Cuando aquel Ejecutivo de Zapatero —ahora protagonista por otros graves problemas con la justicia— prohibió el tabaco en el interior de los restaurantes y en los centros de trabajo parecía que el mundo se iba a venir abajo. La sensación generalizada era que cómo se le ocurría a un Gobierno prohibir el tabaco, teniendo en cuenta que este país presume de picardía y de saltarse las normas en cuanto puede, que no es ordenado ni respetuoso como nuestros vecinos europeos. La norma se aplicó, inicialmente con aquella separación de espacios en la hostelería hace unos 20 años. Y cuatro después se hizo una prohibición absoluta en bares y restaurantes, y también se cumplió. Ni los clientes se dedicaron masivamente a fumar dentro de los establecimientos, ni los propietarios lo autorizaron, ni los bares cerraron —si cerraron fue por la salvaje crisis económica que se llevó por delante a media España—. Ya nadie, o casi nadie, echa en falta el humo dentro de los establecimientos a los que ahora se puede llevar desde bebés hasta ancianos, porque nadie va a inhalar humo.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha decidido dar otra vuelta de tuerca. El proyecto incluye una medida que genera polémica: la prohibición del tabaco en espacios abiertos como playas y terrazas, lo que ya ha provocado el rechazo de la hostelería y lleva a una reflexión. Es cierto que resulta muy desagradable soportar el humo, convertirse en fumador pasivo sin haberlo pedido, pero tampoco hay que convertir a los fumadores en unos apestados.
Por otro lado, la ley también se enfoca en el colectivo de más riesgo: los menores. Está pendiente de un trámite parlamentario que aún se debiera demorar unos meses, y que va a necesitar en el Congreso el apoyo de Junts —que ahora mismo está a sus cosas y estas no son precisamente la salud de los españoles— o del PP —que se opone a la prohibición en las terrazas—. Pero lo que parece bastante evidente es que casi todos estarán de acuerdo en que hay que prohibir el consumo a los menores de edad, tanto de tabaco como de vapeadores. Es más, lleva a preguntarse cómo es posible que hasta ahora no se les hubiera prohibido fumar, y solo hubiese una limitación para venderles tabaco. Ya sabemos que educar y concienciar es muy importante, pero establecer unas sanciones que han de abonar los padres seguro que será efectivo para que los jóvenes se lo piensen cuando vayan a contravenir la norma.
El cuidado y la protección a nuestros jóvenes debe preocupar a toda la sociedad. El tabaco es una de las adicciones de las que hay que protegerlos. Pero hay otra adicción, más silenciosa y más extendida: las redes sociales. Francia acaba de prohibir el acceso a menores de 15 años, Australia lo hizo hace algunos meses para los chavales de menos de 16 y España lo tiene encima de la mesa. Pero esta es una pelea infinitamente más compleja que la del tabaco. La amenaza de sanciones funciona cuando van al bolsillo de un bar, de un restaurante o de una familia. Las multas económicas difícilmente disuadirán a unas tecnológicas que nadan en los millones que ganan con un algoritmo que perfora la cabeza de nuestros adolescentes.