Entre el 15 y el 18 de septiembre 1982, en el contexto de la guerra civil libanesa y la intervención militar israelí, se produjo en Sabra y Shatila, en Beirut Oeste, una de las matanzas indiscriminadas más horrendas contra la población civil palestina. Las milicias de la Falange Libanesa, provenientes principalmente de la comunidad cristiana maronita, irrumpieron en los campos de refugiados para asesinar a sangre fría a centenares de personas; en número que, sin que jamás se haya podido establecer una cifra exacta, se estima por distintas organizaciones internacionales en torno a 3.000 víctimas. Se trató de una actuación concertada con las fuerzas armadas de Israel, que, bajo el mando y conocimiento del entonces Ministro de Defensa Ariel Sharon, dieron cobertura a la acción ofensiva de dichas milicias. El objetivo principal era infligir un castigo colectivo a la población palestina refugiada, alentar su expulsión de Beirut y del Líbano, vengar el asesinato del Presidente Bashir Gemayel (hijo del fundador de la Falange Libanesa) producido el 14 de septiembre a manos de un rival pro-sirio, y proseguir la espiral de destrucción entre comunidades enfrentadas. Ayer como hoy (tanto en Gaza como en Líbano), la justificación pública del ataque a un campo de refugiados era neutralizar al terrorismo; y, entonces como ahora, la consecuencia de la violencia indiscriminada fue la materialización de un acto de genocidio, como declaró en aquel caso la propia Asamblea General de Naciones Unidas, que así describió la matanza en su Resolución 37/123 de 16 de diciembre de 1982.
Hoy la actuación militar israelí en el Líbano continúa causando estragos, en una nueva escala de destrucción y brutalidad. Desde el 28 de febrero de 2026, en el marco de la agresión militar de Israel y Estados Unidos frente a Irán, y con la reproducción de los episódicos choques con las milicias de Hezbolá, las fuerzas armadas de Israel llevan a cabo una nueva invasión del Sur del Líbano, y repetidos ataques en el resto del país (incluyendo Beirut). Replicando el esquema de Gaza, se ataca a periodistas, profesional sanitario y humanitario, se ordenan desplazamientos forzosos y se procede a la expulsión masiva de población de la franja Sur del país, destruyendo sin tasa infraestructuras, viviendas, centros educativos y sanitarios, centros religiosos, patrimonio cultural (como en Tiro) e instalaciones productivas, convirtiendo importantes porciones del terreno en no man’s land y acabando con 3.151 vidas hasta el 24 de mayo, según el Ministerio de Salud del Líbano; todo ello a pesar de una supuesta tregua que Israel no respeta. También en este caso, grupos extremistas que hace dos días eran voces marginales en la sociedad israelí han conseguido ahora colocar en la agenda política del país no sólo la reocupación militar (pues Israel ya controló el Sur del Líbano entre 1982 y 2000 y ha atacado periódicamente a su vecino) sino la colonización y la anexión, con la pretensión de mover la frontera entre los dos países al río Litani. Cobra así cada vez más cuerpo el proyecto expansionista del Gran Israel que perpetúa el conflicto y la desestabilización de la región. Cuentan para ello con la radicalización sin fin del gobierno israelí, dominado por partidos que hacen del genocidio y la muerte su bandera, como el del Ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, hombre con un amplio historial delictivo a sus espaldas que lleva en la solapa un pin con la horca (que ha logrado reinstaurar frente a los palestinos), en el mismo nivel ético y estético que la calavera de las SS-Totenkopf, según se ve. Y con otras fuerzas sin reparos en amparar esa política, como el Likud de Netenyahu, instalados en el bucle de la violencia porque, sin ella, el proyecto personal del Primer Ministro descarrilaría. Tienen a su favor, desgraciadamente, a la opinión pública del país, que en un entorno mediático igualmente inmerso en la exaltación nacionalista e imbuido del espíritu belicista de su gobierno, respalda en un 62% la expansión territorial en Líbano, según una encuesta del canal de televisión i24News. Abrazar el proyecto de ampliación territorial por la fuerza y deshumanizar a la población libanesa es también el patrón moral que alienta esta barbarie, en la que hemos visto escenas de expolio, humillación y escarnio a las víctimas grabadas por orgullosos soldados y publicitadas en sus propias redes, como ya sucedió en Gaza.
Existen, no obstante, algunas diferencias entre la consecuencias políticas de las matanzas de Sabra y Shatila y la dinámica actual de Israel. En aquel entonces, a resultas de la condena internacional, el Primer Ministro israelí (Menájem Beguin) promovió una comisión de investigación bajo la presidencia de la Corte Suprema (dirigida por Yitzhak Kahan), que reconoció la responsabilidad indirecta de Israel en la matanza y se saldó con la dimisión de Sharon como Ministro de Defensa. Aunque la Comisión Kahan no condujo a la reparación ni evitó la impunidad ni extrajo las consecuencias de toda índole que una acción similar debía comportar, y el propio Sharon llegó años después a primer ministro, tras socavar las negociaciones de Camp David entre Yaser Arafat y Ehud Barak y azuzar la conflictividad con los palestinos que dio lugar a la Segunda Intifada. Pero la Comisión Kahan al menos no ensalzó el crimen ni buscó legitimarlo, como harían los gobernantes israelíes actuales sin despeinarse. De hecho, de aquella fueron múltiples las manifestaciones de la sociedad israelí pidiendo responsabilidades y denunciando que en su nombre se perpetrasen tales crímenes; y, sin embargo, hoy, las valientes ONGs israelíes como Breaking the Silence, B’Tselem o Yesh Din, que documentan y denuncian las violaciones de derechos humanos cometidas por su país, cada vez cuentan con menos respaldo de una sociedad tendente el fanatismo y cada vez están más hostigadas por un sistema autoritario que se impone con rapidez en su país y promueve un clima de persecución frente a la disidencia. Las voces independientes como la de Ari Folman, que disecciona su propia experiencia personal como soldado en Líbano y testigo de Sabra y Shatila en el largometraje de animación «Vals con Bashir» (cinta que ha abierto el ciclo «Cine & Política» de Embajadores Foncalada, coordinado por el Chus Neira), cada vez se escuchan menos entre el vociferio étnico-nacionalista que ha hecho del apartheid y el genocidio su divisa, ante la indiferencia cuando no la complicidad de las grandes capitales del mundo.
La agresión militar de Israel sobre el Líbano no extrae ninguna de las lecciones de la dramática historia reciente. Difícilmente podrá el Estado libanés ponerse en pie, controlar efectivamente su propio territorio y conseguir el desarme de las milicias de Hezbolá si se ve periódicamente sometido a operaciones militares de su poderoso vecino, que se extienden a toda clase de objetivos y atemorizan a toda la población. En este contexto de violencia y sometimiento no cristalizará el ansia de una parte de los libaneses (que en 2019 demostraron su capacidad movilizadora en las calles) deseosa de superar la división comunitaria y hacer que su país comience a funcionar lejos del secuestro de las instituciones por las diferentes dinastías que encabezan las múltiples facciones herederas de la Guerra Civil. Y las misiones militares permanentes israelíes de ocupación no harán sino nutrir de argumentos y revestir de legitimidad ante una parte de la comunidad chií, a grupos armados como Hezbolá, que sin duda son una parte principal de los problemas estructurales que aquejan al Líbano, pero cuyo origen y pervivencia no puede entenderse sin la prolongada presencia militar israelí desde 1982 y aun antes. Se están plantando así las semillas las próximas décadas del conflicto, salvo que, retomando los intentos de pacificación que en el pasado tímidamente se ensayaron, impere alguna vez la razón y se rompa por fin esta cadena de iniquidad y crueldad.