Propaganda estratégica y precariedad: cómo se configura la legitimación del ajuste contra los intereses de las clases populares
OPINIÓN
1. Introducción: la percepción como campo de batalla política
En un contexto socioeconómico marcado por la recuperación desigual tras varias crisis y por la persistente precarización del empleo, una pregunta esencial emerge para el análisis jurídico y político: ¿cómo se construye mediáticamente la aceptación social de medidas que objetivamente implican retrocesos en derechos laborales y bienestar social? Esta cuestión no es menor: la respuesta no reside estrictamente en la exposición fría de datos macroeconómicos, sino en la ingeniería de percepciones que transforma la pérdida de derechos en supuestos bienes simbólicos, incorporados como propios por diversos sectores sociales. Esto se observa cuando iniciativas que implican precarización laboral no se debaten como meros instrumentos técnicos, sino como narrativas que reconfiguran las identidades colectivas de trabajadores, jóvenes, mujeres, migrantes y clase media. Dos elementos estructurales de esta ingeniería discursiva son: La redefinición semántica de derechos laborales como “privilegios” o “barreras al empleo”. La construcción de antagonismos entre grupos laborales, desplazando la percepción del perjuicio hacia otros sujetos sociales.
2. La ingeniería semántica y la deslegitimación de derechos laborales
Una táctica recurrente en diversas campañas políticas contemporáneas consiste en cambiar el significado de términos nuclearmente asociados al Estado social. Por ejemplo, conceptos como “indemnización por despido”, “negociación colectiva” o “protecciones laborales” pueden presentarse como obstáculos para la juventud desempleada o para quien aspira al “primer empleo”. Así, la percepción del derecho se desvincula del valor jurídico de tutela de intereses legítimos del trabajador, y se asocia a un supuesto privilegio que frena la prosperidad individual.
Este giro semántico opera a través de combinaciones de eslóganes, encuadres narrativos y dispositivos comunicativos que invierten la carga cognitiva: ya no se discute el inicio de un derecho, sino la eliminación de un supuesto freno a la libertad de contratación. En este contexto, un derecho sólido y contrastado históricamente puede ser reduccionistamente etiquetado como obstáculo para el emprendimiento o la libre elección, debilitando así su legitimidad social. La deslegitimación discursiva de los derechos laborales no es un efecto colateral de la política contemporánea, sino la esfera simbólica donde se deciden las condiciones materiales de existencia de las mayorías.
3. El “frame” del mérito y la narrativa de la igualdad hacia abajo
Una segunda dimensión crítica de esta ingeniería comunicativa consiste en la asociación de la desregulación con valores socialmente positivos como “mérito”, “libertad individual” o “igualdad de oportunidades”. En la praxis política, esto se traduce en discursos donde la reducción de protecciones laborales se articula como una forma de “nivelación por mérito”: el empleo protegido se presenta como asistencialista, mientras que la flexibilización es la encarnación simbólica del esfuerzo individual.
Esta construcción no solo neutraliza críticas basadas en evidencia empírica, sino que desplaza el foco del problema estructural de la precarización laboral hacia un supuesto déficit de esfuerzo de los colectivos más vulnerables. La consecuencia es que la percepción de injusticia se proyecta hacia otros trabajadores o hacia estructuras intermedias (sindicatos, funcionariado, etc.), debilitando la cohesión de los intereses colectivos que históricamente han sustentado la defensa de derechos laborales. Cuando la precariedad se naturaliza como “libertad”, la cohesión social se fragmenta y la defensa colectiva de derechos se disuelve en individualismo competitivo.
4. Ejemplos concretos en España: narrativas y percepción pública
En España, fenómenos como la persistencia de altas tasas de temporalidad, la presión social sobre el empleo juvenil o la crítica a determinadas formas de negociación colectiva han sido instrumentalizados en ciertos discursos políticos y mediáticos para justificar reformas laborales que, más allá de la retórica, implican menores protecciones y mayor inseguridad jurídica en las relaciones de trabajo. Ejemplos observables incluyen:
La interpretación reduccionista de la protección por despido, presentada como una barrera para la contratación, sin abordar las consecuencias efectivas en términos de estabilidad y seguridad económica para la persona trabajadora.
La crítica genérica a los regímenes de negociación colectiva, que puede erosionar el reconocimiento social de los convenios como mecanismos jurídicos de equilibrio entre capital y trabajo. La exaltación de la flexibilidad como valor en sí mismo, sin contextualizar debidamente su impacto en condiciones de trabajo, salud laboral o protección social.
Estas estrategias discursivas —tan visibles en plataformas mediáticas, redes sociales o espacios de debate público— no son inocuas. A menudo se articulan con posicionamientos partidarios que buscan consolidar apoyos en segmentos como jóvenes sin empleo, trabajadores con contratos precarios, mujeres en sectores feminizados o migrantes en situaciones de vulnerabilidad, construyendo una percepción favorable a políticas que, en última instancia, pueden contradecir sus intereses materiales objetivos.
5. Impacto sobre la cohesión social y límites jurídicos
Desde una perspectiva técnico-jurídica, el fenómeno descrito tiene implicaciones directas sobre la legitimidad del sistema de derechos laborales y la estabilidad del modelo social europeo recogido en normas como el Estatuto de los Trabajadores, la Constitución Española o las directivas comunitarias en materia de empleo. La construcción de marcos mentales que legitiman la precariedad puede erosionar no solo la percepción social de derechos fundamentales, sino también la eficacia normativa de las protecciones jurídicas existentes, debilitando mecanismos de tutela frente a prácticas empresariales abusivas.
Jurídicamente, el reto consiste en preservar la coherencia del ordenamiento laboral frente a marcos comunicativos que buscan naturalizar la precarización bajo la apariencia de libertad. Esto exige no solo análisis doctrinales, sino estrategias de información pública que defiendan la finalidad social de derechos laborales y contrarresten narrativas que, disfrazadas de progreso, pueden socavar la justicia social.
6. Conclusión: hacia una alfabetización crítica de percepciones políticas
La actual dinámica política y mediática demuestra que no basta con disponer de un marco jurídico sólido si no existe una comprensión crítica de cómo las percepciones sociales se construyen y transforman. La batalla por la legitimidad de los derechos laborales no se resuelve únicamente en los tribunales o en los parlamentos, sino también en el debate público y en las representaciones culturales que la ciudadanía adopta como propias.
Este análisis subraya la necesidad de reforzar no solo las estructuras jurídicas de protección social, sino también la educación cívica y el pensamiento crítico de la población, para que las narrativas que moldean la opinión pública no se conviertan en instrumentos de erosión de derechos conquistados históricamente.
En la España contemporánea, determinadas corrientes involucionistas avanzan con éxito en una pugna cultural de hondo calado, reinstalando imaginarios que evocan las etapas más sombrías de nuestra historia; son capaces de obrar el prodigio retórico de persuadir al sometido de que el hierro que le aprisiona no es lastre, sino impulso, y de que la renuncia a sus derechos constituye, en realidad, la forma suprema de su libertad.
No son ya los talleres húmedos ni las paredes desconchadas las que revelan la injusticia; es la sonrisa forzada ante la inestabilidad permanente, es el aplauso inconsciente a quien reduce derechos en nombre de la eficiencia, es la convicción sembrada de que la fragilidad laboral constituye madurez democrática. La pobreza ha aprendido a disimularse bajo la retórica del emprendimiento y la desigualdad se reviste de mérito. Y mientras tanto, el ciudadano trabajador —heredero de luchas que conquistaron dignidad jurídica— corre el riesgo de abdicar de su propia memoria histórica. Cuando el derecho se percibe como obstáculo y no como conquista, cuando la protección social se caricaturiza como privilegio, el retroceso deja de parecerlo. Entonces, como advirtió Tressell en otra época, la filantropía involuntaria del explotado vuelve a escena: sostener con entusiasmo el mismo orden que limita su horizonte vital. Y en ese instante, la mayor derrota no es económica, sino moral.