El señor Pascual Estevill era un catalán criado en la posguerra que consiguió finalizar la carrera de Derecho en unos tiempos difíciles.
Como abogado, se relacionó con el entorno de Convergència i Unió y acabó siendo juez por el «cuarto turno», es decir, como «jurista de reconocido prestigio», aunque ese prestigio consistiera en relacionarse con estamentos no especialmente honestos.
En 1994 fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Convergència i Unió, el partido de Jordi Pujol.
La justicia llevaba un tiempo detrás de él, y no precisamente para condecorarlo. Al entrar en el Consejo no era posible juzgarlo sin la autorización de este órgano. Así que se solicitó al Consejo General del Poder Judicial el permiso para procesarlo. En el Consejo, algunas personas, lideradas por Margarita Mariscal de Gante, consejera a propuesta del PP, estuvieron protegiéndolo hasta que todo el órgano fue renovado en 1996. Alguien mal pensado diría que fue nombrado miembro del Consejo para evitar que fuera juzgado y enviado a prisión.
Margarita Mariscal de Gante era hija de una figura destacada del franquismo que fue policía y también juez del Tribunal de Orden Público, uno de los principales aparatos represivos de la dictadura. Al finalizar su mandato en el Consejo fue nombrada ministra de Justicia en el primer Gobierno de Aznar. No desentonaba en aquel Ejecutivo, donde varios ministros, y el propio Aznar, pertenecían a familias de larga tradición franquista.
Una vez abandonó el Consejo, Estevill pudo ser juzgado y condenado en el propio año 1996. En 2005 se celebró otro juicio por actividades anteriores a 1994 —ya sabemos que la justicia rápida no es precisamente una característica española— y fue condenado de nuevo, esta vez a nueve años de prisión y al pago de un millón de euros en indemnizaciones.
Pero ¿por qué fue perseguido y condenado este hombre?
Lo que pudo probarse, y por lo que fue condenado, es que, junto con el abogado de Jordi Pujol en Banca Catalana, chantajeaba a las personas que detenía. Si contrataban a ese abogado y pagaban lo que les exigía, quedaban libres; si no aceptaban las condiciones, pasaban por prisión preventiva, la merecieran o no.
Es decir, actuaba como un secuestrador que tomaba rehenes para obtener un rescate por su liberación. Lo hizo durante años y obtuvo enormes beneficios económicos.
Pero no todo lo hacía por cuenta propia. Hubo una persona que fue condenada por pagar a Estevill para que detuviera a individuos que le estaban causando problemas. Y esa persona nunca llegó a cumplir su condena.
Ese hombre siguió su propio recorrido judicial mediante recursos y otros procedimientos y, cuando ya no le quedaban más opciones, en el último Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero, después de perder las elecciones, fue indultado. Posteriormente, el Tribunal Supremo anuló una parte de ese indulto al considerar que no podía afectar a la inhabilitación para ejercer su profesión. Por ello, en 2013 el Gobierno de Rajoy modificó la legislación para que esa persona pudiera continuar en su puesto pese a la sentencia.
Esa persona, que mereció el indulto de Zapatero y una modificación legal por parte de Rajoy, era Alfredo Sáez, vicepresidente del Banco Santander y hombre de confianza de Emilio Botín.
Es decir, durante varios años, en Barcelona, una trama utilizó un juzgado y a un juez para encarcelar a personas que les resultaban molestas y exigirles el pago de un rescate o una retractación para recuperar la libertad. Era un método sistemático, no un delito aislado. Y en él estaban implicados un juez, el abogado del presidente de Cataluña y el vicepresidente del mayor banco de España.
Y esos delincuentes fueron protegidos de forma proactiva y evidente por los gobiernos de Aznar, Zapatero y Rajoy.
Estevill no es el único caso. Salvador Alba es un exjuez canario que actualmente se encuentra en prisión. Fue portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura y muy cercano al exministro canario de Aznar, José Manuel Soria. Fue condenado por hacer algo similar a lo que hizo Estevill. En este caso, la motivación era política y su actuación influyó en el resultado de unas elecciones generales, adulterando el funcionamiento democrático.
Hay que señalar que pudo ser condenado gracias a unos audios en los que se le escuchaba preparando el delito. En esas grabaciones aparecen otros jueces en ejercicio que no han sido investigados.
No pretendo alimentar teorías conspirativas ni fomentar la desesperanza. El hecho de que Estevill y Alba acabaran en prisión, y de que yo pueda escribir esto sin consecuencias, demuestra que hay cosas que sí funcionan. En la mayoría de los países del mundo, y también en España hasta hace no tantos años, estas cuestiones no se publicaban, aunque fueran conocidas. Y si hablabas de ellas, ibas a recibir golpes, metafóricos o no.
Simplemente escribo esto para desacreditar a quienes, ya sean periodistas o políticos, hablan del momento actual como si fuera el fin del mundo. Lo hacen porque mienten por intereses espurios o porque son ignorantes. En cualquier caso, no los escuches. Observa la realidad con perspectiva y contexto.
Eso como ciudadano de a pie. Desde la política, ni unos ni otros me convencen cuando afirman ser mejores que sus adversarios. Quiero propuestas concretas sobre cómo mejorar los procedimientos para detectar y perseguir a quienes actúan mal.
Por ejemplo, no entiendo por qué los fiscales, los letrados de la Administración de Justicia o los funcionarios de los juzgados no tienen representación en el Consejo General del Poder Judicial. Hablamos de democratizar las empresas y, sin embargo, ¿no hacemos lo mismo con la Administración pública?
Y ¿qué ocurre con el sorteo? En una situación de bloqueo institucional y de concentración del poder en determinadas élites madrileñas, sistemas que favorezcan la incorporación de personas de la periferia ajenas a esos círculos podrían aportar aire fresco al Consejo.
No existen soluciones mágicas, pero no se puede avanzar si, en primer lugar, la información de la que disponemos está sesgada y carece de contexto y, en segundo lugar, no se plantean propuestas que corrijan aquello que funciona mal.
Básicamente, menos redes sociales y más «programa, programa y programa», como decía alguien.