser que el Principado dé por descontada la inejecución de una parte importante del gasto previsto. Debemos conseguir que 2026 sea el año en el que los jóvenes asturianos quieran salvar el mundo. Y puedan hacerlo.