Resulta complicado poner de acuerdo a prácticamente la totalidad de los asturianos, pero el peaje del Huerna lo ha conseguido. Quedó demostrado en octubre del año pasado, cuando una multitudinaria manifestación recorrió las calles de Oviedo para exigir la supresión del gravamen, y ahora ha vuelto a ponerse de manifiesto. No es habitual encontrar un consenso tan amplio en Asturias, y menos aún en un asunto que durante años se asumió con resignación. Quizá por eso llama más la atención que haya tenido que pasar tanto tiempo para que este clamor social se traduzca en acciones políticas concretas.
El Principado anunció esta semana que planteará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para que se declare nula la decisión adoptada en el año 2000 de prorrogar hasta 2050 el peaje de la Autopista del Huerna, principal vía de comunicación con la Meseta, después de que el Ministerio de Transportes haya desestimado la acción de nulidad planteada por la administración autonómica. El Gobierno ya había anunciado que su intención era llegar hasta el final con este asunto, y queda así demostrado que hablaba en serio.
La decisión del Ejecutivo autonómico ha vuelto a traer a la primera línea de la agenda política un asunto que, no olvidemos, viene de lejos. El problema se origina en la prórroga del peaje, acordada en el año 2000 por el Gobierno del PP presidido por José María Aznar, con Francisco Álvarez-Cascos como Vicepresidente del Gobierno. Aquella decisión, que hoy sigue marcando el presente de Asturias, no fue un mero trámite administrativo, sino una elección política de gran calado cuyas consecuencias se han prolongado durante décadas. Tras esa decisión, si nada cambia, tendremos que seguir pagando hasta 2050. Durante todos estos años, la situación permaneció invariable, con un malestar generalizado pero sin acciones concretas encaminadas a modificarla. Y lo cierto es que, pese a que el origen del problema está claramente identificado, su reversión no formó parte central del debate político hasta hace apenas unos meses, como si se tratase de una realidad inamovible.
Pero todo cambió el verano pasado. La Comisión Europea advirtió al Gobierno de España de la ilegalidad que supuso la prórroga de la concesión, al vulnerar las reglas de la UE en materia de contratación pública y concesión de autopistas. El Principado vio ahí un hilo del que tirar y sus medidas han sido cada vez más contundentes. Esto ha supuesto también un distanciamiento evidente con el ministro Óscar Puente, a quien desde el Ejecutivo autonómico le dirigen reproches de forma periódica. Sorprende el silencio de un político que no acostumbra a esconderse y que suele entrar al cuerpo a cuerpo en el debate público. Por algo será. O quizá porque este asunto resulta especialmente incómodo: no solo por su origen, sino por la dificultad de ofrecer una solución rápida a un problema enquistado durante años.
En este contexto, la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, ha asegurado que existe una comunicación «fluida» entre el Principado y el Ejecutivo central. La afirmación, sin embargo, invita a cierta reflexión. Si esa fluidez es real, cuesta entender por qué las posiciones parecen tan alejadas o por qué las decisiones del Ministerio han ido en dirección contraria a las demandas del Gobierno asturiano. Y, en caso de que esa comunicación sea efectivamente constante, cabe plantearse hasta qué punto se le está haciendo caso, porque los resultados, de momento, no reflejan precisamente una sintonía efectiva. Más que un diálogo, parece un monólogo en el que uno pide y otro solo escucha.
El Principado no está solo en esta batalla. Tras su anuncio, la respuesta de los diferentes colectivos implicados ha vuelto a ser inmediata. UCE Asturias ha anunciado que llevará el caso a la Fiscalía. La organización considera que la empresa que explota la principal vía de comunicación entre Asturias y León no solo cobra un peaje por una prórroga «ilegal» de la concesión hasta 2050, sino que también lo percibe en su integridad pese a que más del 40 % de su trazado se encuentra en obras. Este es otro de los argumentos que cargan de razón a los que exigen el fin del gravamen. Argumentos que, además, evidencian que el problema no es solo jurídico o histórico, sino también profundamente práctico y cotidiano para quienes utilizan la vía.
También la patronal FADE ha asegurado que acudirá a los tribunales si no le convence la respuesta de Transportes, mientras que CCOO reclama que vuelva la presión social mediante movilizaciones. Que organizaciones tan diversas coincidan en el diagnóstico y en la necesidad de actuar refuerza la idea de que el peaje ha dejado de ser un asunto sectorial para convertirse en un problema estructural.
El peaje del Huerna ya no es solo una cuestión de infraestructuras, es todo un símbolo. De agravio, de desigualdad y también de la capacidad de una sociedad para defender lo que considera justo. Asturias ha pasado de la queja resignada a la acción coordinada, y ese cambio de actitud es, en sí mismo, una noticia. Ahora falta comprobar si esa unidad, tan poco habitual, es suficiente para torcer una decisión que nunca debió prolongarse tanto. El desenlace dirá si esta vez, por fin, el Huerna deja de ser un peaje… también político.