«Cuando el derecho internacional calla ante la fuerza, el mundo se convierte en el territorio de los poderosos». «Un Estado soberano no es un trofeo para quien quiera reclamarlo».
La madrugada del sábado 3 de enero de 2026 marcará un antes y un después en las relaciones internacionales modernas. El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció que su país llevó a cabo una operación militar en Venezuela, resultando en el ataque a objetivos en Caracas y otros estados y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa por fuerzas especiales estadounidenses, trasladándolos fuera del país.
El hecho constituye —según numerosas autoridades del derecho internacional y órganos multilaterales— una acción sin precedentes desde la invasión de Panamá en 1989, con implicaciones que van mucho más allá de la región latinoamericana.
Marco legal internacional y presuntas violaciones
El derecho internacional consagra dos pilares fundamentales: no intervención en los asuntos internos de otros Estados y la prohibición del uso de la fuerza salvo autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o ejercicio legítimo de defensa propia. Estos principios están recogidos en el Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas.
En este caso, ni la ONU ni el Consejo de Seguridad autorizaron el ataque militar. Estados Unidos ha intentado justificar la intervención bajo un supuesto derecho de autodefensa, argumentado en delitos de narcotráfico y terrorismo internacional atribuidos a Maduro, así como intereses de seguridad nacional, pero estos argumentos están siendo ampliamente cuestionados por juristas internacionales.
Expertos en derecho han señalado que incluso en caso de alegaciones de criminalidad por parte de un líder extranjero, la detención unilateral por una potencia extranjera sin mandato judicial ni procedimiento internacional legítimo es incompatible con el orden legal internacional.
Organismos de la ONU calificaron el ataque como «un precedente peligroso» que contradice la Carta de la ONU y amenaza la estabilidad regional, mientras que expertos en derechos humanos denunciaron la acción como una agresión ilegal y una violación de la soberanía venezolana.
Causas históricas: imperialismo, geopolítica y recursos estratégicos
La historia de las relaciones entre EEUU y América Latina ha estado marcada por intervenciones directas e indirectas, desde la Doctrina Monroe hasta la Guerra Fría, pasando por golpes de Estado, apoyo a dictaduras y operaciones encubiertas durante décadas del siglo XX. Estas acciones, históricamente, han tenido como trasfondo intereses geopolíticos, económicos y estratégicos, en particular en relación con recursos naturales críticos como el petróleo. Venezuela, con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, siempre ha estado en el punto de mira de potencias externas.
La operación militar actual, de acuerdo con declaraciones del propio Gobierno de Estados Unidos, no solo buscaba justificar la «lucha contra el narcotráfico», sino asegurar una presencia estratégica en el sector petrolero venezolano, afirmando que EEUU estará «muy involucrado» en la industria energética del país.
Este doble objetivo —seguridad y control de recursos— remite a un patrón histórico de intervencionismo con disfraz jurídico, donde argumentos de seguridad nacional se solapan con intereses económicos de largo plazo.
Consecuencias geopolíticas inmediatas
La fuerte condena global ha sido prácticamente unánime: Rusia, China, Cuba, países de América Latina y el Secretario General de la ONU han denunciado lo que consideran una violación del derecho internacional y un atentado contra la soberanía de un Estado independiente.
Europa, incluida España, ha apelado al respeto del derecho internacional y a la búsqueda de soluciones pacíficas, evitando una escalada. Las tensiones han alimentado la polarización entre bloques geopolíticos: Occidente, por un lado, con EEUU al frente; y potencias como Rusia y China, por otro, que ven en la intervención una justificación para consolidar alianzas alternativas fuera del marco liberal occidental.
España, la UE y la respuesta conforme al derecho
La posición de España y de la Unión Europea debe ser firme en la defensa del derecho internacional, la soberanía de los Estados y el principio de no intervención, pilares de la arquitectura jurídica global construida tras la Segunda Guerra Mundial. La UE, junto con sus Estados miembros, tiene la obligación de recordar que ningún país está por encima del orden jurídico internacional, y que la resolución de conflictos entre Estados debe darse por medios pacíficos y conforme a derecho, en Naciones Unidas y no en operaciones militares unilaterales.
Desde una perspectiva estratégica, España debería —conforme al derecho internacional y a sus intereses nacionales europeos—:
-Reafirmar la Carta de la ONU como fundamento del derecho internacional y condenar cualquier uso de la fuerza no autorizado por el Consejo de Seguridad.
-Promover un mecanismo de investigación imparcial sobre los hechos ocurridos en Venezuela, incluyendo posibles violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario.
-Coordinar con la UE una política común de no reconocimiento de cambios de hecho impuestos por la fuerza, y apoyar soluciones que respeten la soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano.
-Evitar alineamientos unilaterales que puedan ser interpretados como legitimadores de intervenciones similares en otros pueblos o regiones.
Un silencio o tibieza europea puede ser interpretado como apropiación tácita de prácticas hegemónicas, lo que debilita la legitimidad del sistema multilateral de protección de derechos. La inacción, ante hechos tan graves, abre la puerta a que otros Estados justifiquen futuros actos de fuerza bajo premisas de seguridad o intereses económicos, socavando normas constitucionales e internacionales.
Líderes imprevisibles y el derecho sacrificado
La figura de Donald Trump —caracterizada por su imprevisibilidad y su tendencia a priorizar decisiones unilaterales sobre consensos jurídicos y diplomáticos— ha exacerbado el riesgo de un nuevo paradigma global donde el derecho internacional cede terreno ante el derecho de los más poderosos. Este enfoque amenaza la estabilidad del orden jurídico global y pone a prueba la capacidad de las instituciones multilaterales para responder y proteger las normas que rigen las relaciones entre Estados.
En España, las reacciones políticas evidencian una preocupante doble vara de medir. Algunos sectores justifican la intervención por afinidad ideológica o intereses estratégicos, mientras condenarían sin matices una actuación similar si el agresor fuera otra potencia. La coherencia democrática exige aplicar los mismos principios con independencia del actor. El Derecho internacional no puede ser selectivo ni instrumental.
Conclusión: un momento decisivo para el orden jurídico mundial
La operación militar contra Venezuela no es solo un hecho militar o político: es un desafío jurídico de proporciones históricas. Si la comunidad internacional no se organiza para defender el derecho internacional como marco innegociable, se corre el riesgo de que el uso de la fuerza se normalice como herramienta de política exterior, con consecuencias impredecibles para la paz y la convivencia global.
«La dignidad de un pueblo reside en su derecho a decidir, no en la espada que otros blandan sobre él» — Inspirada en los principios del derecho internacional.