Toda la vida ha habido incendios (la amplísima mayoría, intencionados o derivados de imprudencias) y más en verano. No hay es ninguna novedad, pero sí que está cambiando en los últimos años algo que la comunidad científica nos alerta. Debemos tomarnos en serio el cambio climático porque las quemas se propagan con una gran virulencia ayudados por las altas temperaturas y la falta de lluvias (esa ‘gasolina’ los hace más intensos). Por eso, una de las políticas en las que no habrá que escatimar de recursos de ahora en adelante es la relacionada con la prevención y con la dotación de medios suficientes para que su control y su total extinción no conlleve una tarea tan laboriosa como la que estamos presenciando en España en este mes de julio.
En Los Gallardos (Almería) fallecieron 14 personas al intentar desesperadamente huir del lugar (aunque pueda ser comprensible que el instinto nos motive a hacerlo, quienes no somos expertos en la materia nos arriesgamos demasiado tomando decisiones por nuestra cuenta y más cuando los equipos de emergencia han establecido unas directrices, como por ejemplo que permanezcamos confinados en nuestras casas, aunque también hay que decir que en este caso no se lanzó la alerta a los móviles [la Junta de Andalucía lo argumentó en que ese mensaje debería ir destinado a un grupo reducido de personas y no a todos aquellos a los que sus teléfonos están conectados a una misma antena que emite esa comunicación]). En palabras del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo vivido entre Madrid, Ávila y Toledo (que exigió declarar la emergencia nacional) se trató del incendio más importante y más agresivo de la historia de España (ha sido de una gravedad extrema por la cantidad de personas evacuadas y por las hectáreas quemadas llevándose a su paso todo lo que se ponía por el medio, fueran viviendas o bosques).
Como decía al comienzo del artículo, debemos apostar por la prevención. Comprendo que es algo que no viste y que no vende políticamente (como sí lo consiguen otras cosas como son las obras en infraestructuras), pero el coste de reparar ahora todo el daño causado por el fuego va a ser mucho mayor que si las administraciones competentes tuvieran partidas presupuestarias bien nutridas para usarse (en caso necesario). Hay expertos que alertan de que en España podrán darse temperaturas de cincuenta grados, lo que nos obliga a prepararnos para lo que nos viene, y en eso creo que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acierta de pleno a insistir en alcanzar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.
No todos los responsables políticos están actuando como Isabel Díaz Ayuso estos días (es inaceptable la noticia de la compra del ático de Chamberí) o Carlos Mazón en las horas más críticas de la dana de Valencia/València. Aquí quiero romper una lanza por una mujer que creo que hace una labor encomiable y, a menos que sea ella la que prefiera un protagonismo más discreto, no comprendo por qué no recibe toda clase de elogios. Me refiero a Virginia Barcones Sanz, secretaria general de Protección Civil y Emergencias en el Ministerio del Interior. Ella se pasa horas y horas trabajando hasta que se resuelve cualquier crisis y actúa de manera rigurosa y muy profesional.
Es importante que tengamos presente que cada administración tiene su función y sus competencias asignadas. Yo soy una persona que defiende a capa y espada la descentralización, porque considero que cuanto más cerca esté de la ciudadanía y del territorio esa institución, mejor conocimiento y mayor adaptación a las necesidades reales realizará. Lo que pasa es que esto queda muy bien en la teoría, porque en la práctica hay ocasiones en las que «papá Estado» es quien tiene que tomar las riendas, que puede tener su justificación si el avance afecta a más de un territorio y exige centralizar las decisiones, pero no puede en ningún caso argumentarse la falta de medios por no haber invertido lo suficiente para estar preparados para apagar los fuegos. Por ejemplo, ya hace tiempo que se conoce la precarización de los bomberos forestales de Castilla y León, y aunque es cierto que ha habido unas elecciones recientes y que Alfonso Fernández Mañueco ha revalidado la presidencia de la comunidad a pesar de su nefasta gestión en incendios anteriores, lo que no puede ser es que se recurra a la UME para solucionar todos los marrones (el cometido que tienen es reforzar, ampliar y ayudar a los efectivos que tenga ese territorio, no actuar como principal cuerpo de Bomberos).
Por tanto, es primordial valorar las políticas que nos protegen, que suelen ser incompatibles con quienes promueven la bajada o desaparición de impuestos, porque lo que nos salva no es el pueblo, sino lo público, pero para que sea eficaz, debe estar dirigido por personas responsables, y lamentablemente cada vez que al PP le afecta una crisis a gestionar, los daños son muy sangrantes. También es esencial enfrentarse a los bulos, como que la ley prohíbe que se limpien los montes. Es falso. La normativa permite los desbroces porque entre otras cuestiones forman parte de la prevención de incendios. Que no nos den gato por liebre.