España es un país complicado. Y si hablamos de la gestión de las grandes crisis o tragedias, como es el caso de los trenes de Córdoba, pues mucho más. Las dos Españas que te helarán el corazón no tardan ni un minuto en hacer acto de presencia y asistimos a unos espectáculos deprimentes que difícilmente se dan en otros lugares.
Lo vimos con la dana y lo vemos con los trenes. Enseguida se han activado los dos bandos que dividen este país y que usan a su capricho los hechos probados, los hechos supuestos y los hechos futuribles. La oposición exige dimisiones antes de que se hayan depurado con certeza las responsabilidades, mientras que el Gobierno y sus amigos trabajan con energía en un relato que les exonere, al tiempo que crucifican a sus adversarios cual si fueran ellos los verdaderos autores de la desgracia.
España no se pone de acuerdo nunca, ni en las grandes tragedias. Nos entra una prisa tremenda por tener razón y poner contra las cuerdas al enemigo (esta es la palabra). Queremos que se corten cabezas, cuanto más rápido y cruelmente, mejor. No atendemos a razones que no sean las prefabricadas por cada cual.
Pero, dicho todo esto, la gran certeza de esta catástrofe es que a quien le corresponde su gestión es al Gobierno de España, y no a la oposición. Es cierto que puede que nos encontremos ante un fallo de país, más que de un Gobierno de un determinado color, porque todo apunta a que llevamos ya muchos años con una descendiente financiación del mantenimiento del ferrocarril español. Pero no es menos cierto que quien dirige el Ejecutivo en este momento es el PSOE y que por tanto son los socialistas los que deben asumir responsabilidades, quienes deben dimitir en el caso de que las haya, y quienes deben dar todas las explicaciones necesarias para que los españoles tengan elementos de juicio suficientes como para poner el dedo hacia arriba o hacia abajo.
Es cierto que Óscar Puente ha puesto el pecho a las balas y que ha dado la cara mediáticamente. De hecho, aparentemente le ha dedicado tanto tiempo a atender a los medios como al fondo de la cuestión. Pero a alguien que, como él, ha sido la persona más implacable con el PP cuando a los populares les ha tocado torear con la dana o con los incendios («la cosa está calentita»), no se le va a pasar ni una.
El ministro, ya antes del accidente, ensalzó siempre la calidad del ferrocarril en España a pesar de la cantidad de incidencias que se producían casi a diario, e insistió en que no era un problema de mantenimiento, ni de obsolescencia. Este discurso es el que está en solfa y si se demuestra, como apuntan los indicios, que el mantenimiento de las vías en España es defectuoso o insuficiente, por dignidad debería dimitir.
Debería abandonar el cargo por pura coherencia. Alguien que siempre exige ejemplaridad al adversario, y que es de gatillo fácil en sus declaraciones, no tiene otra salida que la dimisión. Pero mientras llegamos a esa pantalla, las dos España siguen liadas a garrotazos.