Es curioso que quienes para otras cuestiones dicen definirse como «liberales» (en su concepción deformada del término) tienen un afán superlativo por el control estatal de los movimientos de población y por el establecimiento de regímenes de restricción de derechos sobre las personas migrantes. No otra cosa son las nada liberales leyes de extranjería, aunque en este país hayamos dado a la nuestra la benigna denominación de «ley de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social». Pocas normas son más intervencionistas en los derechos de las personas y fuente de segregación. Trazan por arte del legislador una raya entre la situación irregular, sinónimo de clandestinidad, precariedad y explotación; y la regular, que además está sujeta a repetidas renovaciones, limitaciones para el reagrupamiento y vida familiar y el constante examen administrativo hasta la consecución de la residencia permanente (que no es irrevocable), sin derechos de participación política plenos ni sufragio hasta un eventual acceso a la nacionalidad, que requiere por lo general diez años de residencia legal y requisitos adicionales de integración. La condena a la llegada y la estancia irregular, el único camino posible para una parte de los migrantes, guarda además relación con la igualmente nada liberal maquinaria burocrática del Estado, incapaz en muchas ocasiones de dar un trámite ágil, viable y con expectativas reales de éxito para la migración regular, casi quimérica en origen, como conoce cualquier empleador que se haya enfrentado al trámite de un visado de residencia y trabajo. La idea antiliberal y defectuosa por definición (salvo para el trabajo de temporada en tareas concretas, por ejemplo las agrícolas) de que hay un número exacto de puestos de trabajo potenciales a cubrir, perfectamente conocidos, y que hasta ahí pueden llegar los visados que a tal fin se concedan graciosamente a quienes seleccionemos, significa desconocer el funcionamiento del mercado laboral y sus tiempos, y que la vitalidad demográfica y los flujos de población son igualmente generadores de actividad y de empleo.
El funcionamiento intrínsecamente deficiente de las reglas migratorias provoca bolsas de irregularidad que los cauces de arraigo (social, laboral, familiar y formativo, básicamente) ya contemplados en el Reglamento de Extranjería no son capaces de absorber. La alternativa razonable desde el punto de vista social, económico y humano no puede ser otra que las regularizaciones periódicas. En España, vamos seis desde que la primera ley de extranjería se aprobó en 1985, con gobiernos de distinto color, y como ejercicio de pragmatismo en beneficio de todos: aflora trabajo sumergido, permite estabilizar situaciones personales y familiares, impide la competencia desleal que significa incumplir la normativa laboral, aumenta la recaudación en cotizaciones e impuestos y otorga unos derechos elementales (no plenos, como hemos visto) que son imprescindibles para cualquier proceso de integración social. La regularización planteada ahora por el Gobierno va en esa misma dirección, con el añadido, no poco relevante, de que la última ocasión en que se recurrió a este procedimiento fue hace 21 años, un intervalo muy superior al que medió entre las anteriores (1986, 1991, 1996, 2000, 2001 y 2005). Se estima que el número de beneficiarios de esta medida será en torno a 500.000, una mejora sustancial en la solución de una anomalía, la irregularidad, que, no obstante, continuará persistiendo, por muchas políticas de control de fronteras que se establezcan, acuerdos con terceros países para devoluciones y expulsiones que se alcancen, o centros de internamiento de extranjeros que se abran (centros en los que se practica una forma de privación de libertad de la que se abusa en muchos casos).
Una visión realista y no solo sensible a los derechos humanos fue, seguramente, la que llevó a muchas fuerzas políticas (incluido el Partido Popular) a tomar en consideración y permitir la tramitación en el Congreso de los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular, sostenida con 700.000 firmas (entre ellas, la mía). El endiablado clima político de este país ha impedido lo que hubiera sido un gesto de dignificación y sensatez: que la iniciativa hubiera culminado con éxito y que se hubiese sustraído del debate partidista una materia importante como ésta, forjando un consenso básico sobre la necesidad de reducir las bolsas de irregularidad mediante un proceso pactado de estas características. No ha sido posible y acudir al Real Decreto, al igual que en anteriores procesos de regularización, es la opción legítima y elegida. Va a dar lugar a una incómoda litigiosidad (diversos actores han anunciado que recurrirán el Real Decreto) pero veremos qué recorrido tiene esa acción.
Entre medias, hemos escuchado de todo, incluyendo miserias morales lanzadas desde el indigno púlpito arzobispal asturiano. Se han criticado abiertamente las propias vías de regularización ordinarias contempladas mediante los arraigos, alentando no ya la disminución de las bolsas de irregularidad sino su incremento. Se ha reclamado revisar la adquisición de nacionalidad por residencia, que se pone bajo sospecha para denegar derechos políticos y a la que no es en absoluto asequible ni sencillo acceder (tampoco, por el resto de criterios, para los nacionales de Estados de la comunidad iberoamericana, que no tienen la barrera del idioma y en los que el tiempo de residencia exigido se reduce a dos años). Se ha planteado una suerte de permiso de residencia revocable por puntos, que va en la línea de reducir a la población extranjera a una condición subalterna y sometida al miedo y al examen continuo (no sólo social sino estatal), y que introduce un control totalitario por definición como es el social scoring; se propone a la ligera sin decir además quién y cómo estaría facultado para tal ejercicio arbitrario, que acabaría en manos de la inteligencia artificial si las fuerzas involucionistas consiguiesen, como es su objetivo, derogar el Reglamento europeo que impide su utilización para estos fines. Recordemos, por otra parte, que nuestra legislación ya permite la expulsión de personas extranjeras por la comisión de delitos o que se tengan en consideración razones ampliamente interpretables de orden público en la renovación de permisos o en la aplicación del amplio catálogo sancionador administrativo.
En ese recuento del retroceso vivido estos meses, contemplamos como una parte no pequeña de la sociedad española se traga el discurso trumpista que criminaliza directamente las migraciones y desprovee al extranjero de cualquier derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la revisión judicial de su caso, a la inviolabilidad del domicilio, a no ser internado en condiciones inhumanas como en «Alcatraz de los Caimanes» y en los centenares de centros de detención del Immigration and Customs Enforcement, con 32 muertes bajo custodia en 2025. Hay que advertir a los entusiastas de la crueldad que el know-how autoritario que se aplica frente a los extranjeros tiene otros usos y un potencial de contagio notable, pues cuando el Estado se reviste de fuerza sin limitaciones, esa capacidad se acaba empleando para otros fines represivos no vinculados con la política migratoria. Dicho en otras palabras, lo que dejemos que un poder autoritario haga a la población extranjera nos lo acabará infligiendo también a los autóctonos.
Otra parte de los actores de la regresión contempla un mundo estratificado en el que la población extranjera (salvo los beneficiarios de los visados dorados que, por ejemplo, el propio Trump propugna para potentados) viva agachando la cabeza, sin derechos sustanciales, al servicio de la población nacional y bajo un dominio férreo. Su modelo es el del trato que las élites de las petromonarquías del Golfo otorgan a sirvientas filipinas o trabajadores bangladesíes, en una consagración extrema del clasismo, del que tenemos también nuestra propia versión patria. Y otra facción de los partidarios de la xenofobia rampante cree directamente en un etnonacionalismo que excluye la inmigración de cualquier ecuación de futuro, lo que sólo puede llevar a la violencia más cruda, las deportaciones masivas con uso de la fuerza bruta, el aislamiento y el invierno demográfico. La paradoja es que los países que hoy compiten en dureza en política migratoria, lo harán en el medio plazo por captar población extranjera (salvo que apuesten por asentarse en el declive); no hay más que ver el efecto que las políticas de la derecha extremista ha provocado en Italia, que pierde población desde 2020, mientras crece el envejecimiento y la escasez de mano de obra vital en sectores estratégicos. Vemos, a su vez, el impacto en la paz social que las medidas extremas y la barbarie de las políticas de detenciones y deportaciones comporta (como en Minneapolis y tantas ciudades norteamericanas). Mientras tanto, las proyecciones sucesivas de los demógrafos van anticipando temporalmente el pico de población mundial y el inicio de la curva descendente, hasta el punto de que el problema en las últimas décadas de este siglo no será la superpoblación sino, como apunta Rafael Puyol (en su ensayo titulado provocativamente «¿Un mundo sin personas?») el decrecimiento, el envejecimiento, su impacto en la estructura productiva y social y los cambios aparejados, y no sólo en los países occidentales. Ser atractivos para las migraciones y combinar la acogida y la diversidad con el respeto a reglas comunes y a la convivencia, forjando una identidad cívica compartida, será una receta de éxito. Por el contrario la ensoñación etnicista del nacional-populismo, de militarización de fronteras (y de la sociedad), aislamiento y aumento significativo de la tasa de fecundidad de la población blanca se da de bruces, al menos en este último punto, contra una realidad social que, pese a la ola reaccionaria, seguirá yendo por otros derroteros, salvo que entre los planes se encuentre instaurar la República de Gilead.
El debate de las próximas semanas será agrio y es probable que las expresiones más virulentas de rechazo a la regularización se manifiesten de la manera más grosera, en un momento en que movimientos abiertamente fascistas no tienen problemas en exhibir su amenaza en las calles, como vimos en Torre Pacheco. Espero que este país, en cuyo código político el racismo y la xenofobia no han tenido cabida hasta ahora, no se deje arrastrar por la vileza de quien quiere sacar partido excitando los peores jugos gástricos.