En 1996 Felipe González llegaba a las elecciones generales con claros síntomas de agotamiento de lo que en su día fue un exitoso proyecto socialista. La corrupción y los escándalos se convirtieron en una losa muy pesada. No en vano, González llevaba en la mochila los GAL, el caso Luis Roldán, el escándalo Mariano Rubio, las escuchas ilegales del Cesid, las tribulaciones del hermano de Alfonso Guerra y una situación económica marcada por el desempleo y una reconversión industrial salvaje que jamás se habría imaginado de un Gobierno de izquierdas. Las consecuencias de este cóctel acabaron con Felipe fuera de la Moncloa en marzo del 96, cuando Aznar se impuso con 156 escaños y puso el punto y final a 13 años de Gobiernos socialistas. La ciudadanía castigó el mal hacer de un Ejecutivo que vivió momentos de euforia, pero que se echó a perder en sus últimos años.
El PP, con Aznar como presidente, gobernó hasta el 2004. Entonces, con Mariano Rajoy como candidato se produjo el atentado del 11-M en vísperas de las elecciones. Las mentiras alrededor del ataque yihadista y el hecho de haber metido a España en una guerra ilegal acabaron de nuevo con un cambio de gobierno, que le hizo perder el poder al PP cuando nadie contaba con ello. Una vez más, los españoles castigaron a un gobierno facilitando la alternancia en el poder. Así llegó Zapatero a la Moncloa. Tras un comienzo de legislatura marcado por la eclosión de derechos sociales impulsados por el presidente, llegó de nuevo un final de mandato precipitado por el desastre económico que provocó el mayor ajuste en nuestro país. Por supuesto, España pasó factura a Zapatero y los votantes volvieron al PP, con una mayoría absoluta de 186 escaños para Rajoy. La lectura de todo esto es que las urnas suelen castigar a los gobiernos en descomposición. Al fin y al cabo, la democracia va de esto. De poner y quitar gobiernos en función de su desempeño. Es un mecanismo de defensa de la ciudadanía, que ejerce su soberanía con un hecho tan simple como depositar una papeleta en una urna. Viene a cuento por la situación en la que se encuentra ahora mismo el Gobierno. Todavía quedan bastantes meses de legislatura, pero el Ejecutivo de Sánchez está exhausto, metido en un agujero negro de corrupción y precariedad parlamentaria que no hace falta explicar. La experiencia dice que avanzamos hacia un cambio en el poder. Y no debería ser de otra manera. Un país con buena salud democrática no perdona a unos gobernantes que, o bien le mienten o bien muestran una incapacidad supina, o bien le roban directamente.
La ley de la alternancia ha sido implacable con aquellos que se han desviado del camino. Y todo apunta a que Pedro Sánchez también será engullido por sus desatinos. La cuestión es que ahora tenemos una novedad en el devenir de la democracia española, la presencia de un partido ultra que distorsiona el escenario. Solo ese fantasma, que agita convenientemente Pedro Sánchez puede impedir que las urnas castiguen a quien se lo está mereciendo.