El Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado en el 2020, es el programa más importante de lucha contra la pobreza que integra el estado de bienestar español. Este programa establece un ingreso económico mensual y la obligación de la persona beneficiaria de realizar una serie de actividades dirigidas a la inserción social. De modo que este programa busca garantizar un nivel mínimo de subsistencia, principio que si bien no aparece explícitamente en la Constitución Española, sí que aparece indirectamente en el articulado del Capítulo tercero, el de principios rectores de la política social y económica.
La dificultad de dar respuesta a la pregunta ¿qué es el nivel mínimo de subsistencia?, seguramente está en la base de las dificultades que estos programas de lucha contra la pobreza tienen.
Una de las limitaciones que tiene el IMV es que tradicionalmente se ha caracterizado por una escasa financiación pública. Esto hace que no llegue a todas las personas potencialmente beneficiarias, y que la cuantía económica se sitúe típicamente por debajo del umbral de la pobreza. El IMV en su módulo básico ofrece una cuantía mensual de 733 €, cuantía insuficiente simplemente para cubrir necesidades básicas como el alojamiento. Son programas que no sacan a las personas de la pobreza, sino que únicamente salarizan la pobreza.
Otra limitación típica del IMV es su gran carga burocrática, que conlleva una tramitación administrativa muy compleja, farragosa y laberíntica. Es una prestación en la que intervienen diferentes niveles de la administración pública y diferentes perfiles profesionales de la intervención social. Este carácter laberíntico del IMV da lugar a retrasos en la percepción de la prestación y contribuye a excluir a personas que cumpliendo los requisitos de necesidad social, tienen sin embargo problemas para poder realizar los trámites administrativos necesarios para solicitar la prestación. Además, puede generar problemas tremendamente lesivos para las personas beneficiarias, como por ejemplo no tener en cuenta los periodos de trabajo temporales, de modo que la administración pública acabe reclamando a personas en situación de gran precariedad y exclusión, cobros indebidos por cuantías de varios miles de euros. Problemática que ha sido sacada a la luz por la asociación asturiana Alambique.
La solución a estos problemas del IMV, que no son los únicos, no es sencilla. Reducir la burocracia no es fácil cuando es necesario hacer una comprobación exhaustiva de los medios económicos y sociales de las personas solicitantes de la prestación. Además, en un proceso en el que participan varias administraciones públicas. Recuerdo una entrevista en la radio a José Luis Escrivá, por entonces ministro de Seguridad Social, en la que le preguntaron por diferentes cuestiones del IMV. Una de las preguntas que le hicieron era qué era la Unidad de Convivencia Familiar. Estuvo contestando esa pregunta durante 10 minutos, describiendo las diferentes modalidades, qué situaciones de convivencia no entraban en la definición del ministerio, etc. En definitiva, el delirio de la burocracia.
El IMV no elimina la pobreza, gestiona la pobreza haciéndola un problema social más fácilmente digerible y evitando la revuelta social. Ante la magnitud de la emergencia social en la que vivimos, esta prestación, y otras del estado de bienestar social, contribuyen a que la sociedad no se revuelva y tome las calles.
¿Qué alternativas hay a estas prestaciones? Las alternativas pasan por seguir dos líneas de actuación, que no tienen por qué ser totalmente excluyentes entre sí.
Una de ellas pasa por profundizar, valientemente, en garantizar el derecho a una vida digna por el hecho de ser persona. Es decir, dar los pasos necesarios para gradualmente instaurar una Renta Básica Universal en alguna de las formas teorizadas por economistas como José Iglesias, Daniel Raventós o Louise Haagh, entre otros que han desarrollado modelos de Renta Básica.
La Renta Básica Universal es una prestación económica mensual, universal y suficiente para garantizar una vida modesta, pero digna, cubriendo las necesidades sociales básicas. Esta propuesta reduciría notablemente la carga burocrática, al no ser necesaria la comprobación de medios, eliminaría la trampa de la pobreza, al ser compatible con el trabajo, evitaría el estigma de la pobreza, al dirigirse al conjunto de la población, y lo más importante, contribuiría muy poderosamente a eliminar la mayoría de la situación de pobreza, al establecer una redistribución de la riqueza mucho más profunda y democrática que el IMV.
Sobra decir que estamos ante una propuesta de gran complejidad técnica y política. Pero también la puesta en marcha a principios del siglo XX de los estados de bienestar europeos fue técnicamente compleja, políticamente muy disputada y luchada… y sin embargo hoy en día tenemos estados de bienestar social, aunque cada vez más menguados y precarios.
Otra propuesta alternativa pasaría por fortalecer la integración social a través de la vía del trabajo. El artículo 35 de la Constitución Española establece el deber y el derecho a trabajar de toda persona. Profundizar en ese derecho implicaría garantizar que quien quisiera trabajar pudiera trabajar en condiciones salariales y laborales dignas. Una propuesta, no la única, que sigue esta línea es el Trabajo Garantizado teorizado por el economista Hyman Minsky (1919-1996), defendido por el político Bernie Sanders en Estados Unidos y que en España ha sido defendido por el economista Alberto Garzón.
Esta propuesta implicaría un rol mucho más activo del Estado en la regulación del mercado laboral, no sólo del mercado laboral público mediante el desarrollo de políticas públicas de empleo, sino también del mercado laboral privado. De nuevo, se trata de una propuesta de carácter universal, que tiende a evitar el estigma de la pobreza del IMV, y que permite a las personas devolver a la sociedad lo que esta ha invertido económicamente en ellas durante sus años de formación, mediante la realización de una actividad laboral con sentido y utilidad social.
El IMV supuso en términos de cohesión social, un avance con respecto a medidas anteriores, pero sus limitaciones y problemas son evidentes, en ocasiones tremendamente lesivos para las personas beneficiarias. El IMV no cumple lo que dice, no elimina la pobreza, la asalariza. Por ello, es necesario tomar decisiones valientes que busquen la transformación social y no caigan en el asistencialismo de la lucha contra la pobreza. Es necesario avanzar en el principio de la justicia social. Tanto la Renta Básica Universal como el Trabajo Garantizado son propuestas que se mueven en esa dirección de construir sociedades más cohesionadas y más justas.