Policías en toda Europa centran su persecución y acoso frente al movimiento de solidaridad con Palestina. Prohibición de manifestaciones, impedimentos de toda clase para llevar a cabo actos de apoyo, multas por desplegar banderas en eventos deportivos, sanciones administrativas o expulsiones de centros académicos por realizar campañas a favor del pueblo palestino, se han convertido en pauta común. En el Reino Unido se ha ilegalizado Palestine Action y en Francia se ha intentado lo mismo con Urgence Palestine, centrados en denunciar las complicidades con el genocidio y los fuertes lazos existentes de segmentos importantes del sector europeo de la seguridad y defensa con la industria militar israelí. En España, aunque no con el mismo nivel de presión, el hostigamiento también ha sido frecuente. Amnistía Internacional ha podido documentar de octubre de 2023 a mayo de 2026 hasta 95 casos de ataque al derecho de reunión, manifestación o libre expresión, saldadas con aplicaciones sesgadas y desproporcionadas del Código Penal, de la Ley Orgánica 4/2025 de Protección de la Seguridad Ciudadana (la justamente llamada «Ley Mordaza») o de la Ley 19/2007, contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que, paradójicamente, se ha instrumentalizado en este caso para sofocar cualquier clase de expresión pacífica de solidaridad con las víctimas palestinas.
Lo mismo sucede con otros movimientos sociales en el punto de mira de la acción policial. La presión ha llegado hasta la infiltración en colectivos ciudadanos, incluso entre sindicatos educativos (para la «valoración de amenazas» según declararon los Mossos d’Esquadra en el significativo caso del Instituto Pau Claris de Barcelona), algo que ha sucedido repetidamente en nuestro país y sin consecuencias políticas ni disciplinarias reales. En países de Europa pasa lo mismo con criminalización de movimientos ciudadanos, particularmente si se vinculan con la izquierda, a los que rápidamente se tilda de peligro para la seguridad, no muy lejos de lo que ha hecho Trump con la designación como organización terrorista doméstica del movimiento antifascista (Orden Ejecutiva de 22 de septiembre de 2025), aunque no tenga una entidad o cabeza concreta frente a quien dirigir su acción.
Este clima de presión se vuelve más y más inhóspito, en un mundo en el que comprometerse de manera consecuente con ideales de justicia social, libertad y antiautoritarismo cada vez está peor visto y convierten al activista en incómodo sospechoso. Mientras tanto, crece de manera casi impune en Europa la violencia de extrema derecha, hasta convertirse en una constante desestabilizadora y amenazante, sin que a sus grupos organizados e identificables les importunen más que ocasionalmente, aunque preconicen abiertamente y organicen la acción violenta. Hemos visto de lo que son capaces en los disturbios xenófobos del 9 de junio en Belfast, alentados por el incendiario Tommy Robinson y con el propio respaldo simultáneo de su protector, Elon Musk. Contemplar la persecución y destrucción de casas y negocios de población inmigrante, al estilo de un pogromo medieval, rima con espirales ya conocidas en nuestra historia. Y no olvidemos la «cacería de inmigrantes» organizada en Torre Pacheco hace apenas un año, buena parte de cuyos promotores y alentadores políticos han obtenido réditos del episodio. Entre medias, la actuación violenta de grupos o individuos movidos por el odio se ha incrementado notablemente, así como su capacidad de organización y coordinación internacional, con grupos de referencia como Patriot Front (EEUU), Blood Tribe (EEUU), The Base (EEUU), Patriotic Alternative (Reino Unido), Last Defence Wave (Alemania), o, en España, la nada anecdótica Núcleo Nacional, que ha demostrado capacidad organizativa e intimidatoria y cuya persistencia como asociación legal permite preguntarse a qué desencadenante dramático espera el Ministerio del Interior o la Fiscalía para actuar.
El Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo (OIET), impulsado por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en España en 2015, ha detectado en 2025 hasta 190 incidentes violentos de lo que considera una amenaza creciente, con un aumento del 33% respecto del año anterior, en 15 países occidentales analizados y con el 52% de los incidentes constatados en Estados Unidos, que ejerce «un rol exportador de modelos organizativos, tácticas e ideologías». Entre mayo de 2024 y mayo de 2025, la organización norteamericana GLAAD documentó 932 incidentes anti-LGBTI en 49 estados y en el Distrito de Columbia, lo que equivale a una media de 2,5 ataques al día. Al menos 84 personas resultaron heridas y 10 murieron en estos episodios. Es la manifestación más radical de un odio larvado que, tan pronto como puede, emerge de manera inmisericorde. Incluso en España, pese a las avanzadas políticas de inclusión y diversidad, más de la mitad de las personas LGTBI+ (54%) han sufrido una situación de odio en el último año, a través de acoso, discriminación o agresión, tanto en el espacio público como en el digital, según el informe Estado del Odio LGTBI+ 2026, elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ junto al Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Una encuesta que revela un incremento en la LGTBIfobia de 12 puntos más que en el año anterior; y que es parejo (pues se destila en medios y no digamos en redes) al resurgimiento de un reproche social frente a las expresiones de diversidad, en un intento poco disimulado para reabrir los armarios y recluir en ellos (cuando no algo peor) a quien se salga del canon normativo heterosexista.
Los delitos de odio no sólo tienen al colectivo LGTBI+ como diana, y en 2025 vivieron un incremento del 23,6%, hasta los 2.417 casos, según el informe anual sobre la materia que publica el Ministerio del Interior. Se trata de la cifra más alta desde que en 2014 se empezaron a medir estas infracciones penales. Los incidentes de racismo y xenofobia están en lo más alto de la lista, con 934 casos, lo que supone un aumento del 16,1 % con respecto al año anterior. Le siguen los delitos por orientación sexual e identidad de género, con 571. El mayor incremento en la tipología de infracciones se produce en la islamofobia, con un aumento del 133 % y de un 450% en el ámbito digital; seguida por la disfobia (el odio a personas con discapacidad), con un 90%.
El agente espesante de ese odio, que lleva a quien lo recibe, almacena y cultiva a dar el paso de liberar sus vísceras para deliberadamente dañar al otro, o, peor aún, a organizarse para expandirlo y practicarlo, es un clima de justificación política del sojuzgamiento de quien se considere contrario a ideas primarias y mixtificadas de la nación o de la homogeneidad cultural y religiosa. Esa legitimización es el producto inmediato, y a la vez es causa, de la simbiosis entre la extrema derecha violenta y el nacional-populismo. La corriente nacional-populista, que ya es mainstream, se muestra rampante en las instituciones, llevando a la agenda pública sus guerras culturales y alimentando la segregación social, creando su propia lista de «prioridades nacionales» y mitos y agravando los conflictos en los que crece (sin ser capaz de afrontar ni uno solo de los problemas reales, como ha demostrado Trump). Participan de los mismos fines y referentes con la extrema derecha violenta, de los agitadores de turno en el estercolero de las redes a los magnates tecnológicos (Musk, Thiel o Karp con las reveladoras 22 tesis de su compañía, Palantir) que diseñan un mundo en el que el uso del poder y la tecnología para estratificar, desposeer y oprimir esté normalizado. Potencian la misma cultura autoritaria de exaltación de la violencia, superioridad de unos frente a otros y discriminación sistémica en el que anidan el nacional-populismo y la extrema derecha violenta, con la que comparten raíz, sustrato ideológico y, cuando sea necesario, métodos.