Si prestamos atención a las sucesivas campañas electorales, a las portadas de los periódicos o a las conversaciones de tertulias televisivas, observamos que las drogas no son un problema importante en nuestro país.
Según el barómetro del CIS de febrero de 2026 solo el 0,2 % de las personas encuestadas considera un problema las drogas. Ninguna persona de ese 0,2 % considera que este sea el primer problema del país. Para ponerlo en contexto, el 0,4 % considera que la independencia de Cataluña es uno de los tres problemas más importantes del país. El 2,2 % considera un problema la ocupación de vivienda, y en concreto el 0,3 % considera ese el principal problema del país. El 2 % de las personas encuestadas considera que los estatutos de autonomía son uno de los principales problemas del país. Y el 0,2 % considera que es el principal problema del país, por encima del cambio climático, las guerras, el paro o la sanidad, el mayor problema para esas personas son los estatutos de autonomía. Aunque la prensa y las encuestas nos digan que no tenemos ningún problema con las drogas, los datos parecen contradecir esa impresión subjetiva.
En España, en el año 2021 murieron1.048 personas por reacción aguda al consumo de drogas. Esta información recogida del observatorio español de las drogas es inexacta porque es difícil identificar todas las muertes que realmente son causadas de forma directa por la droga. El propio informe, tanto el español como el europeo advierte que probablemente estamos subestimando esas muertes.
Aproximadamente el 50 % de los conductores muertos en accidente de tráfico estaban bajo los efectos de las drogas. Casi 600 muertes al año. Aproximadamente el 30 % de los homicidios intencionados están relacionados con las drogas. En el año 2023 hubo 331 homicidios por lo que podemos imputar a las drogas 110 muertes. Con estos datos podemos decir que mueren cada año en España unas 1.800 personas por causa de la droga. Aproximadamente 5 al día.
Tendríamos que analizar el consumo de drogas y alcohol con relación a los accidentes laborales que suponen en total casi 800 muertes al año. Con seguridad una parte de esas muertes tienen origen en el consumo de sustancias psicoactivas.
Tampoco podemos analizar adecuadamente las muertes por enfermedades cardiovasculares debidas a la droga. Aunque una parte están dentro de las muertes debido a la reacción aguda a las drogas, hay muertes o dolencias que no están siendo contempladas o que, al menos, los datos no son fácilmente accesibles para el gran público.
Otra consecuencia muy importante del consumo de sustancias psicoactivas son las enfermedades mentales. Nuevamente es difícil encontrar estudios que den números claros, porque es complicado determinar si una persona con esquizofrenia hubiera desarrollado la enfermedad en caso de no consumir. Lo que sí puede asegurarse es que una parte importante de las personas que tienen problemas de salud mental tienen historial de consumo. Fuera este consumo causa o consecuencia de la enfermedad.
El alcohol aparece vinculado a hasta un 50% de los casos de agresiones sexuales y violencia machista en contextos de ocio. Seguido de cerca por la cocaína. Aunque la droga nunca es la causa real de la agresión, tan solo desinhibe el comportamiento machista adquirido previamente y comporta que las agresiones sean más frecuentes o incluso más violentas. Además, en el imaginario colectivo "estar borracho" constituye un atenuante que exculpa a los agresores "no sabía lo que hacía" "cuando no bebe no es así" y les proporciona por tanto una coartada moral para ejercer la violencia. En este sentido el alcohol se vuelve funcional al machismo, no se trata de un detonante fortuito sino de un recurso operativo, ya que el agresor pasa de ejercer la violencia cuando bebe, a beber cada vez que quiere materializar su conducta agresiva
Hasta ahora hemos hablado de las consecuencias graves y numerosas que el consumo de drogas, incluido el alcohol, tiene sobre las personas que lo consumen o sobre su entorno más cercano. Pero el tráfico de drogas ilegales tiene importantes consecuencias en nuestro país y fuera de él.
A finales de febrero, la ciudad mexicana de Guadalajara vivió una situación terrible de terror tras la muerte del narco apodado el Mencho. Durante horas la ciudad estuvo en manos de las bandas de crimen organizado. Por desgracia es algo que casi no tiene eco por lo repetido. La palabra narcoestado ha pasado a ser parte de nuestro lenguaje.
Desde nuestra visión eurocentrista y racista creemos que eso no nos afecta. La situación en Bélgica y Países Bajos es muy preocupante. Solo como ejemplo, en Países Bajos la princesa heredera tuvo que exilarse por miedo a una banda de narcotraficantes.
El caso italiano es sin duda el peor. El simbólico asesinato de los dos jueces Paolo Borsellino y Giovanni Falcone es muestra de la tiranía del crimen organizado en un país de la UE y de la OTAN. Roberto Saviano es un periodista que por atreverse a escribir sobre los crímenes de la mafia ha visto su vida destrozada. Vive permanentemente escoltado, cambiando de domicilio, alejado de su propia familia y de su tierra. Matteo Salvini es un político neofascista italiano simpatizante de Putin que lleva ocupando puestos de responsabilidad en el gobierno italiano desde 2018. Durante su etapa como ministro del interior intentó que el estado italiano quitase la escolta a Roberto Saviano. Este es uno de los ejemplos de la constante imbricación de la política italiana con el crimen organizado.
Mencionamos a Putin en el párrafo anterior porque la llamada geopolítica no está regida por el interés común, sino por el interés de personas, grupos o partidos que tienen, en algunos casos, relación directa con el crimen organizado. Consumir drogas ilegales es aportar dinero a un circuito económico que incluye el tráfico de armas y la trata de mujeres para la prostitución. El crimen organizado es causante de muchas muertes y mucho sufrimiento en el mundo y es una amenaza real para nuestra democracia y nuestros derechos.
En España también. Roberto Saviano ha advertido muy claramente que el levante español es la casa segura de las mafias italiana, rusa y otras. Marbella es un sitio emblemático de encuentro de criminales y corrupción desde hace décadas. El caso Jesús Gil es conocido y sus consecuencias también. El primer municipio que fue necesario intervenir por bancarrota en todo el estado y en toda la democracia. En Marbella desde el año 2017 es alcaldesa Angeles Múñoz, del partido popular, su marido y su hijastro están en prisión por narcotráfico y en las conversaciones intervenidas por la policía se muestra el poder político del clan y la imbricación de sus negocios con la política. Sin embargo, ni la ciudadanía, ni su partido consideran esto inhabilitante para continuar de alcaldesa. Las bandas se sienten cada vez más fuertes, están infiltradas en las fuerzas del orden y campan a sus anchas. El asesinato de dos guardias civiles en Barbate es un buen ejemplo de ello.
Pero no solo en el Levante. En estas semanas de atrás el jefe de la Udyco de Valladolid ha sido detenido por ser parte de las mafias del narcotráfico de la ciudad. Y en Madrid es paradigmático el caso del jefe de antiblanqueo que tenía 20 millones de euros escondidos en su despacho. Por su parte, en Galicia, se acepta como cultura popular la relación histórica del narco con ciertos clubes de fútbol. Una serie de éxito como Fariña no duda en dar por hecha la relación del gobierno del PP gallego con el narco antes de la operación Nécora del juez Garzón. En la misma línea de sospecha está la amistad de Núñez Feijoo con un narco o el hecho de que Jorge Fernández Díaz cuando fue ministro del interior le quitase la escolta al juez Garzón. Sin olvidar los 130 kg de cocaína que aparecieron milagrosamente en un buque de la armada. En España el problema no es solo del crimen organizado. España es el país que más cocaína consume de Europa y otras drogas como la ketamina están aumentando alarmantemente. Digan lo que digan las encuestas, las drogas son un problema muy grave y la guerra contra las drogas ha fracasado. Debemos analizar soluciones y una de ellas es la legalización.
Uruguay legalizó la venta de cannabis para usos recreativos, es decir el porro, en una ley de finales de 2013. Lo hizo tomando medidas muy garantistas para autorizar el consumo. Esto hizo que se tardase unos años en normalizar el consumo legal. 10 años después de esa medida se considera que aproximadamente el 15 % del comercio permanece en manos de mafias. Un 55 % es comercializado a través de los canales controlados por el gobierno y en torno al 30 % está en la zona gris. Droga que vende en los canales oficiales pero que es luego revendida en el mercado negro, sobre todo a turistas. Por otro lado, aunque las cifras seas a veces complejas de analizar, se puede hablar objetivamente de un aumento del consumo. Aunque hay dos matices. Por un lado hay un consumo elevado de “probar una vez” y por otro parece que el consumo, una vez pasada la novedad se ha estabilizado. Es decir, la legalización permitió que la gente experimentase con la nueva sustancia legal, pero solo una parte de esos consumidores experimentales se convirtieron en habituales y una vez pasada la novedad, el consumo se estabiliza.
Esto nos da datos para afrontar la legalización en España. Por un lado, aquí tenemos 90 millones de turistas. No podemos plantear una legalización de las drogas sin abordar esta realidad. Por otro lado, que la gente se fume un porro por “probar”, no es grave, pero la cocaína y no digamos los opiáceos ya no apetece que se experimente con ellos. Aunque, por otro lado, hemos visto en los últimos años un incremento del consumo de cocaína en España sin que su estatus legal varíe.
En cualquier caso, este resultado implica que deberíamos afrontar la legalización desde el escenario europeo y debemos también afrontar medidas preventivas y punitivas porque la legalización no resuelve todos los problemas, solo abre un camino. La cuestión es qué debemos hacer desde la política municipal y autonómica, teniendo que en cuenta que hay elecciones en mayo del próximo año. Qué debemos pedir a los partidos que se presenten.
El gobierno asturiano ha creado el sistema de información sobre drogas y otras adicciones en abril de 2025. También existe un observatorio sobre drogas y adicción a las bebidas alcohólicas del Principado de Asturias. Son pasos muy importantes porque no podemos afrontar los problemas sin datos. La información sistematizada y rigurosa es el primer paso para solucionar un problema. Es necesario avanzar más en ese camino y tener los máximos datos posibles y publicitarlos. La población debe conocer la realidad y las consecuencias del tráfico y consumo de drogas en Asturias.
Los ayuntamientos deben implicarse en las políticas preventivas, a partir de esos datos que tenemos, debemos divulgar al máximo, y no solo en colegios o institutos las consecuencias de consumir drogas. En las próximas elecciones todos los partidos deberían tener en su programa qué van a hacer en su concejo sobre este tema si ganan.
Hay un tema que corresponde en parte a la administración del estado y en parte a los ayuntamientos. Es la vigilancia del consumo de drogas y alcohol por parte de quien conduce. Son muchas muertes, mucho dolor y enormes pérdidas materiales. Después de los últimos accidentes en el Corredor del Nalón se habló mucho de la necesidad de desdoblarlo. Como personas que conducimos con frecuencia por él, decimos que no hay que abordar una obra inabarcable por su impacto. Hay que mejorar el transporte público y sobre todo, hay que perseguir implacablemente a quien conduzca bajos los efectos del alcohol o las drogas. La tasa de alcohol recomendable para conducir es 0,0 y en drogas es la misma.
Cuando el presidente Aznar hizo apología de conducir borracho frente a la exitosa campaña del gobierno de Zapatero reduciendo las muertes de tráfico, decía que “si le iban a decir a él si bebía vino o no”. No, nadie te dice si bebes vino o aguardiente, lo que te decimos es que no puedes poner en riesgo nuestras vidas y las de nuestras familias conduciendo después de haberlo hecho. En estos tiempos de etiquetas se nos dirá que somos punitivistas. Sí, lo somos. La vida humana es un valor supremo. No queremos que haya muertes en la carretera porque alguien bebió más de la cuenta o se tomó un porro. Y es deber de ayuntamientos y delegación de gobierno poner los medios para que eso no pase. El crimen organizado es un problema mayúsculo porque destruye la democracia y la sociedad. Las drogas y el alcohol matan a quienes las consumen, más rápidamente o más lentamente, pero destruyen a las personas.
Afrontar las políticas necesarias en materia económica, de cambio climático o de geopolítica requieren una democracia y una sociedad fuertes, capaz de desarrollar inteligencia colectiva. Por eso abordar el problema de las drogas es crucial para tener una sociedad capaz de vivir los momentos difíciles que nos tocan.
Escribimos este artículo como personas militantes que vemos ausencia de debate en las organizaciones y en la sociedad. Creemos que el tema de la droga se obvia o se convierte en chascarrillo cuando es imprescindible abordarlo con seriedad y profundidad. Recuerda, hoy morirán 5 personas por causa de la droga y el alcohol.