8M por una Igualdad real: una tarea pendiente que exige compromiso colectivo
OPINIÓN
La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de justicia social que sigue pendiente en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Basta observar la realidad del mercado laboral, de la organización de los cuidados o de la violencia que sufren muchas mujeres para comprobar que los avances logrados en las últimas décadas conviven todavía con desigualdades profundas que no pueden ignorarse.
En los centros de trabajo, las diferencias siguen siendo evidentes. Las mujerescontinúan concentrándose mayoritariamente en los sectores peor remunerados y con condiciones más precarias, mientras que su presencia en los puestos de mayor responsabilidad o en determinadas áreas productivas sigue siendo limitada. A ello se suma una brecha salarial persistente que no responde a una única causa, sino a un conjunto de factores estructurales que se retroalimentan: carreras profesionales interrumpidas, menor promoción, parcialidad involuntaria o mayor exposición a la temporalidad.
Uno de los elementos clave para entender esta situación es la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado. La sociedad ha avanzado en el reconocimiento de la importancia de estas tareas, pero la realidad demuestra que siguen recayendo de forma desproporcionada sobre las mujeres. Cuando no existe una red pública suficiente de servicios de atención, cuando las políticas de conciliación son insuficientes o cuando la corresponsabilidad en los hogares no se produce de manera real, las consecuencias recaen directamente sobre la trayectoria laboral de millones de trabajadoras.
Muchas mujeres se ven obligadas a reducir su jornada, aceptar empleos por debajo de su cualificación o incluso abandonar temporalmente el mercado laboral para atender responsabilidades familiares. No se trata de decisiones completamente libres, sino de respuestas a un sistema que todavía no ha sido capaz de integrar plenamente el derecho a cuidar y a ser cuidado dentro de la organización económica y social.
A esta desigualdad estructural se suma otro problema que interpela directamente a la conciencia democrática: la violencia machista. Cada caso que se produce recuerda que no estamos ante episodios aislados, sino ante una forma de violencia que está basada en la discriminación y en la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Combatirla exige recursos, prevención, educación y una implicación firme de las instituciones, pero también del conjunto de la sociedad.
En los últimos años se han producido avances importantes. Las políticas públicas de igualdad, la negociación colectiva, la legislación laboral y el diálogo social han permitido mejorar derechos, impulsar planes de igualdad en las empresas y reforzar mecanismos para combatir la discriminación. El aumento de la presencia femenina en el empleo o el desarrollo de medidas de protección frente al acoso son ejemplos de que cuando existe voluntad política y social, los cambios son posibles.
Sin embargo, los progresos nunca son irreversibles. En distintos espacios públicos están reapareciendo discursos que trivializan la desigualdad, cuestionan el feminismo o presentan las políticas de igualdad como innecesarias. Ese tipo de planteamientos ignoran la realidad cotidiana de millones de mujeres y pretenden situar el debate en un terreno ideológico que poco tiene que ver con los hechos.
La igualdad no es una concesión ni una moda pasajera. Es un principio democrático básico que debe traducirse en derechos efectivos. Garantizar salarios justos, combatir la precariedad laboral, impulsar sistemas públicos de cuidados, promover la corresponsabilidad y erradicar cualquier forma de violencia son objetivos que benefician al conjunto de la sociedad, no solo a las mujeres.
En este camino, el papel UGT resulta fundamental. La negociación colectiva, la defensa de los derechos laborales y la vigilancia del cumplimiento de las normas de igualdad son herramientas imprescindibles para avanzar hacia un mercado de trabajo más justo. UGT ha demostrado históricamente que la conquista de derechos no llega por inercia, sino gracias a la organización colectiva y a la movilización social.
Construir una sociedad más igualitaria exige mirar al futuro con ambición. Significa repensar el modelo productivo para que la igualdad sea un eje central, fortalecer las políticas públicas que garantizan oportunidades y reconocer que la justicia social solo puede alcanzarse cuando todas las personas tienen las mismas posibilidades de desarrollar su vida con autonomía y dignidad.
La igualdad es una condición imprescindible para el progreso económico, la cohesión social y la calidad democrática. Por eso, frente a la resignación o el retroceso, la respuesta solo puede ser más compromiso, más derechos y más igualdad.