Cuando en Asturias se habla de mina, a la gente le cambia el semblante. La historia de la región está escrita en carbón, y por eso tragedias como la de Cerredo, de marzo de 2025, no son un accidente laboral más. Allí murieron cinco mineros y, con su fallecimiento, volvieron las pesadillas de una etapa demasiado oscura que ya creíamos superada.
Y no solo eso. La investigación del accidente ha destapado un sistema de control que no funciona y que debe cambiarse de forma urgente. La tentación ahora es buscar un culpable concreto: una empresa —Blue Solving, cuya responsabilidad parece indiscutible—, un técnico, una firma en un expediente o un responsable político. Pero esa lectura se queda corta. Lo que revela el informe de la Inspección General de Servicios, elaborado a petición del propio Adrián Barbón, es un ecosistema donde las inspecciones podían anunciarse con antelación, donde las figuras legales se interpretaban con una flexibilidad más que discutible y donde las alertas no siempre generaban respuestas proporcionales. Es decir, un entorno en el que el control existía sobre el papel, pero no en la práctica.
¿Qué sentido tiene una inspección si el inspeccionado sabe cuándo va a producirse? En ese escenario, la supervisión se convierte en un teatrillo, en un requisito administrativo que tranquiliza conciencias pero no garantiza la seguridad.
El contexto es fundamental para entender, aunque no siempre sirve para justificar. El declive del sector minero en Asturias y el fin de las ayudas en 2019 trajeron consigo una reducción de estructuras y recursos. En ese momento se asumió que menos minas implican menos necesidad de control, pero la realidad, como apunta el propio informe, puede ser justo la contraria. En las explotaciones más pequeñas, en los proyectos ambiguos y en las actividades difíciles de encajar es donde más necesario resulta un control riguroso.
El informe incluye once recomendaciones que el Principado ya ha dicho que va a acatar. El Gobierno regional ha asegurado que incluso irá más allá y ha anunciado que recuperará servicios, endurecerá las inspecciones y eliminará los avisos previos. Todas son medidas que van en la dirección correcta, pero también plantean otra cuestión incómoda: si esas soluciones son ahora evidentes, ¿por qué ha hecho falta una crisis de esta magnitud para corregir prácticas que, vistas con perspectiva, resultan difíciles de defender?
El accidente de Cerredo ya propició una reforma de calado en la Consejería de Industria, con la salida de la consejera Belarmina Díaz. Pero la oposición pide más y señala a los exconsejeros Enrique Fernández (ahora presidente de Hunosa) y a Nieves Roqueñí (actual presidenta de El Musel). Incluso hay quien apunta más alto y pide la cabeza de Barbón. Veremos en qué queda todo.
Si se ponen en marcha las medidas anunciadas, los errores del pasado habrán servido para aprender y evitar que se repitan. Eso sí, no servirán de consuelo para los familiares de los cinco fallecidos.