Con motivo del covid, el Gobierno desplegó un escudo social que, entre otras cosas, impedía los desahucios de inquilinos que como consecuencia de la crisis sanitaria habrían quedado en situación de vulnerabilidad, porque hubieran visto modificada su situación laboral y reducidos sus ingresos. Hablamos de un momento muy duro, en el que el encierro cambió las economías de muchas familias. Una situación de guerra o, con más exactitud, un estado de alarma.
Están a punto de cumplirse seis años del inicio de la pandemia, de aquel terrible 14 de marzo del 2020. Y gran parte de ese programa social, planteado como un auxilio temporal, sigue vigente de modo que es muy complejo desahuciar a una familia que ingrese menos de 1.800 euros y que decide que no va a pagar la renta. Cierto que existe un mecanismo para que los propietarios reclamen una compensación, pero también es cierto que resulta complicado lograrlo y hay que acudir al juzgado.
Una de las consecuencias de este escudo es que muchos propietarios se retraen y no ponen sus pisos en alquiler. Comprensible, sobre todo porque España es un país en que el 93 % de los que arriendan tienen un único inmueble destinado a ese fin. Nada de grandes tenedores, profesionalizados, sino familias que utilizan la renta para complementar su pensión o para pagar la hipoteca, según desvela del Instituto Nacional de Estadística.
Y he aquí que el PNV ha venido a ponerle cierto sentido a la cuestión: ha arrancado al Gobierno el compromiso de que los propietarios que tengan dos viviendas —la mayoría, porque una es en la que viven y otra la que alquilan— podrán desahuciar. Tal es la gravedad de la situación que ahora ya se habla del escudo social para proteger al propietario del escudo del inquilino. Han dejado llegar la situación tan lejos que los mismos que inventaron en el covid la protección del inquilino han accedido a proteger al dueño.
En realidad es una parte del Gobierno la que ha accedido a esta protección, porque la otra, Sumar, no está de acuerdo. Es más. La colíder de Sumar, Lara Hernández, no dudaba ayer en vincular los casos de okupación con lo elevado de los alquileres. Curioso. Es cierto que las políticas de vivienda, como habilitar suelo o promover pisos protegidos, no se pueden implementar de la noche a la mañana, pero también es cierto que, primero como Podemos, y después como Sumar, los nuevos partidos de izquierda llevan ya siete años gobernando con el PSOE, tiempo considerable como para haber puesto en marcha medidas efectivas para bajar los alquileres.
La Constitución consagra el derecho a la vivienda, y es un principio difícil de rebatir. Lo que no pueden pretender los poderes públicos es que sean los pequeños propietarios los que garanticen este derecho con su patrimonio.