El cáncer no es una metáfora: cuando enfermar se convierte en un coste y la persona desaparece tras la cifra
OPINIÓN
Del trabajador enfermo al trabajador sospechoso
Hay momentos en política en los que las palabras revelan más que cualquier programa electoral. Basta una frase para descorrer el telón y mostrar la verdadera concepción que se tiene del trabajo, de la dignidad humana y de los derechos sociales.
Las recientes declaraciones del Sr. Feijóo sobre las bajas laborales, calificando el absentismo como un «cáncer» y cuestionando que los trabajadores enfermos perciban determinadas prestaciones, han provocado una profunda polémica política y social. Más allá de posteriores matizaciones, lo verdaderamente relevante es el marco ideológico que subyace detrás de este planteamiento. Porque cuando se empieza a identificar al trabajador enfermo con un problema económico, el riesgo es evidente: convertir un derecho en una sospecha.
La incapacidad temporal no es un privilegio
La incapacidad temporal no es una concesión graciosa del Estado ni un privilegio sindical. Es un derecho consolidado del Estado Social y Democrático de Derecho. Nadie recibe una baja laboral porque sí. Detrás de cada proceso existe una valoración médica, una justificación clínica y un sistema de supervisión pública diseñado para garantizar tanto la protección de quien enferma como el correcto uso de los recursos públicos.
En España existen trabajadores de baja por cáncer, ictus, infartos, enfermedades neurodegenerativas, accidentes laborales, trastornos musculoesqueléticos o graves problemas de salud mental. No son estadísticas. Son personas. Y cuando una persona enferma no está disfrutando de un privilegio. Está sufriendo.
La gran contradicción neoliberal
Resulta llamativo que quienes se presentan como defensores de la eficiencia económica ignoren algo que la evidencia científica lleva décadas demostrando: los trabajadores sanos, protegidos y satisfechos son más productivos. La prevención de riesgos laborales, la salud mental, la conciliación y unas condiciones de trabajo dignas reducen el absentismo y mejoran el rendimiento organizativo. Sin embargo, determinadas corrientes neoliberales continúan abordando cualquier problema social con la misma receta: recortar derechos.
Si hay dificultades en las pensiones, se propone reducir prestaciones. Si existen tensiones salariales, se pide moderación salarial. Si aumenta la enfermedad laboral, se cuestiona la baja médica. Nunca se analiza con la misma intensidad la precariedad, el estrés, las cargas de trabajo excesivas, los riesgos psicosociales o las deficiencias preventivas que están detrás de muchas enfermedades.
El regreso de una vieja visión del trabajo
Las políticas impulsadas en etapas anteriores por los gobiernos de Aznar y Rajoy ya mostraron una orientación clara hacia la flexibilización empresarial y la contención de derechos laborales. En el plano internacional, discursos similares aparecen en experiencias como las protagonizadas por Milei o Trump, donde frecuentemente se presenta la protección social como un obstáculo económico y no como una inversión colectiva.
Detrás de estas posiciones existe una idea profundamente antigua: el trabajador vale mientras produce. Si enferma, deja de ser una persona necesitada de protección para convertirse en un coste. Esa visión no pertenece al siglo XXI. Pertenece a las relaciones laborales más duras del siglo XIX.
Confundir absentismo con enfermedad
Combatir el fraude es legítimo. Siempre lo ha sido. Pero fraude y enfermedad no son conceptos equivalentes. El absentismo injustificado merece control y sanción. La enfermedad acreditada merece protección y tratamiento. La pregunta correcta no es cómo castigar a quien enferma. La pregunta correcta es cómo evitar que enferme.
La excepción convertida en norma
Quienes pretenden justificar recortes en la incapacidad temporal suelen apoyarse en el argumento del fraude. Sin embargo, incurren en una falacia tan antigua como eficaz: convertir casos excepcionales en una supuesta realidad generalizada.
El fraude existe, como existe en cualquier prestación pública. Pero nadie ha demostrado que constituya un fenómeno masivo capaz de explicar por sí mismo el incremento de las bajas laborales. El envejecimiento de la población trabajadora, el aumento de los trastornos de salud mental, las patologías musculoesqueléticas, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las secuelas del COVID-19 o los problemas derivados del estrés laboral ofrecen explicaciones mucho más sólidas y documentadas.
Resulta significativo que cuando alguien relata un caso real de alta prematura, de enfermedad no resuelta o incluso de pérdida del empleo por no encontrarse en condiciones de trabajar, muchos responden que se trata de una situación particular. Sin embargo, cuando aparece un caso aislado de fraude, entonces sí pretenden convertirlo en la imagen de millones de trabajadores.
La realidad es justamente la contraria. La inmensa mayoría de las bajas médicas son legítimas y están justificadas. Los casos fraudulentos existen, pero son una minoría residual. Tapar el bosque con un dedo nunca ha sido una política pública seria.
El presentismo: la enfermedad que algunos quieren ignorar
Las propuestas orientadas a reducir la cuantía económica de la incapacidad temporal producen, en la práctica, un efecto disuasorio sobre el ejercicio de este derecho, especialmente entre los trabajadores con menores ingresos. Cuando una persona teme no poder pagar la hipoteca, el alquiler o los gastos básicos de su familia, puede verse empujada a acudir enferma a su puesto de trabajo por pura necesidad económica.
Ese fenómeno, conocido como presentismo laboral, no mejora la productividad ni reduce los costes sociales. Al contrario: agrava enfermedades, aumenta los riesgos laborales, prolonga los procesos de recuperación y termina generando mayores costes humanos y económicos para toda la sociedad.
El verdadero cáncer
Existe además una dimensión ética especialmente preocupante: la responsabilidad del lenguaje público. Utilizar la palabra «cáncer» para referirse a las bajas laborales resulta especialmente desafortunado en una sociedad donde miles de personas luchan cada día contra esa enfermedad. No estamos ante una simple licencia retórica. El lenguaje de los responsables públicos tiene consecuencias porque transmite valores, prioridades y una determinada forma de contemplar la realidad.
El líder del principal partido de la oposición y aspirante a la Presidencia del Gobierno, y también a cualquier responsable público, con independencia de su ideología o partido político, habría que recordarle algo esencial: el cáncer no es una metáfora.
El cáncer es una enfermedad devastadora, la primera causa de muerte en España, que cada hora se cobra la vida de más de trece personas. Detrás de cada diagnóstico hay una familia, una historia y una lucha por sobrevivir; nunca una simple partida de gasto.
Por eso resulta especialmente desafortunado utilizar el sufrimiento humano como una comparación económica o presupuestaria. Cuando se afirma que un fenómeno laboral es «un cáncer», existe el riesgo de desplazar el foco: que el problema deje de ser cómo mejorar la salud de los trabajadores y pase a ser cuánto cuesta proteger a quienes enferman. Y ahí se cruza una frontera moral muy delicada. Porque una persona que padece un cáncer, un infarto, un ictus, una enfermedad neurodegenerativa o una grave afectación de salud mental no representa un coste que eliminar; representa una vida que proteger.
El verdadero cáncer social no es que una trabajadora reciba la protección que legalmente le corresponde mientras combate un tumor. Tampoco que un trabajador pueda recuperarse dignamente de una enfermedad antes de reincorporarse a su puesto. El verdadero cáncer es la pérdida de empatía. Es considerar que la rentabilidad económica debe situarse por encima de la dignidad humana. Es reducir a números lo que en realidad son historias personales.
También lo es alimentar una polarización permanente que genera miedo, incertidumbre y tensión social, factores que la propia evidencia científica relaciona con un deterioro de la salud física y mental de las personas. Una sociedad avanzada no se mide únicamente por su capacidad de generar riqueza, sino por la forma en que protege a quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad.
El problema de España no es que existan demasiados trabajadores protegidos cuando enferman. El verdadero problema es que todavía persisten discursos empeñados en presentar la protección social como un gasto y no como una conquista de la civilización. Porque cuando la política pierde humanidad, las palabras dejan de describir la realidad y empiezan a deformarla.