En mi época universitaria era frecuente el llamado «garrafón», una práctica que se utilizaba para sustituir determinadas bebidas alcohólicas por otras de menor calidad. Según datos publicados, en los años ochenta cerca del 40 % de las bebidas analizadas por el laboratorio correspondiente en Madrid estaban alteradas, básicamente sustituciones de whisky de buena calidad por otro a granel. Para resolver esta cuestión, en las mañanas resacosas proponíamos dos soluciones. La primera era incrementar las inspecciones en los locales de copas, lo cual sin duda necesitaría mucho personal. Otra más efectiva, aunque irrealizable, era que existiera una red de bares propiedad del Estado en la que la calidad de las bebidas estuviera controlada; esta nos gustaba mucho porque proponíamos que cerrara muy tarde.
Hoy esta práctica de alterar la calidad de las bebidas está totalmente erradicada, ya que se detecta en menos de un 1 % de las inspecciones. Pero, según hemos ido teniendo noticia, empieza a extenderse en algunas prácticas sanitarias de gestión privada. No se alteren, es que no sé cómo llamarle a reutilizar catéteres de un solo uso.
Desde que Aznar y sus colegas abrieron en los noventa la puerta a la llamada «colaboración público-privada» sabíamos que las cosas no iban bien, pero han sido unos audios del máximo ejecutivo del grupo Ribera lo que nos muestra indubitadamente que hay hospitales de gestión privada —en este caso, el de Torrejón— que hacen selección de riesgos, ya que aceptan a los pacientes sencillos y rechazan a los complejos.
Sabemos que es difícil revertir las concesiones, pero, como le he oído más de una vez a Rafael Bengoa, especialista en gestión y experto en salud pública, la sanidad de gestión privada es mucho más cara que la pública si no hay selección de pacientes, y ya hay casos en que han renunciado a la concesión al ver que no es rentable el servicio con los beneficios esperados.
Las alegadas ventajas del modelo privatizador concesional de una mayor calidad y eficiencia en la atención sanitaria nunca fueron demostradas seriamente, y el ahorro alegado, del 30 %, se debe a unas plantillas reducidas y con peores condiciones laborales del personal, que provocaban alta rotación y fuga de especialistas.
Volviendo a mi juventud, creo que la solución de estas privatizaciones es la misma que proponíamos para el garrafón: o se incremente exponencialmente la inspección o se rescatan las concesiones por incumplimiento de sus obligaciones; pero cuidado, ya hemos visto lo que le costó a Mónica Oltra el rescate del hospital de Alcira. Por lo demás, ¿por qué estos fondos de inversión están siempre a parasitar el dinero público? Eso no son empresas ni emprendedores. Inviertan en botillos, nabos o sachos, fabriquen cuadernos para dibujar o cochecitos de policía con luces y sirena, pero dejen en paz la salud. Basta de garrafón.