En 1984, tras una campaña mundial de varios años liderada por Amnistía Internacional, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que alcanzó en 1987 el número de ratificaciones suficientes para su entrada en vigor. La Convención define, en su artículo 1, la tortura como «todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia». La Convención prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes en todo caso y en cualquier circunstancia, incluyendo estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública. También obliga a los Estados a actuar para evitar su comisión, perseguir a los responsables y cooperar para evitar espacios de impunidad. El mensaje de la Convención es, por lo tanto, inequívoco, convirtiendo la lucha contra la tortura en una responsabilidad compartida de la comunidad internacional y no sólo en un asunto interno de cada país. En la actualidad son 176 los Estados que se han obligado por la Convención, que constituye uno de los tratados internacionales de mayor aceptación y cuya aplicación y transposición a los ordenamientos jurídicos internos ciertamente no ha impedido que se haya continuado con prácticas de esta aberrante naturaleza; pero, al menos, marcó un punto de inflexión que permitió avances significativos en muchos países y, durante tiempo, dio lugar a un consenso moral u político sobre el carácter inaceptable de la tortura.
Ese consenso moral fue quebrado por Estados Unidos, a pesar de ser parte de la Convención, con la introducción de los llamados «interrogatorios reforzados»” en el contexto de la detención, a partir de 2002, de cientos de personas en Guantánamo sin debido proceso y en muchas ocasiones sin cargos. La abierta justificación de acciones objetivamente constitutivas de torturas y tratos crueles, y la apología del sufrimiento ajeno como medio legítimo dieron paso a un proceso de erosión constante de los principios de la Convención. Calando, a fuerza de propaganda y miedo, entre una parte de la opinión pública, que piensa equivocadamente (tentando a la brutalidad sin fin del Estado) que no puede caer en el radio de alcance, y que comparte el mensaje deshumanizador que niega que todas las personas sean titulares de derechos elementales como la integridad física y moral. La misma receta, por cierto, que han llevado ahora a lugares infames como «Alcatraz de los Caimanes» o Krome (centros de detención de migrantes en Florida, la segunda gestionada por la Immigration and Customs Enforcement) no ya en la guerra contra el terror sino en su añadida guerra contra la inmigración. Entre las calamidades que hacen pasar a los internos se incluyen castigos como «la caja», que es la minúscula celda metálica de aislamiento donde se mantiene durante horas a un interno sin luz natural, esposado, bajo altas temperaturas, sin poder tumbarse ni sentarse. 33 personas murieron bajo custodia del ICE en 2025 en Estados Unidos, conviene recordarlo.
El Estado de Israel ya era pionero en este terreno y en el mismo lenguaje destructivo, respecto de la población palestina. E, igualmente, contraviniendo sus obligaciones como Estado parte de la Convención contra la Tortura, la ha convertido en parte del tratamiento que dispensa a detenidos y presos palestinos. Según la organización israelí de derechos humanos B’Tselem (informe «Bienvenidos al infierno», agosto de 2024), una docena de centros de detención, algunos verdaderos campos de concentración y tortura como Sde Teiman, configuran un sistema donde está a la orden impedir la asistencia sanitaria, negar medicamentos necesarios, hacinar a internos en condiciones penosas, reducir la alimentación drásticamente, privar de sueño deliberadamente, causar alteraciones sensoriales continuadas, obligar a posturas forzadas y dolorosas durante horas, infligir humillaciones rituales, ahogamientos simulados, palizas, ataques con animales, agresiones sexuales, etc. Por esta red de centros pasan los miles de detenidos administrativamente, sin cargos ni juicio, que salen de allí demacrados, dañados física y mentalmente para el resto de sus vidas, irreconocibles para sus familiares y en no pocas ocasiones sin que llegasen a ser enjuiciados. Así le sucedió, por ejemplo, al doctor Ahmad Mhanna, director del hospital de Al Awda, en el Norte de Gaza, detenido desde el 16 de diciembre de 2023 y que pasó 7 meses de arresto sin asistencia legal ni comunicación con el exterior y 22 meses de detención sin que se formulase ningún cargo. Y así sucede con otro profesional sanitario, Husam Abu Safiya, igualmente mortificado por ejercer valientemente su función de dirección hospitalaria y denunciar los ataques israelíes contra el centro (en este caso el de Kamal Adwan, Gaza), y que se encuentre en régimen carcelario de aislamiento con grave riesgo para su vida. En 2025 la organización Médicos por los Derechos Humanos de Israel ha descrito 98 muertes de palestinos bajo custodia y el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (que se encarga de velar por el cumplimiento de la Convención), ha afirmado que Israel sigue «una política estatal de tortura y malos tratos organizados y generalizados». La propia Procuradora General Militar israelí, Yifat Tomer-Yerushalmi dimitió tras comprobar que su filtración de un video de una agresión sexual grupal con un objeto afilado a un detenido palestino no causó una catarsis o escándalo por la monstruosidad de la tortura sino, al contrario, un cierre de filas con los soldados (ninguno ha tenido consecuencias penales), una amplia reprobación política a su figura y su procesamiento (a ella sí), empujándola al ostracismo y a intento de suicidio.
No sólo algunas sociedades, atrapadas en las fiebres del nacional-populismo y el belicismo, acaban justificando la tortura. Hemos visto cómo se han minusvalorado los malos tratos a los activistas de las distintas flotillas que intentan romper por vía marítima el bloqueo de Gaza. Burlarse de la víctima y celebrar la tortura ha pasado a ser una opción de orgullo entre agitadores varios, dispuestos a seguir dando carta blanca a Israel y a admirar e importar sus método. El resultado ha sido el incremento de la bestialidad e intensidad en las vejaciones, las palizas, agresiones sexuales y humillaciones públicas colectivas a los activistas, incluso con la presencia del Ministro de Seguridad Nacional Ben-Gvir, un auténtico psicópata (el mismo que restaura el calvario en Jerusalén con la reintroducción de la pena de muerte para palestinos), ufanándose ante las cámaras con los detenidos de la última flotilla de rodillas ante sus matones con uniforme. Lo que hemos tolerado ayer, con reacciones tibias, el silencio o la sencilla complicidad, se acrecienta mañana, hasta que nos envenena o nos devora.
Se habrán encontrado en algún pueblo o ciudad, típicamente aquellos con pasado medieval, con los bizarros museos de la tortura donde nos cuentan, de manera escabrosa y con todo lujo de detalles, con reproducciones e instrumentos, la practicada en calabozos y mazmorras bajo el mandato de señores feudales, inquisidores o esbirros de reyes tiránicos. Ya no es una atracción de feria para que exclamemos contra la barbarie de nuestros antepasados, porque ahora se practica por Estados modernos y tecnificados de formas que, a la postre, no distan tanto de aquellas. La diferencia es que no encuentran sólo desaprobación o nervioso desagrado, que va a menos, sino hordas de apoyo y legitimación creciente en tiempos de glorificación de la violencia y la crueldad.