El proceso interminable de brutalización propia y deshumanización del otro que lleva a que un soldado israelí mate a un bebé de 7 meses en Hebrón, el 5 de junio de 2026, serviría probablemente para dar cuenta del estado de los derechos humanos el mundo. Primero por el hecho de que el soldado que disparó al vehículo civil (que no representaba ningún riesgo y llevaba a una familia de vuelta a su casa) ni siquiera examinase las consecuencias de sus actos ni se preocupase por el daño causado, limitándose a abandonar el lugar. Segundo, porque da cuenta de la forma de proceder bajo la que se le ha confiado la tarea de humillar, aterrorizar, sojuzgar y acabar arbitrariamente con la vida de los palestinos, a los que consideran untermensch, sin mostrar atisbo de compasión. Tercero, porque el terror y la opresión forma parte del sofisticado y constante sistema de apartheid y la limpieza étnica en curso en Cisjordania, acompañada del genocidio perpetrado en Gaza, bajo una política articulada por las autoridades y acompañada por una mayoría del electorado embriagada por las fiebres nacionalistas más extremas. Y, cuarto, porque es total la impunidad con la que ejecutan, tanto el disparo a título individual como los estragos causados por la maquinaria implacable del Estado que le ampara, ante la insuficiente respuesta de la comunidad internacional y el respaldo de grandes potencias.
Bastaría, por lo tanto, recoger casos como el del lactante Sam Fahd Abu Haikal para representar el estado del mundo, pues estas violaciones de derechos humanos son vértice y decantación del proceso de degradación de las normas y valores recogidos en la Declaración Universal de 1948 y desarrollado en un corpus de tratados internacionales y leyes nacionales que está en proceso de desmoronamiento ante nuestros ojos. Amnistía Internacional recoge así en su informe anual 2025-2026 un proceso de intensificación de exaltación de la violencia y la crueldad, que culmina en la apoteosis de los depredadores, encumbrados sobre maquinarias de represión y guerra poderosas y tecnificadas y dispuestos a actuar sin limitación ni regla alguna.
Además de la barbarie aplicada contra el pueblo palestino por Israel, destaca el informe la actuación de Estados Unidos, que ha perpetrado más de 150 ejecuciones extrajudiciales bombardeando embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, y llevó a cabo un acto de agresión contra Venezuela en enero de 2026. Rusia intensificó sus ataques aéreos contra infraestructuras civiles fundamentales de Ucrania, mientras que, el año pasado, el ejército de Myanmar, respaldado por China, utilizó parapentes motorizados para lanzar munición explosiva sobre pueblos en ataques que provocaron decenas de víctimas mortales civiles. Emiratos Árabes Unidos ha agravado el conflicto en Sudán al suministrar armamento avanzado chino a las Fuerzas de Apoyo Rápido, que, tras 18 meses de asedio, el pasado mes de octubre tomaron el control de la ciudad de El Fasher y cometieron homicidios masivos de civiles y actos de violencia sexual. En la República Democrática del Congo, el grupo armado M23, tomó las ciudades de Goma y Bukavu con el apoyo activo de Ruanda, matando a civiles y torturando a personas detenidas, sin que el supuesto acuerdo de paz haya puesto verdaderamente fin al conflicto. El uso ilegítimo de la fuerza contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, en violación de las Carta de las Naciones Unida, provocó a su vez ataques de represalia iraníes contra Israel y países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, mientras que Israel, por su parte, incrementó sus ataques contra Líbano. Desde la muerte de más de 100 niñas en un ataque ilícito de Estados Unidos contra la escuela de Minab, en Irán, a los devastadores ataques de todas las partes contra infraestructuras energéticas, el conflicto puso en peligro la vida y la salud de millones de personas causando daños de gran magnitud, previsibles y a largo plazo al medioambiente y a la población civil, que tendrán impacto sobre el acceso a la energía, la atención sanitaria, la alimentación y el agua. En Afganistán, el Gobierno de los talibanes, reconocido por Rusia y con el que la Unión Europea entabla conversaciones “técnicas” para tratar de facilitar deportaciones a dicho país, intensificó sus políticas de sometimiento contra la población femenina con más prohibiciones que las excluían de la educación, el trabajo y la libertad de circulación; y, en Irán, las autoridades masacraron a manifestantes en enero de 2026 en la que probablemente haya sido la represión más letal de este tipo en décadas. Estados Unidos, Israel y Rusia erosionaron aún más los mecanismos internacionales de rendición de cuentas el año pasado, en particular la Corte Penal Internacional (CPI). El gobierno de Trump impuso sanciones a personal de la CPI, a organizaciones que colaboran con ella y a la relatora especial de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, mientras que los tribunales rusos emitieron órdenes de detención contra altos cargos de este organismo. Varios Estados más se retiraron o anunciaron su intención de retirarse del Estatuto de Roma y de tratados que prohíben las bombas de racimo y las minas terrestres antipersonal.
En la presentación del informe anual, la Secretaria General de Amnistía Internacional denunció que «Los depredadores políticos y económicos, y quienes les facilitan las cosas, están sentenciando el fin del sistema multilateral no porque sea ineficaz, sino porque no está al servicio de su hegemonía y su control. La respuesta no es proclamar que el sistema es una quimera o que no hay forma de arreglarlo, sino afrontar sus fracasos, acabar con su aplicación selectiva y seguir transformándolo para que sea plenamente capaz de defender a todas las personas con la misma determinación.» En efecto, alcanzado este nivel de impacto sobre el sistema multilateral, sobre el Derecho Internacional y, particularmente, sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (el que regula los límites a los contendientes y la protección de la población civil en el contexto de un conflicto armado), tenemos el desafío generacional más importante, que nos toca enfrentar. O somos capaces de mantener vivo el legado que se origina en los aprendizajes extraídos de las cenizas y el horror de la II Guerra Mundial, o estaremos condenados a padecer la destrucción, el desorden, la crueldad y la opresión.