El presidente del Gobierno de Asturias afirma no encontrar prueba alguna que demuestre la existencia de responsabilidades políticas en el trágico accidente, ocurrido en marzo de 2025, en la explotación de Cerredo.
Aquel día, cinco mineros perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos. En agosto de 2022, en la misma mina, en otro fatal accidente, murió un trabajador y otro fue gravemente herido.
En el informe elaborado —a petición del propio ejecutivo autonómico— por la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas de la Consejería de Industria, tampoco en el borrador de conclusiones de la comisión parlamentaria de investigación del suceso, encuentra Adrián Barbón nada que reprochar a su gobierno.
La creación de la comisión —impulsada por los grupos parlamentarios de la oposición con el recelo del grupo socialista— llevó a Barbón a solicitar el citado informe a la Inspección General de Servicios. Pensaba el presidente contraponer a las valoraciones políticas de la investigación parlamentaria las conclusiones técnicas de los inspectores.
El demoledor contenido del informe frustró la estrategia diseñada desde Suárez de la Riva.
Más de trescientas páginas en las que, negro sobre blanco, se señala como el Servicio de Minas dependiente de la Consejería de Industria incurrió en graves errores administrativos, fallos normativos, falta de diligencia e inacción en las inspecciones a las minas, controles insuficientes e inadecuados en relación a la seguridad y salud de los trabajadores o tramitación deficitaria —en ocasiones ausencia de valoración— de denuncias sobre explotaciones.
Quien firma estas líneas no cree que el presidente del Gobierno del Principado, sobre cuya honradez no hay sospecha, pretendiese que la Inspección General de Servicios abandonase su perfil técnico e independiente y redactase un documento «cómodo» para el ejecutivo autonómico. La sorpresa por lo señalado en el informe muestra el desconocimiento de Barbón de cuanto ocurría en una de las más importantes consejerías de su gobierno. Si bien esta falta de conocimiento no le hace responsable directo de lo acontecido en Cerredo, sí le obliga a tomar medidas drásticas.
Pretender liquidar toda responsabilidad política exclusivamente con la dimisión de la consejera de Industria en el momento del accidente —previamente había ocupado la Dirección General de Minas— dilatar en el tiempo dimisiones o ceses, sea el que sea el cargo público actual de quienes antes ocuparon responsabilidades en la citada consejería, convocar a los secretarios generales de las agrupaciones municipales socialistas solicitando el «prietas las filas» entorno a la versión oficial o intentar desacreditar el trabajo de la comisión de investigación de la JGPA traslada la imagen de un gobierno que no asume errores, se niega a depurar responsabilidades y, por lo tanto, es incapaz de gestionar indeseadas y complejas situaciones.
Pese a ser evidente, cabe destacar que la señalada renuncia del Servicio de Minas de la Consejería de Industria a ejercer sus labores de vigilancia y control no justifica que quien explotaba la mina de Cerredo, supuestamente, vulnerase la legalidad.
Que sea la justicia, de forma implacable, contando con toda aquella información que requiera de las instituciones públicas pertinentes, quien juzgue las acciones de esta empresa.
El liderazgo es un privilegio que, para su buen ejercicio, no debe estar exento de la obligación de tomar decisiones incómodas pero necesarias para preservar el buen gobierno. Es el momento de que Adrián Barbón así lo haga.
«El precio de la grandeza es la responsabilidad».
Winston Churchill.