Dice la RAE que el absentismo es «la abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación». Utilizar este término para referirnos a las bajas laborales es poco adecuado, porque siembra una sospecha sobre todos los trabajadores. Como poco adecuada fue la forma en la que el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, quiso colocar el problema en el centro del debate y ganarse el favor del empresariado vasco: que si un trabajador no puede cobrar lo mismo cuando está enfermo que cuando está de alta; que si las bajas son un «cáncer» para la economía... Afirmaciones matizadas después por su equipo, que aseguró que se refería a las fraudulentas, pero que solo han servido para dejar en bandeja al Gobierno de Sánchez otro frente con el que atacar al PP.
El de las bajas es un asunto con muchas aristas, hondo calado y múltiples factores. El envejecimiento de la población es uno de ellos, porque no es igual la salud y la resistencia de un trabajador en la treintena que cuando se acerca a los 60. A esto se añaden también las características de cada puesto de trabajo: no tiene los mismos problemas el que desarrolla sus tareas a la intemperie, el que carga peso, el que está de pie atendiendo a clientes o a pacientes, el que se pasa horas en la carretera o el que desarrolla su jornada laboral delante de una pantalla. Cada profesión tiene sus males específicos. Y en esa abultada estadística es determinante el atasco de la sanidad. La espera para el médico de cabecera y la larga lista para el especialista o para las pruebas diagnósticas ralentizan las altas en exceso. A todo esto se suman los fraudes, por supuesto, con algunos trabajadores que engañan al médico y algunos médicos que no son lo suficientemente diligentes.
Abordar este tema requiere un enfoque global y con todos los agentes afectados implicados en la solución. Mejorar las condiciones de trabajo según la edad y según la exigencia del puesto lo recogen algunos convenios. En un mundo ideal sería la respuesta perfecta, pero en la realidad actual resulta bastante utópico porque muchas empresas son pequeñas, las plantillas están ajustadas y los márgenes de ganancia estrechos. Resulta inviable. Pero donde sí se puede actuar claramente es en intentar aliviar el atasco de la sanidad, porque permite acelerar los diagnósticos, adelantar los tratamientos y, en consecuencia, agilizar las altas.
Y por supuesto que hay que luchar contra el fraude. Este objetivo concitará el acuerdo de empresas, de trabajadores en activo —que tienen que asumir la carga de trabajo de los ausentes, mientras contribuyen a financiar esas bajas fraudulentas con sus cotizaciones— y de los mismos empleados de baja, que corren el riesgo de ver recortada su prestación por culpa de todos los que hacen trampa.
En cuanto a las prestaciones, no todos los trabajadores cobran lo mismo estando de baja que de alta. Y el problema es demasiado espinoso como para buscar el atajo de convertir a los enfermos en delincuentes y recortarles las prestaciones. Empobrecer a todos los trabajadores es hacer pagar a justos por pecadores mientras el problema permanece.