El éxito comunicativo del nacional-populismo probablemente resida en una continua apelación a la vísceras que les permite un total divorcio con la realidad. No necesitan argumento racional alguno, basta con excitar el malestar y convertirlo en agravio contra el más vulnerable. Retorcer el lenguaje, confundir, confrontar y agitar sembrando la cizaña es, así, su especialidad. Sus líderes no habrán enderezado un entuerto en su vida (distinto de su propia subsistencia personal, en casos como el de Abascal), ni les confiaríamos en nuestro sano juicio la gestión ni siquiera de una comunidad de vecinos o de una comisión de festejos, pero son sobresalientes en «el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar los remedios equivocados», que diría Groucho Marx. Así sucede con la exitosa colocación en el debate público de la «prioridad nacional», que en puridad no debería llevar tal engañoso nombre. «Prioridad nacional» serían los objetivos considerados superiores en el orden de importancia para su consecución colectiva; pero estos maestros de la tergiversación no se refieren precisamente a metas comunes, sino a la primacía de los nacionales sobre los extranjeros en todos los órdenes. Es decir al establecimiento de diferenciaciones y preferencias en la posición social y en toda clase de derechos (que no en obligaciones). Por cierto, a la hora de determinar quien es nacional, Vox, emulando a Alternativa por Alemania y a la ejecutoria del trumpismo, amenazan con revisar retroactivamente declaraciones de nacionalidad, que no son precisamente fáciles de conseguir para los extranjeros con residencia legal continuada. Incluso, como ha dicho su portavoz en el Parlamento de Cataluña, consideran establecer el criterio de que sólo pueda ser nacional español el hijo tanto de padre como de madre españoles, lo que llevado hacia atrás nos terminaría privando de la nacionalidad a todos. Ya lo deducía así Jacques Roubaud en su lapidario poema «¿Le Pen es francés?» (1991) para recordar tamaña absurdez enunciada antes por el patriarca de todos estos partidos disolventes, igualmente origen del criterio de «prioridad nacional».
La citada «prioridad nacional» se plantea desde el punto de partida falso e insidioso que sitúa a los españoles en peor condición que los extranjeros ante la ley. Algo que sólo en el mundo alucinatorio del imaginario nacional-populista sucede. Al contrario, los extranjeros en situación regular, y de entre ellos incluso aquellos con residencia permanente, carecen de numerosos derechos, empezando por derechos civiles y políticos elementales, lo que no les evita sujetarse a las mismas obligaciones (las tributarias, por ejemplo). De hecho, aunque tengan que sufrir la acción política de los responsables públicos (algunos empeñados en perseguirles), no pueden concurrir a elecciones ni votar, salvo en comicios europeos y municipales en algunos casos (los nacionales de países de la UE y, sólo en las locales, los de los pocos países con convenio que lo reconocen recíprocamente). Tampoco pueden acceder al empleo público (nuevamente salvo los comunitarios y no en todos los casos). En materia de derechos sociales, la exigencia de residencia legal es requisito constante en todas las prestaciones, subsidios o convocatorias de ayudas, y el establecimiento de ciertos periodos de dicha residencia o de empadronamiento no es nuevo, sin que ello pueda ser carta blanca para extender dichos requisitos de manera desproporcionada como ahora se pretende. Que el acceso a la educación obligatoria o a la asistencia sanitaria se contemple para todas las personas, no sin dificultades administrativas (sobre todo en el caso de la sanidad) incluyendo a quien se encuentren en situación irregular, se fundamenta en proteger valores elementales como la protección de la infancia o la consecución de niveles adecuados de salud pública, que depende de la de cada uno de los individuos (como vimos con su crudeza en la pandemia), pues los padecimientos y las enfermedades no entienden de papeles. Por lo general, salvando dichos ámbitos o aspectos muy concretos (la asistencia jurídica gratuita para quien carezca de rentas, dado el derecho de todos a la defensa), el extranjero que esté en situación irregular está al margen del radio de la protección social y a merced de la beneficencia, cuando esta aparece. De ahí, dicho sea de paso, el valor de procedimientos ordinarios de regularización por arraigo (contra los que Vox también se posiciona, pues sólo le sirve la detención, el internamiento y la expulsión, injusta e inviable en multitud de casos). Regularización que es una medida decente y pragmática, que permite emerger a un relación normalizada de derechos y obligaciones con el Estado y evitar la perpetuación de bolsas de irregularidad. A propósito, es significativo el cúmulo de mistificaciones y despropósitos dialécticos utilizados por dirigentes de la derecha, incluyendo tristemente el propio Núñez Feijóo, tratando de desacreditar la regularización, con equiparaciones mendaces entre antecedentes policiales (que no equivalen a una condena) y penales vigentes (que sí son impeditivos de la regularización), y sin tener en cuenta que la norma reglamentaria que articula el proceso prevé claramente como requisito «no representar una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública» lo que se podrá valorar con un informe policial.
Llama la atención también la voluntad de castigar a las entidades que trabajan con la población inmigrante. Los pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón, entre otras perversidades, se deslizan por esa pendiente al criminalizar a las organizaciones que prestan apoyo a las personas independientemente de su situación administrativa, y que pueden ayudar, por ejemplo, a acceder a alimentación, vestido, aprendizaje del idioma, asesoramiento legal básico y apoyo humanitario elemental, donde el propio Estado no llega ni quiere alcanzar. La ausencia de misericordia alguna de esta propuesta define el perfil de los acuerdos y la sumisión política del PP, dispuesto a claudicar en principios básicos. En paralelo, la confrontación con el portavoz de la propia Conferencia Episcopal, con el comentario infame sobre el beneficio de las entidades de apoyo a los inmigrantes, retrata perfectamente al líder de Vox. No es en absoluto anecdótico porque el hostigamiento a las asociaciones de apoyo a extranjeros (hasta su proscripción) y el desprecio y persecución a las personas que realizan esa labor, es una de las actuaciones fundacionales de los sistemas autoritarios en auge y a esa moda se apuntan ahora en España partidos que desempeñan funciones de gobierno en comunidades autónomas y ayuntamientos. La protección jurídica para las asociaciones de apoyo a la población extranjera se convertirá en una primera prueba de fuego para contrastar la capacidad de resistencia de nuestro sistema de libertades frente a la regresión. No será sencillo porque Vox está tratando de atribuirse, en los nuevos pactos suscritos en las comunidades autónomas en las que va a gobernar en coalición, la responsabilidad de servicios sociales, con la misma voluntad patrimonializadora y destructiva que ya ha demostrado en otras áreas que ha pretendido capitalizar. Por otra parte, quienes teniendo un DNI español piensen que por hacer a otros de peor condición se van a beneficiar, se equivocan de plano, empezando por el repudio visceral del nacional-populismo a toda idea de justicia social, que niegan de raíz; o por sus continuas invectivas frente las prestaciones de toda naturaleza, que se han cansado de llamar despectivamente «paguitas» (las cobren nacionales o extranjeros) aunque uno las haya devengado cotizando o haya contribuido a sufragarla con los impuestos. Contribuciones de las que también abominan, como de todo lo que tenga que ver con la configuración de una comunidad solidaria de intereses donde quepamos todos.
Tras la política de «prioridad nacional» lo que hay es, sobre todo, una inequívoca voluntad de segregación. Su retórica de «nosotros» y «ellos», apelando a la división más primaria y brutal, es sencillamente peligrosa para la convivencia, como vimos en Torre Pacheco. Pretenden extirpar cualquier sentimiento de empatía o solidaridad, considerando que la identificación sólo puede producirse en un grupo nacional, de cuyo canon se consideran titulares exclusivos y que además definen de una manera homogénea que no se corresponde con la realidad (su concepción de la españolidad al estilo Torrente no es la de la inmensa mayoría de este país). Un principio totalitario que asume la idea disparatada de que no tenemos nada en común con el resto, y que nos debe preocupar más «Fran que Mohamed» (en términos literales de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid); desconociendo, para empezar, que muchos españoles pueden llamarse también así y, que, dependiendo de las circunstancias, nuestras preocupaciones e intereses pueden alinearse de una manera distinta a la que la extrema derecha presupone y no necesariamente en términos de nacionalidad. Puestos a buscar supuestos de discriminación y postergación de nacionales españoles, estos sí reales, Vox bien haría en cuestionar a su amo y defender a quienes temen por su situación legal en Estados Unidos por el acoso de Trump y los heritage Americans, que esconden la huella hispana en aquel país y convierte a las personas con apellido español en sospechosos sociales (como ha relatado públicamente y en primera persona Roger Martínez-Dávila, Catedrático de Historia Medieval Española en la Universidad de Colorado).
La voluntad de esta política es, en suma, excluir radicalmente a los extranjeros del contrato social, aunque vivan y contribuyan como uno más. Exigiendo que se sometan sin rechistar aunque se consagre su posición subalterna y cualquiera de sus derechos más básicos esté sujeto al arbitrio del poder. Sin embargo, la inmigración es un fenómeno constante que moldea junto a otras muchas influencias nuestras sociedades, y que sólo en una pesadilla totalitaria y criminal se erradicaría (con el uso exorbitante de la fuerza y la deportación masiva), empobreciéndonos y aislándonos. No se puede estratificar y excluir a nadie del acceso a los derechos económicos y sociales, y, para evitar que esto pueda ser factible, debería precisamente repensarse el vínculo entre nacionalidad y derechos políticos, en lugar de lo contrario. El modelo en el que la población extranjera vive en la subordinación, pasando un examen diario donde no pueden ser visibles y su voz sólo sea escuchada si lo piden por favor y hablan bajito, mientras desempeñan trabajos de segunda que los nacionales no desean, y con la permanente espada de Damocles de una retirada de su estatus legal, es un distopía inicua. Una verdadera prioridad nacional, al contrario, sería que el carácter integrador de nuestro país nos permitiese aprovechar las oportunidades del fenómeno inmigratorio, que es parte indisociable de una sociedad próspera y abierta, a la que es el nacional-populismo quien no se adapta. Evitando, por lo tanto, caer en esencialismos tribales y en buena medida racistas, como los que nos proponen de manera desvergonzada. Esta ofensiva involucionista nos interpela directamente: no dejarse envilecer es tarea de cada uno y para ello no hay excusa que valga.