No ha sido pequeña la polémica protagonizada por Ursula von der Leyen diciendo que la UE« ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial», dejando estupefactos tanto a propios como a extraños. Es cierto que posteriormente reculó y matizó sus palabras, pero no es la primera vez que la presidenta de la Comisión Europea (que es la máxima responsable política en hacer respetar los tratados firmados) desata indignación e incredulidad. Ya fue bastante lamentable su apoyo incondicional a Israel ante el genocidio en Gaza y su rendición a Estados Unidos aceptando unos aranceles nocivos a nuestros intereses como para que ahora se permita el lujo de unirse a la teoría trumpista de que las reglas internacionales ya no sirven para nada. Un planeta que funcione como la ley de la selva y sin normas conseguirá que los más fuertes se queden con todo, y en ese escenario todas y todos nos convertiríamos en más vulnerables (y muy especialmente las europeas y los europeos).
Ningún mensaje europeo debería avalar o argumentar que ya no debemos primar los valores pacifistas porque sería ir contra nuestro propio ADN y contra nuestra propia manera de entender la legalidad internacional, basada en la diplomacia, los derechos humanos y la defensa de la democracia. Bien es cierto que no hay que buscar fuera de nuestras fronteras la explicación a la falta de unidad de acción. La división de pareceres entre los gobiernos de los veintisiete países es una losa muy pesada y un problema de complicada solución. A ello se suma el alarmante avance interno de la ultraderecha (muy crecidos con su oposición al pacto verde y a la migración con los que están sacando bastante rédito electoral) que rentabiliza mejor que nadie la inestabilidad institucional. Tal y como dijo el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán (en un interesantísimo coloquio dirigido por la periodista Patricia Martínez el pasado miércoles en Gijón/Xixón), hay varios precedentes a lo largo de la historia en los que las y los electores han votado a líderes tóxicos que han erosionado el sistema democrático, por lo que resulta imprescindible evitar que se repitan estas situaciones a través de la construcción de una sociedad organizada que nos dé esperanza y nos dirija a un futuro próspero.
Estimula mucho que haya mensajes como los de una presentadora de televisión en Turquía agradeciendo en castellano a España que esté en el lado correcto de la historia, pero mucho mejor sería que nuestros socios comunitarios estuvieran alineados contra la guerra ilegal de Irán en vez de mirar para otro lado o esconder la cabeza como el avestruz.
Ya sufrimos una fuerte escalada de precios cuando Rusia inició su invasión a Ucrania y todo apunta que la letal y destructiva situación que se respira en Oriente Próximo volverá a producir el mismo efecto. El Gobierno de España ya está preparando un escudo social (y las está intentando negociar con todos los partidos con representación en el Congreso, y también con los sindicatos y la patronal) con medidas en varios frentes para mantener puestos de trabajo y para reducir el impacto de dos gastos elementales para las economías (sobre todo las domésticas) como son la energía y la cesta de la compra. En este último caso, ha originado bastante debate las palabras del presidente de Mercadona (su empresa facturó el año pasado 41.900 millones de euros, un 8% más que en 2024, consiguiendo un beneficio de 1.729 millones de euros) sugiriendo que se elimine el IVA a los alimentos (su empresa no asumirá los incrementos de las materias primas aunque tenga margen suficiente para afrontarlo). La propuesta ha sido aplaudida por la bancada de la derecha pero no así por la izquierda. No son pocas y pocos los economistas que desaconsejan que el Estado renuncie a recaudar un dinero imprescindible para cubrir muchas necesidades sociales porque, además, no estaríamos ante una medida con equidad fiscal, así que nos convertiríamos en más vulnerables porque quienes saldrían ganando serían las rentas más altas y las grandes cadenas de distribución, que tienen músculo financiero suficiente para aguantar mejor la crisis. Hay organizaciones de consumidoras y consumidores pidiendo fijar o topar los precios máximos para frenar los abusos, pero eso habrá que ver si se materializa o si se apuesta por otro método de contención.