En un país en el que se reconocen la libertad de enseñanza y la autonomía universitaria como derechos fundamentales, y en el que la actividad empresarial puede desarrollarse legítimamente en el ámbito de la educación superior, era cuestión de tiempo que las universidades privadas hicieran una apuesta por incrementar su implantación territorial y ampliar mercados. En Asturias, la iniciativa privada en este campo no es del todo inédita porque ya ha habido intentos anteriores, incluyendo estudios de postgrado, con un recorrido limitado o que terminaron en naufragio económico en contextos de crisis (de la Asturias Business School a la Facultad de Turismo de Oviedo, por ejemplo); y con algunos ejemplos que sí perviven, como la Facultad «Padre Ossó», privada, dependiente del Arzobispado y el Seminario, aunque adscrita a la Universidad de Oviedo. Sí es reciente y simultánea la promoción de centros adscritos por la Universidad Alfonso X «El Sabio» y la Universidad Nebrija, ya autorizados, para titulaciones del ámbito sanitario; y por la Universidad Europea, que suponemos estará en ello, a la luz de los anuncios públicos. La autorización de un centro adscrito, conviene aclararlo, es un acto reglado por la Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario, y, para que se permita el inicio de actividades (abrir las puertas y empezar a impartir clase, vamos), todavía deben acreditar el cumplimiento de exigencias en materia de personal docente e investigador, infraestructuras, dotaciones, programación y planes de estudio, esto último con aprobación previa del Consejo de Universidades. Parece que los promotores tienen medios y voluntad para concluir ese camino, que no es sencillo y donde la Administración del Principado de Asturias tiene facultades de control pero no la capacidad para decidir discrecionalmente si una Universidad privada se implanta o no.
Sobre este hecho novedoso, y que puede tener aspectos positivos (inversiones, incremento de la oferta académica, posibilidades de carrera docente para profesionales, etc.), se han añadido, sin embargo, algunos elementos distorsionadores. En primer lugar, algunos contumaces adversarios de lo público han salido a jalear la llegada de universidades privadas, que vienen, según ellos, a demostrar la superioridad de la gestión particular y a poner en evidencia a la Universidad de Oviedo. Algunas llamadas de atención vienen incluso de fuego amigo, pues la Presidenta del Consejo Social de la Universidad ha advertido del riesgo de «hundimiento» por las rigideces administrativas frente a la flexibilidad de las universidades privadas, utilizando palabras desafortunadas y poco medidas que no ayudan en nada, ni siquiera como acicate. A ello se suman quienes directamente, emulando a su amo Trump, atacan a la propia institución universitaria llamándola «estercolero» en su guerra contra las luces y la ciencia, dirigida frente a todo aquello que no observe el nuevo credo nacional-populista. Cuidado porque, aunque sea ridícula, esa furia antiilustrada e inquisidora barre medio mundo y aquí han olido la sangre.
Contrariamente a lo que pregonan los apóstoles de la privatización, la realidad de la Universidad de Oviedo resiste cualquier comparación, sin despeinarse. Más de cuatro siglos de historia, 60 grados (3 dobles y 19 bilingües), 60 másteres universitarios, 5 másteres Erasmus Mundus, 25 programas de doctorado, 63 títulos propios, 21.000 estudiantes (resistiendo con éxito la disminución de población juvenil y con el 10% más de matriculaciones de nuevo ingreso en grados en este curso), 2.100 investigadores y docentes, el 80% de la actividad de investigación, desarrollo e innovación en Asturias (200 grupos de investigación), más 500 contratos con empresas para transferencia de conocimiento, más de 50 cátedras institucionales y empresariales, 74% de empleabilidad en el primer año de sus graduados, una fuerte internacionalización (impulsada recientemente por la alianza Ingenium con diez universidades europeas), una potente programación cultural y social y un vínculo indeleble con el crecimiento económico de la región a la que se debe. Además, aprueba y gestiona sus presupuestos puntual y diligentemente (superávit de 2 millones de euros en 2024), se gobierna democráticamente y rinde cuentas de su financiación mediante un contrato-programa a seis años con el Principado de Asturias (sujeto además a 25 indicadores objetivos en docencia, investigación, internacionalización y transferencia). Y, lo más relevante (aspecto diferencial con la enseñanza privada), es uno de los actores más importantes en la cohesión social en nuestra Comunidad Autónoma, permitiendo el acceso a la formación superior sin discriminación de rentas, gracias una política del Gobierno asturiano de reducción y congelación de tasas en los últimos quince años. Para este curso, incluso, los alumnos de nuevo ingreso pueden conseguir la gratuidad completa de su formación; conquista que debe ir acompañada de la pedagogía pública para que el alumnado y sus familias aprecien el esfuerzo colectivo que hace la sociedad invirtiendo en ellos. En todo caso, esta política se realiza sin merma de la calidad de la enseñanza gracias al esfuerzo y las prioridades presupuestarias de la mayoría progresista en la Junta General del Principado de Asturias, lo que es justo reconocer.
La visión ideológica que denigra lo público por sistema choca con la realidad de la institución académica asturiana, que es solvente y robusta. Pero, por desgracia, ha dado pábulo a una extraña competición. Por un lado, algunos ayuntamientos se lanzan a una carrera por la captación de iniciativas académicas privadas que generan un agravio comparativo, porque quizá no tengan el mismo interés e intensidad en el respaldo a la Universidad pública. Ahora la moda es tratar de ceder o permitir accesos privilegiados a suelos, infraestructuras y alfombras rojas a las universidades por venir, desviando el foco sobre dónde deben estar las prioridades en al apoyo, y canalizando recursos y esfuerzos a la iniciativa privada, con la ventaja consiguiente para ésta. Por otro lado, algunos responsables municipales, en virtud de determinados episodios locales (auténticas disputas provincianas, en algunos casos), han entrado en una viciosa campaña dirigida a desacreditar a la Universidad, con declaraciones sonrojantes y de un nivel institucional paupérrimo, que deberían tener una respuesta política más severa. Incluso se ha querido responsabilizar a la Universidad del enésimo retraso en la reordenación de los espacios abandonados en El Cristo, algo alucinante porque en nada puede imputarse a la Universidad la decepcionante gestión autonómica (también municipal, pues el Ayuntamiento parece haber renunciado a sus instrumentos de ordenación y disciplina urbanística) que tiene ese lugar como agujero negro del tejido urbano de la capital, sin visos de solución a medio plazo. Bastante hace la Universidad de Oviedo aceptando un futuro traslado del Campus de Llamaquique hacia aquella zona, y es perfectamente entendible que exija condiciones adecuadas y financiación para ello. Atribuir a la Universidad de Oviedo problemas cuya solución no le compete o exigirle un estándar de eficacia superior al que puede ofrecer quien lanza el reproche, dice poco de los responsables públicos que se deslizan por esa pendiente.
En tiempos de desprecio por el conocimiento y de grosera mercantilización de tantos espacios de nuestra vida, debemos proteger a nuestra Universidad de Oviedo. Los poderes públicos pueden legítimamente tener interés en captar inversiones privadas, también en el sector académico. Pero no deben olvidar que la institución académica que está integrada en nuestro músculo productivo, que es vertebradora del territorio, que permite el acceso más amplio y justo a la formación superior, y que está imbricada en el desarrollo social y cultural de esta tierra, es la Universidad de Oviedo. Institución que necesita un apoyo comprometido y constante, y que merece el máximo respeto en todas las instancias.