Hubo un tiempo en que ejercer el poder de manera dictatorial, violentando de manera sistemática los derechos humanos de la población, sin respeto a ninguna regla que no fuesen las modeladas a medida del poder autocrático (y, con frecuencia, ni esas) y sin asumir unos criterios elementales de convivencia en la escena internacional, acarreaba al país así dirigido un espiral de aislamiento y a sus gobernantes el ostracismo. El apoyo internacional a los procesos de transición, los beneficios de la integración en el concierto de las naciones y los deseos de intercambio económico, social y cultural espoleaban la evolución de los países o rupturas con el pasado, que se desarrollaban de manera razonablemente controlada o auspiciada por la comunidad internacional. Así vivimos el colapso del apartheid en Sudáfrica y la independencia de Namibia o la de Timor Oriental; el fin de largas y cruentas guerras civiles en el continente africano larvadas en la traumática colonización y en descolonizaciones tardías y violentas; los procesos de paz entre gobiernos y guerrillas en gran parte de Latinoamérica; la inviabilidad de los golpes de Estado y las dictaduras militares en aquella región; la desintegración de la URSS y la transición de toda Europa del Este a la democracia; y, en general una oleada de pacificación, avance del Estado de Derecho y fortalecimiento del sistema de Derecho Internacional, incluyendo las organizaciones de integración regionales.
Reducir el margen de maniobra de regímenes autoritarios, sin ejercer ninguna clase de tutela neocolonial y sin necesidad del uso de la fuerza, hasta provocar el cambio efectivo o mejoras sustanciales y evolutivas de la situación política de un país, era una posibilidad real. Ese mundo era el que, en buena medida, vivimos en los 90 y hasta principios de este siglo XXI, en el que, aún con tantas causas pendientes y con episodios dramáticos y sangrientos (del conflicto de la antigua Yugoslavia al genocidio en Ruanda, por ejemplo) la sensación de progreso era patente. Hoy todo aquello parece un espejismo; y, echando la vista atrás, aunque causas y antecedentes de su erosión hay muchas, recordamos cómo el ataque de Estados Unidos y Reino Unido sobre Iraq (con el insensato apoyo del Gobierno de España de aquella) marcó un punto de inflexión. Imposible olvidar la flagrante ilegalidad de aquella invasión, el ejercicio de propaganda grosera y falsaria en que se sostuvo, la irresponsable frivolidad de los dirigentes que la patrocinaron (de dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad Naciones Unidas), que no tenían ningún otro plan real que no fuese el control de los recursos petrolíferos del país. Aquel acontecimiento abrió de par en par la puerta a las violaciones generalizadas del Derecho Internacional y al deterioro de los espacios de gobernanza multilateral.
En esa línea se inscribe el socavamiento del orden internacional que hemos visto en los años siguiente. Hasta llegar el momento actual donde se preconiza abiertamente la desaparición del sistema de Naciones Unidas y se actúa en consecuencia; se vuelven a instigar golpes militares para ganar esferas de influencia (por ejemplo los promovidos por Rusia en los países del Sahel); se admite la limpieza étnica y el genocidio para resolver cuestiones históricas, en una lógica análoga a la de la «solución final»; y se pretende consagrar el cambio de fronteras territoriales por la fuerza bruta, con el aval de las superpotencias, como se plantea para el caso de Ucrania. Y, en un ejercicio del descaro más tosco y la brutalidad más primitiva, con el objetivo declarado de convertir a Venezuela en un país satélite y explotar sus recursos petrolíferos, se practica primero la ejecución extrajudicial (los ataques a embarcaciones), luego la agresión militar y, finalmente, el secuestro, en este caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Nada tiene que ver, dicho sea de paso, el repudio a la acción ilegal y profundamente irresponsable de Estados Unidos con el aval a la actuación de los dirigentes venezolanos. Parece mentira que haya que repetirlo, después de la experiencia de Iraq, donde la coartada de derrocar a Saddam Hussein a lo que dio paso fue a un desastre que llevó a la destrucción del país, las violaciones masivas de derechos humanos (también por las potencias ocupantes) y la desestabilización de la región, con consecuencias que todavía pagamos. La posibilidad del conflicto en Venezuela, por otra parte, no está disipada en absoluto, y no hay garantía alguna de reconciliación y evolución democrática, pues el interés de Trump no reside en un país fortalecido y que encuentre forma de superar sus divisiones, sino en convertirlo en presa fácil de su depredación.
La impiedad y el desprecio a las normas ya no tiene ningún coste, y salen reforzados, tanto en la escena internacional como en la interna; incluso con el aval del electorado, dispuesto a respaldar el despotismo antiilustrado y la crueldad como estilo de gobierno. Pero convertir el uso de la fuerza, la amenaza y la intimidación en la pauta de conducta nos lleva al caos y a la servidumbre. Un lugar desconocido en el que todo puede caber, en la ecuación de un poder desmedido y que no se sujeta a regla alguna. Para Estados Unidos es posible ocupar Groenlandia por la fuerza y esperar que Dinamarca transija y no se active ningún mecanismo de defensa mutua. Es posible atacar Colombia, a la que ya se ha amenazado sin tapujos, y hacer descarriar sus sufridos avances hacia la paz. Es posible advertir con sanciones a los presidentes o jefes de gobierno de los países (México, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y España) que se han atrevido a cuestionar su proceder. Es posible inmiscuirse en todos los procesos electorales tanto de América Latina (como ya hacen) como de Europa, que es lo que abiertamente se propone en la Estrategia de Seguridad Nacional, para tratar de llevar al colapso a la Unión Europea, a la que se considera rival (y que no sale del shock). Es posible obligar a Ucrania a una rendición indisimulada y convertir el país en un Estado fallido, como sucederá si se le entregan en bandeja a Putin las conquistas territoriales que reclama. Es posible reventar el sistema de comercio internacional (de hecho, ya lo han conseguido) basado en reglas que estaban asumidas internacionalmente a través de la Organización Mundial del Comercio. Es posible convertir a la cooperación internacional al desarrollo en víctima de las guerras culturales del nacional-populismo, donde ninguno de los tres elementos del sintagma («cooperación», «internacional» y «desarrollo») entran en su vocabulario, aunque todo ello cueste perder décadas de avances en apenas unos meses. Es posible perseguir y penalizar a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional por investigar a autores de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; o a comisarios de la Unión Europea por promover regulaciones que traten de limitar tímidamente el poder de sus señores tecnofeudales. Por supuesto, puede entrar dentro de cualquiera de los esquemas del matón utilizar las bases militares repartidas en medio mundo para tales fines, incluida la agresión a los países que las acogen o a los supuestos socios militares. No hay límite ninguno, todo vale y todo lo que imaginemos que pueda hacer lo hará si las condiciones se lo permiten.
Si 2003 fue el punto de inflexión con la invasión de Iraq, 2025-2026 (del genocidio de Gaza alentado por Trump a la agresión sobre Venezuela, y lo demás que venga este año), es el punto de no retorno. La consagración de un mundo gobernado por criminales con ínfulas imperiales, que no se sujetan por ninguna norma, que no tienen reparos en actuar como los peores gánsteres de una película, y a los que seguidores embrutecidos y líderes genuflexos aplauden por ello, entre la adulación, el miedo y la sumisión.