A lo largo de mi vida laboral no he tenido que pedir nunca la baja. No hago este comentario como un mérito personal, porque como cualquier trabajador estoy expuesto a tener que ausentarme de mi puesto de trabajo si en algún momento caigo enfermo. Además, si llega ese instante en el futuro, lógicamente querré recurrir al uso de mis derechos, entre otros disponer de una prestación económica que cubra mis necesidades y no me obligue entre tener que elegir o cobrar un salario o cuidar mi salud.
Lamentablemente, esta conquista social conseguida en España es de vez en cuando atacada por diferentes actores políticos y empresariales que consideran, sin que los datos oficiales así lo confirmen, que son una vía de escape para permitir el absentismo. Hace poco menos de un mes el líder de la patronal en Castilla-La Mancha dijo sin ningún pudor que las y los jóvenes son unos «memos» porque «ahora se les da la baja porque les deja la novia». Obviamente tras estas palabras hay un negacionismo de los problemas que generan en las personas la salud mental (que es tan importante de conservar y cuidar como la física), algo preocupante porque lo que parece desprender este tipo de directivos no consideran a sus empleadas y empleados como seres humanos, sino que deben comportarse como lo harían los robots que ni protestan ni reclaman derechos (como por ejemplo que ante una ola de calor que determinados empleos muy expuestos ante el sol reduzcan su jornada laboral), que ni se ponen enfermos ni tienen un límite máximo de horas de trabajo al día. No digamos ya de los salarios, que a una máquina no hay que pagarle una nómina digna por la tarea que desempeña ni va a reclamar jamás subidas en los convenios colectivos ni mejoras en sus condiciones (aquí está el clásico de todos los veranos de que en la hostelería no encuentran a gente, sin que jamás se haga mención a la remuneración que ofrece el dueño del local). Quiero creer que hay empresarias y empresarios muy alejados de los argumentarios de quienes dirigen las organizaciones patronales, porque una sociedad moderna exige tener a los mandos de las empresas a gente comprometida por el reparto equitativo de la riqueza y donde la igualdad en su concepto más amplio no sea un simple lema o una campaña de marketing, sino un compromiso real y alcanzable.
El debate del absentismo ha vuelto a la actualidad política nacional no porque sea un problema, sino por la colosal metedura de pata del líder del PP mostrándose a favor de precarizar el mercado laboral. Feijóo, ante un foro de empresarios vascos, tildó de «cáncer» las bajas por enfermedad considerándolas un «fraude». Si bien es cierto que el gabinete de comunicación PP tuvo que aclarar después de la pifia del dirigente gallego, de su voz están más declaraciones bochornosas como que «la Administración Pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación cobrando lo mismo». No hace falta ser muy listo para saber que sin la autorización de la médica o del médico de cabecera nadie, de manera voluntaria, puede estar de baja. A Feijóo le llovieron las críticas, tanto por su apoyo a recortar los salarios cuando no se puede ir a trabajar como por su propia acción en el Congreso, donde pese a sus obligaciones como diputado se ha ausentado a casi el 60% de las votaciones. Además, es que es hasta contraproducente para sus intereses electorales que acuse a más de un millón doscientas mil personas de ser unas vagas. Si hay un caso de absentismo flagrante de libro que todo el mundo puede utilizar es el que protagonizó el señor Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, fecha en la que tuvo lugar la terrible dana sobre una parte de la provincia de Valencia/València y de la que 237 personas fallecieron ahogadas porque el entonces President de la Generalitat Valenciana no estaba asumiendo la responsabilidad que su cargo le exigía aquella jornada. Lo único bueno de esta salida de tiesto de Feijóo es que se ha sincerado con lo que pretende hacer si llega a La Moncloa, así que ahí está la responsabilidad de todas y de todos de parar su pretensión de recortar nuestros derechos cuando seamos llamados a votar en las próximas elecciones generales.