Entre la euforia macroeconómica y la angustia cotidiana
España exhibe indicadores macroeconómicos que el Gobierno presenta como prueba de éxito: récord de afiliación a la Seguridad Social, crecimiento del PIB por encima de la media europea y una reducción relativa de la desigualdad. El presidente ha recordado que somos el país de la UE con mayor creación de empleo en los últimos años y uno de los que más ha reducido las brechas sociales.
Sin embargo, la realidad que viven millones de hogares desmiente el triunfalismo estadístico. La economía puede «ir como un tiro» en los informes oficiales y, al mismo tiempo, dejar a amplias capas de la población sin capacidad para llegar a fin de mes. La ciudadanía no se alimenta de gráficas ni de comparativas internacionales: paga el alquiler con euros contantes y sonantes y compra la comida con salarios que, en demasiados casos, no alcanzan.
Aquí se abre una fractura peligrosa para la cohesión social: la distancia entre la macroeconomía celebrada por los despachos y la microeconomía sufrida por las familias.
Cuando el empleo ya no garantiza una vida digna
Durante décadas el problema central fue el paro. Hoy el núcleo del conflicto es otro: trabajar y seguir siendo pobre. La inflación acumulada en vivienda, alimentos y energía ha erosionado el poder adquisitivo de trabajadores y clases medias.
La precariedad se ha normalizado; los alquileres devoran buena parte del salario; la cesta de la compra castiga especialmente a quienes menos tienen. El resultado es una inseguridad vital permanente que no aparece en los rankings económicos, pero sí en la vida real. «Cuando el trabajo no protege de la incertidumbre, el contrato social se resquebraja antes que las cifras».
Vivienda y alimentación: derechos convertidos en mercancía
El corazón del problema es estructural. Los dos bienes esenciales para la existencia —vivienda y alimentación— han sido absorbidos por la lógica especulativa propia de los mercados financieros.
En materia de vivienda, el artículo 47 de la Constitución, que proclama el derecho a una vivienda digna y adecuada, se ha vaciado de contenido práctico para millones de personas. La financiarización del mercado, la entrada masiva de fondos de inversión, la expansión del alquiler turístico y la insuficiencia histórica del parque público han convertido un derecho en un privilegio.
En la alimentación ocurre algo parecido. La concentración de la distribución, los largos circuitos de intermediación y la opacidad en los márgenes han disparado precios sin que los productores ni los consumidores se beneficien proporcionalmente. Quien gana es el intermediario con mayor poder de mercado.
Por eso es imprescindible afirmar sin ambigüedades que la vivienda y la comida deben salir del circuito especulativo. No es una consigna ideológica: es una exigencia de racionalidad económica y de justicia social en un Estado social y democrático de Derecho.
Distribuidoras públicas de alimentos: una herramienta de interés general
Una de las propuestas más relevantes en este debate es la creación de distribuidoras públicas de alimentación. Su finalidad no sería sustituir al sector privado, sino introducir un actor público que discipline el mercado y garantice estabilidad de precios en productos básicos.
Estas entidades podrían comprar directamente a agricultores y ganaderos a precios justos, reducir intermediarios innecesarios, ofrecer alimentos esenciales a precios regulados y actuar como cortafuegos ante crisis inflacionarias. De este modo se protegería simultáneamente al productor, al consumidor y a la seguridad alimentaria del país.
La alimentación, como el agua o la energía, es un bien estratégico. Tratarla exclusivamente como mercancía es socialmente irresponsable y económicamente miope.
La juventud y la trampa del voto a la derecha por la vivienda
Un fenómeno preocupante atraviesa la España actual: una parte significativa de la juventud, desesperada por el acceso a la vivienda, está girando hacia opciones de derecha y extrema derecha creyendo que estas formaciones resolverán su problema.
Es comprensible la frustración juvenil: salarios bajos, contratos temporales, alquileres inalcanzables y ausencia de expectativas de emancipación. Lo que no es realista es pensar que PP y Vox van a garantizar vivienda asequible.
La experiencia comparada y la práctica política muestran lo contrario. Donde gobierna la derecha neoliberal se refuerza la desregulación, se favorece a grandes tenedores y fondos de inversión, se debilita la vivienda pública y se penaliza al inquilino. Lejos de abaratar el alquiler, estas políticas tienden a concentrar la propiedad y a encarecer aún más el mercado.
Así, muchos jóvenes corren el riesgo de apoyar a quienes han sido históricamente los arquitectos de la especulación que hoy los expulsa del derecho a vivir con dignidad.
El Gobierno actual: avances insuficientes
Sería intelectualmente deshonesto negar que el actual Ejecutivo ha introducido reformas relevantes: subida del SMI, revalorización de pensiones, reforma laboral que ha reducido la temporalidad y una primera Ley de Vivienda con instrumentos de regulación en zonas tensionadas.
No obstante, el balance es incompleto. El parque público de vivienda sigue siendo claramente insuficiente; los precios no han descendido de forma estructural; el poder de los grandes tenedores permanece intacto y la emancipación juvenil sigue bloqueada.
Por tanto, el diagnóstico es doble: la derecha agravaría el problema, pero el Gobierno progresista tampoco lo ha resuelto de raíz. Se necesitan medidas más ambiciosas y estructurales.
Tres medidas que marcan un cambio de modelo
Si se quiere abordar el conflicto con seriedad, deben asumirse tres decisiones estratégicas:
- Desmercantilizar la vivienda en lo esencial, reforzando el parque público, limitando la especulación y regulando eficazmente el alquiler.
- Sacar la alimentación del mercado puramente especulativo, considerándola un bien estratégico de interés general.
- Crear distribuidoras públicas de alimentos que estabilicen precios y protejan a productores y consumidores.
Estas medidas no buscan estatizar la economía, sino reequilibrarla en favor del interés común.
Más allá de la técnica: una cuestión democrática
Cuando amplias capas de la población sienten que el sistema económico no les garantiza una vida digna, la confianza en la democracia se erosiona. La política convertida en espectáculo de insultos y corrupción alimenta aún más ese desengaño.
Como advirtió Karl Polanyi: «Permitir que el mercado dirija por sí solo el destino de los seres humanos conduce inevitablemente a la demolición de la sociedad».
Conclusión: sin justicia microeconómica no hay éxito real
España puede encabezar clasificaciones internacionales y celebrar cifras históricas de empleo. Pero si la gente no puede pagar el alquiler ni llenar la nevera, el éxito es contable y no humano.
La prioridad debe ser clara: trabajo digno, vivienda accesible y alimentos a precios justos. Sacar la vivienda y la comida de la especulación y construir distribuidoras públicas de alimentos no es radicalidad, es responsabilidad social.
Solo así la macroeconomía dejará de ser propaganda y se convertirá en bienestar tangible para la mayoría.