Esta semana hemos leído por todas partes como nuestros y nuestras representantes se cuelgan una medalla con el tema de la conciliación, y ohhhhh que feministas son, que conceden una subvención para la conciliación de familias con menores de 12 años… ¡trampa!
Una de las principales carencias de esta subvención destinada a la conciliación es que identifican la necesidad de apoyo únicamente con un gasto que pueda acreditarse mediante facturas, como las de guarderías, escuelas infantiles o servicios de cuidado. Este enfoque deja fuera una realidad muy frecuente: la de las madres autónomas que concilian reduciendo su propia jornada laboral.
Cuando una trabajadora autónoma decide dedicar más tiempo al cuidado de sus hijos, a menudo no contrata un servicio externo porque asume personalmente esa atención. Sin embargo, esa decisión tiene un coste económico muy real: trabaja menos horas, factura menos, pierde oportunidades de negocio e incluso puede ver afectada la continuidad de su actividad. Esa pérdida de ingresos constituye un sacrificio económico tan evidente como el pago de una guardería, aunque no genere una factura que presentar.
El modelo actual de justificación parece premiar el gasto realizado en terceros, pero ignora el coste de oportunidad que soportan quienes cuidan directamente de sus hijos. Paradójicamente, una madre que paga una guardería puede acceder a la ayuda, mientras que otra que renuncia a parte de sus ingresos para prestar esos cuidados personalmente queda excluida, pese a que ambas están conciliando y ambas soportan un perjuicio económico.
La conciliación no debería medirse únicamente por el dinero gastado, sino también por el dinero que se deja de ganar para poder atender las responsabilidades familiares. En el caso de las personas autónomas, la reducción demostrable de ingresos, la disminución de horas facturadas o cualquier otro indicador objetivo de la reducción de la actividad podrían ser medios válidos para acreditar esa situación.
Si el objetivo de estas ayudas es favorecer la conciliación y apoyar a las familias, los criterios deberían adaptarse a las distintas formas en que esta se produce. De lo contrario, se genera una desigualdad que penaliza especialmente a las madres autónomas, cuyo esfuerzo por conciliar no es menor, sino simplemente distinto. Un sistema verdaderamente justo debería reconocer tanto el gasto en servicios de cuidado como el coste económico derivado de reducir la propia actividad profesional para atender a los hijos.