Imaginen que residen en un edificio donde, año tras año, el recibo mensual de gastos de comunidad se incrementa. También, anualmente, el administrador presenta unos presupuestos en los que las partidas para mantenimiento y mejoras del inmueble son superiores a anteriores ejercicios.
Pese a todo ello —incremento de la recaudación y planificación de múltiples obras— los propietarios ven cómo pasan los meses sin que se repare la gotera del tejado que afecta al vecino del ático, el espejo del ascensor continúa roto, no se ha renovado desde hace una década los útiles de limpieza que usa el portero y la gran reforma del portal se ha quedado en la sustitución de un par de macetas en las que siguen los mismos potus.
A duras penas el administrador limita su labor a gestionar la continuidad de los más básicos servicios de la comunidad, mientras los vecinos se preguntan adónde van a parar las cuotas que religiosamente abonan cada mes.
Algo muy parecido a lo descrito nos está pasando a los asturianos.
En el último lustro, los ingresos que recibe la administración del Principado de Asturias procedentes de los principales impuestos aumentaron en más de 800 millones de euros.
Cabe destacar que, dentro de estos tributos, los que más se han incrementado están estrechamente ligados a la inflación y, especialmente, al alto precio de la vivienda. Con estos datos, no parece exagerado afirmar que las arcas que gestiona el gobierno de Adrián Barbón se asientan sobre la creciente dificultad de los asturianos para llenar la despensa y la casi imposibilidad para acceder a un hogar en propiedad.
Pese al mencionado incremento recaudatorio, Asturias puso fin al año 2025 ocupando los puestos de cola en ejecución presupuestaria —en los capítulos de inversión— de la lista de comunidades autónomas.
La baja ejecución presupuestaria en los citados capítulos de inversiones no se limita al pasado año, donde se sitúa en un 56,6%. El ejecutivo autonómico dejó 1.300 millones de euros sin invertir en los últimos tres años.
Son las principales consejerías del gobierno autonómico, sobre las que se asientan algunos de los más importantes pilares del estado de bienestar, en las que se cristaliza la rácana ejecución presupuestaria:
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar empleó en inversiones tan sólo el 47% de lo fijado en los presupuestos. Un ridículo 6% fue lo que invirtió el ERA en las 27 residencias de ancianos que gestiona.
El gasto en inversiones de la Consejería de Salud se quedó en un 52%.
De lo que las cuentas fijaban para mobiliario de centros escolares públicos, la Consejería de Educación solo empleó el 10% y, de las partidas destinadas a obras en estas instalaciones, el 30%.
Para intentar atenuar la citada dificultad para acceder a una vivienda, el ejecutivo asturiano cuenta con la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. Sin embargo, que esta área del gobierno el pasado año haya dejado sin ejecutar el 70% de su presupuesto, pone en duda su utilidad.
Los presupuestos son la hoja de ruta de cualquier gobierno. Si algo se parece a un ejecutivo incapaz de aprobar unas cuentas publicas —como es el caso del Gobierno de España— es aquel que, aún contando con ellas, no las ejecuta.
Cabe preguntarse por qué el Gobierno del Principado de Asturias no acomete las inversiones comprometidas.
Sea falta de voluntad política, incapacidad para la gestión o ambas razones, la realidad es insostenible. El continuado incumplimiento presupuestario condena a esta tierra a languidecer en una suerte de viaje a ninguna parte carente de toda ambición en el que la calidad de los servicios públicos se resiente.
¿Qué hacen con nuestro dinero?