Desgraciadamente esta pobre chica, casi una niña, después de mucho sufrimiento murió cuando debería estar empezando a vivir.
La primera cuestión es sentir el dolor de una muerte temprana y causada en última instancia por una violencia machista que la empujó a un intento de suicidio. Y ese intento de suicidio la llevó a una situación de discapacidad y dolor que a su vez originó la petición de eutanasia. Pero no debería haber pasado. No fue un accidente. No fue una enfermedad contra la que la medicina no supo luchar, fue una muerte ocasionada por las condiciones sociales que esta niña tuvo que vivir.
Y su muerte se convirtió en un espectáculo del que buscaron sacar tajada empresas de medios de comunicación, periodistas y también políticos. Carroñeros buscando el beneficio de la muerte una mocina maltratada por la vida.
Queremos hacer hincapié en tres de los aspectos que deberían recibir propuestas desde la política y reflexión desde la prensa. No mentiras o frases hechas y huecas.
En primer lugar queremos reinvindicar la labor de los servicios sociales que rescatan a los menores y a las menores de las familias que no pueden atender o que directamente son un peligro para estos menores. El estado no «quita», como decía Abascal, su hija a un padre así como así. Solo la rescata si realmente existe una situación muy grave de abandono o de riesgo para el o la menor.
Las personas de trabajo social, educadoras sociales y psicólogas que intervienen en los procesos son profesionales formadas y que se atienen a protocolos rigurosos. Antes de que se decida que un menor no siga con su familia, se buscan todas la sopciones posibles y se realiza un seguimiento de la situación del menor y de su familia.
Claro que puede haber errores puntuales o personas que sean menos empáticas en el desarrollo de su trabajo, pasa en todas las profesiones. Pero en general, estas profesionales se ven indefensas cuando las familias acuden la prensa a difamarlas y la prensa de forma acrítica vende el clickbait del pobre padre al que le quitaron sus hijos.
Ha sido noticia el caso de los dos niños y una niña encerrados en su casa en Oviedo. Una casa unifamiliar con jardín al que los menores no podían salir. En su casa, según la policía, no había adecuadas condiciones higiénicas, ni alimentación adecuada. Es decir, los menores vivían en una cárcel y mal atendidos. Sin entrar en la cuestión penal que se dirime en los tribunales. ¿Alguien puede defender que es bueno que un niño no salga nunca de las cuatro paredes de su casa?
Esos casos y peores son los que afrontan los servicios sociales. En nuestra sociedad hay abusos sexuales, hay violencia y hay abandono. Y quienes están en sas situaciones no siempre son personas en situación socioeconómica vulnerable. A veces nos sorprenderíamos si viéramos todo lo que ve la gente que trabaja en estos servicios.
Creemos que el caso de Noelia es un buen momento para reivindicar el trabajo del personal de ayuntamientos y Consejería que realizan su labor con la discreción necesaria de su profesión.
Ciertos sectores de la política buscan estigmatizar la figura del funcionariado y despreciar la labor de los servicios sociales. La prensa busca el escándalo sin hacer análisis de contexto. La sociedad, pro el contrario, necesita unos servicios sociales fuertes que rescaten a los menores de las familias que nos les pueden atender o que directamente les hacen daño antes de los daños sean irreversibles.
Y, obviamente, necesitamos centros de acogida, bien equipados, con suficiente personal y bien formado para poder responder a sus necesidades. Difícilmente ayudaremos a los menores si los sacamos de su familia y los centros de acogida no reúnen condiciones adecuadas. La privatización de esos espacios debe ser vigilada muy de cerca y reducida a su mínima expresión. Los menores no pueden ser un campo de negocio.
Y tampoco podemos consentir el continuo señalamiento y acoso que desde la ultraderecha se hace a esos centros. El dinero invertido en ellos es necesario y productivo. Porque los niños y las niñas son nuestro futuro y los necesitamos. Ya no por altruismo, sino por egoísmo, debemos exigir que esos centros recojan las mejores prestaciones posibles para ese acogimiento.
No sabemos, ni queremos averiguar cómo fue el acogimiento en este caso. Ya no importa, dejemos el morbo y dejémosla descansar en paz. Pero utilicemos su caso para poner el foco político y social en las circunstancias que tuvo que atrevesar en su vida para entrenar nuestra inteligencia colectiva sobre qué es importante en este caso y por qué debemos luchar. Recordemos que en mayo de 2027 hay elecciones autonómicas y municipales y que las competencias en esta materia son de esas dos administraciones. Exige conocer los programas electorales en esa materia y pide coherencia.
El segundo aspecto que creemos que es fundamental es la agresión sexual. No disponemos de datos ni parece que esos datos existan por no haber existido denuncia. Sabemos que quienes afirman conocer la nacionalidad de los violadores o afirman que se produjeron en el centro de menores, no tienen ningún dato, se lo están inventando y evidentemente, por las fechas no fue en cualquier caso en el centro de menores.
Ahora bien, este caso nos tiene que llevar a poner el foco sobre las agresiones sexuales y las personas vulnerables.
Una agresión sexual no es solo un coito no consentido, es un daño muy profundo a la persona agredida. Desgraciadamente se erotiza la violencia contra la mujer y no se pone el foco en las secuelas psicológicas y físicas. En el caso de Noelia la llevó a intentar suicidarse. Noelia es una víctima de la violencia machista. Fue víctima de hombres que pasaron por su vida y vieron en ella, no a una persona, sino a un objeto de dominación. Alguien a quien destruir solo por capricho y diversión. No sabemos si eran extranjeros, españoles, altos o bajos. Sabemos según su testimonio que fueron varios, que eran hombres y que quedaron impunes.
Desgraciadamente la nefasta gestión política de la ley de defensa de la libertad sexual, mal llamada del sí y solo sí, ha convertido el tema en un pim pam pum partidista obviando la gravedad y extensión del problema y la necesidad que tenemos de acotarlo y reducirlo.
El eje principal es el que marca el nombre de la ley. El estado debe garantizar la libertad sexual de todos sus ciudadanos y de todas sus ciudadanas. Nadie, ni hombre ni mujer puede sentirse obligado de una forma u otra a participar en un acto sexual que no desea.
Desgraciadamente, la prensa, el cine, la publicidad y la política no defienden este principio. Sabemos que en centros de menores de varias comunidades, hubo niñas en redes de prostitución. Decimos niñas porque niñas son con 15 años. Cuando se destapó el caso de Baleares, se buscó una pieza de cacería partidista sin darse cuenta que el problema era más profundo y abarcaba periodos de gobiernos de diferente signo político. Luego ya saltó Madrid y el silencio mediático se hizo profundo. En el caso de Asturias, donde hay que reconocer que la propia Consejería fue quien denunció, vimos piezas periodísticas infames. «Las chicas entraban y salían del centro como Pedro por su casa». Titulaba el periódico más vendido de Asturias citando las declaraciones de uno de los proxenetas y por tanto violador. Claro, es que el centro de acogida es literalmente su casa. Y ese periódico dio eco a las declaraciones de un violador de menores justificando su crimen sobre el comportamiento de la víctima. Inadmisible pero frecuente.
Podríamos hablar de un auditorio que, en pie, vitorea a Plácido Domingo. O del caso Epstein, sin consecuencias políticas o penales. El único famoso detenido, el hermano del rey de Inglaterra, lo es por desvelar secretos no por violar menores.
Tenemos que tomarnos en serio la violencia sexual. Es un problema que debe ser prioritario en nuestra sociedad y necesitamos tomarlo en serio y proponer medidas que permitan reducir el número de agresiones anuales que se registran en España. Ante cualquier ciclo electoral debemos preguntar a los partidos que se presentan qué medidas realistas y verificables van a tomar en esta materia.
Finalmente, nos gustaría hablar de la influencia de la repercusión mediática en la aplicación de la ley. La ley española nace, entre otras cosas, por la indignación social que causaron las querellas con el doctor Montes. Un buen médico que fue acosado por la derecha madrileña cegados por su fanatismo y bien regados con dinero público. Era necesaria seguridad jurídica para algo que es completamente aceptado y que solo un fanático puede rechazar, evitar el sufrimiento en el momento de la muerte. Ni siquiera hay base religiosa sólida para oponerse a algo tan razonable.
La ley española es garantista como debe serlo un tema tan delicado y susceptible de ser manipulado por intereses espurios. El problema es que cuando se produce un espectáculo mediático se compromete la libertad de quien tiene toma la decisión. Más cuando es una persona vulnerable. Las personas necesitamos atención y si solicitar la eutanasia la genera, podemos estar creando un mecanismo perverso.
En el caso de Noelia el entorno sociosanitario ha sido ejemplar. Sin filtraciones y sin responder a las provocaciones. Han sido los mal llamados abogados cristianos y su padre quien han conseguido que el caso fuera conocido y tuviera repercusión. De los abogados cristianos que viven de generar escándalo con actuaciones dedicadas solo a causar daño, no nos extraña. Pero que el padre se prestase a este circo es menos disculpable. No juzgamos a nadie, pero es obligación de un padre cuidar a una hija hasta que tiene 18 años, justo cuando Noelia estaba en un centro de menores. Después de eso, es mayor de edad y lo que toca a los padres es acompañar y respetar.
En el último tramo el espectáculo y la miseria moral movida en torno al tema ha sido repugnante y preocupante.
Es cuestión de preguntarse si quizá la ley debería prever estos casos y salvaguardar la intimidad del paciente y del equipo médico exigiendo confidencialidad del momento y lugar de la eutanasia. Procurando con eso alejar de la presión mediática a la persona y que eso sirva de salvaguarda para su libertad. No podemos pedir a los grupos empresariales que dominan los medios de comunicación mesura porque ya sabemos lo que son. La autoregulación no funciona con esta gente. Tenemos que regularlo.
Descansa en paz, Noelia. Que su caso nos ayude a reflexionar colectivamente y mejorar como sociedad.