Cuando desmontar una línea eléctrica deja una deuda moral
OPINIÓN
En ocasiones, los grandes conflictos no nacen de enormes inversiones ni de complejas decisiones políticas. Surgen de algo mucho más sencillo: la sensación de que el sentido común ha sido sustituido por la indiferencia. Los vecinos de Soto de Lorio conocen bien esta historia.
La línea de alta tensión Lada-Velilla, propiedad de Red Eléctrica de España, atraviesa desde hace décadas parte de nuestro territorio. Tras su desmantelamiento parcial, ejecutado por la empresa adjudicataria Elecnor, permanecen en la memoria de muchos vecinos las consecuencias de los trabajos realizados durante el invierno de 2018, cuando una intensa nevada provocó la caída de una de las torres y obligó a intervenir con maquinaria pesada. Aquellas actuaciones dejaron seriamente deteriorado un camino público que continúa siendo utilizado por los habitantes de la zona.
Años después, con motivo de la retirada de los últimos apoyos y cables, los trabajos regresaron al valle. Y con ellos regresó también una vieja aspiración vecinal: reparar definitivamente ese camino.
La petición realizada por algunos propietarios y residentes no parecía desproporcionada. Según explican, varios de ellos facilitaron voluntariamente el acceso a sus fincas para simplificar las labores de desmontaje. A cambio, proponían una solución modesta: la aportación de unas cubas de hormigón que permitieran a los propios vecinos asumir posteriormente la mano de obra necesaria para acondicionar el camino.
No se pedían indemnizaciones millonarias. No se reclamaban obras faraónicas. No se exigían privilegios. Simplemente se apelaba a la colaboración entre quienes obtienen un beneficio económico de una actuación y quienes conviven diariamente con sus consecuencias. Sin embargo, la propuesta no prosperó.
Resulta difícil comprender que, en una época en la que las grandes empresas destacan en sus memorias corporativas conceptos como sostenibilidad, compromiso rural, responsabilidad social o integración territorial, una oportunidad tan sencilla para fortalecer la confianza con la comunidad local haya terminado desaprovechándose.
Quizá existan razones técnicas, jurídicas o administrativas que los vecinos desconocen. Es posible. Pero incluso cuando la legalidad ampara una decisión, no siempre la legitima ante los ojos de quienes viven sobre el terreno. La España rural no reclama privilegios. Reclama consideración. No pide trato de favor. Pide respeto.
Los pueblos han visto pasar durante décadas carreteras, tendidos eléctricos, embalses, parques energéticos e infraestructuras de toda clase. Han contribuido al desarrollo colectivo del país cediendo espacios, soportando impactos y aceptando servidumbres en beneficio del interés general. Por eso duele especialmente cuando una petición razonable, económica y constructiva encuentra como respuesta un silencio administrativo o una negativa difícil de explicar. Quizá todavía estemos a tiempo.
Quizá Red Eléctrica y Elecnor, empresas con capacidad técnica, recursos económicos y una reconocida trayectoria profesional, puedan reconsiderar esta situación y demostrar que el compromiso con el medio rural no es únicamente un eslogan corporativo, sino una realidad tangible. Porque al final no se trata de unas pocas cubas de hormigón. Se trata de algo mucho más valioso: la confianza entre quienes gestionan grandes infraestructuras y quienes viven junto a ellas.
Y esa confianza, una vez perdida, cuesta mucho más reconstruirla que cualquier camino.