La tormenta no solo no cesa, sino que empieza a tener un claro componente político que el PSOE ya no puede esquivar con facilidad. La investigación del caso Cerredo suma nuevos capítulos cada semana y el último deja una sensación cada vez más extendida: los socialistas no solo están más solos, sino que están aislados.
El borrador del informe presentado por Covadonga Tomé marca un punto de inflexión porque ya no se limita a ordenar hechos, sino que señala responsabilidades políticas. Y ahí es donde el PSOE ha decidido plantar cara. Los socialistas defienden una resistencia que, a medida que se acumulan apoyos al documento —desde la oposición hasta sindicatos como SOMA y CCOO—, parece más difícil de defender. Eso sí, la FSA ha lanzado un mensaje de unidad al respaldar los dirigentes locales el rechazo al borrador del dictamen.
El argumento de que no hubo responsabilidad directa en el accidente puede ser técnicamente correcto, de hecho así lo recoge el informe de la Inspección General de Servicios, pero eso no significa que políticamente sea suficiente. Porque lo que está en discusión no es solo quién hizo qué, sino cómo funcionaba el sistema y quién lo permitió.
El borrador del informe propone la reprobación de cuatro figuras clave de la etapa de gestión socialista: los exconsejeros de Industria Enrique Fernández (actual presidente de Hunosa), Nieves Roqueñí (presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón) y Belarmina Díaz, además del exviceconsejero Isaac Pola. Toda la oposición, así como IU- Convocatoria por Asturias, socio del PSOE en el Gobierno autonómico, consideran «ineludible» el señalamiento de responsabilidades. Con este escenario, el recorrido que aún tiene el informe y una presión que va en aumento cada día, parece difícil que el PSOE pueda sostener su posición.
El informe, además, reabre una herida interna que no está cerrada. Desde IU-Convocatoria por Asturies ya se admitió en su momento que el punto de mayor tensión del pacto de Gobierno, hasta el extremo de ponerlo en riesgo, fue el accidente de la mina de Cerredo. Aquella crisis se resolvió con la dimisión de la consejera Belarmina Díaz, pero ahora, con más información sobre lo ocurrido, esa decisión parece insuficiente. La próxima semana se presenta caliente para el Ejecutvo de Barbón con un socio de gobierno que, ya lo ha anunciado, va a insistir en su petición de responsabilidades políticas.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguró a comienzos de mes que «vamos a llegar hasta el final. Caiga quien caiga». Ahora queda por ver dónde sitúa el PSOE ese final, si habrá más consecuencias políticas y, sobre todo, cómo se explica todo ello a la ciudadanía.
Al menos, la creación de unas ayudas para las víctimas de accidentes laborales, a la que podrán acogerse las familias de los fallecidos en Cerredo, sirve para demostrar la empatía del Gobierno con las víctimas.