Treinta y cinco mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año en España. Treinta y cinco vidas truncadas. Treinta y cinco familias destrozadas. Treinta y cinco fracasos colectivos. No son cifras. Son nombres, historias y proyectos de vida que alguien decidió arrebatar porque creyó tener derecho sobre la vida de una mujer.
Esta semana hemos conocido dos nuevos asesinatos, uno en Murcia y otro en Asturias. El caso asturiano conmociona especialmente porque la víctima era una guardia civil destinada en Llanes y el presunto autor de su asesinato era su marido, también guardia civil, apartado recientemente del servicio tras denuncias por violencia machista. Según la información publicada hasta el momento, el agresor habría conseguido un arma reglamentaria y se desplazó hasta Asturias, donde presuntamente acabó con la vida de Laura, pese a existir una orden de alejamiento. Posteriormente falleció tras la intervención de otros agentes cuando intentaba huir.
Más allá de lo que determinen definitivamente los tribunales, este crimen plantea preguntas que ningún responsable público debería esquivar.
¿Están realmente preparados nuestros mecanismos de protección para impedir que una mujer sea asesinada cuando ya existen antecedentes, denuncias y medidas judiciales? ¿Funcionan adecuadamente los protocolos cuando el presunto agresor pertenece a las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿Existen controles suficientes sobre el acceso a las armas, sobre la vigilancia del cumplimiento de las órdenes de alejamiento y sobre la evaluación real del riesgo?
Estas preguntas no constituyen un ataque a la Guardia Civil ni al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos miles de profesionales desempeñan diariamente una labor imprescindible. Precisamente por respeto a quienes cumplen con su deber resulta aún más necesario exigir que los protocolos funcionen sin excepciones y que cualquier posible fallo sea investigado con absoluta transparencia.
Porque cuando una mujer asesinada había denunciado, cuando existían antecedentes o medidas de protección y, aun así, el crimen se produce, la sociedad tiene derecho a preguntarse qué falló. Y las administraciones tienen la obligación de responder con hechos, no con comunicados de condolencias.
Cada asesinato machista debería abrir una revisión exhaustiva de todos los procedimientos. No para buscar culpables políticos de forma automática, sino para identificar errores, corregirlos y evitar que vuelvan a repetirse. Sin embargo, con demasiada frecuencia asistimos al mismo ritual: minutos de silencio, declaraciones institucionales, promesas de reforzar la protección y, semanas después, otra mujer asesinada.
Eso no puede normalizarse.
Los feminicidios se están convirtiendo, en demasiados casos, en auténticas cacerías de mujeres indefensas. Una sociedad democrática no puede aceptar resignadamente que año tras año decenas de mujeres sean asesinadas por quienes decían quererlas. La resignación también mata cuando convierte lo excepcional en rutina.
Y no podemos olvidar otra realidad menos visible: el acoso sexual y las distintas formas de violencia y control que muchas mujeres sufren antes de que aparezcan las agresiones físicas. En numerosos casos, esas conductas son el primer escalón de una violencia que va aumentando en intensidad. Detectarlas, denunciarlas y actuar desde el primer momento puede salvar vidas.
La lucha contra la violencia machista no es patrimonio exclusivo del feminismo. Es una causa democrática. Es una cuestión de derechos humanos. Es una obligación del Estado y una responsabilidad de toda la sociedad. Hombres y mujeres debemos rechazar con la misma firmeza cualquier forma de violencia, de dominación o de desprecio hacia las mujeres.
También la clase política debe abandonar la tentación de convertir esta tragedia en un campo de batalla ideológico. Las víctimas no necesitan discursos enfrentados. Necesitan recursos suficientes, coordinación efectiva entre administraciones, mejores medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, una Justicia ágil, protección eficaz y una evaluación permanente de los protocolos para corregir cualquier deficiencia.
No basta con decir que la ley existe. Las leyes solo protegen cuando se aplican con rigor, cuando cuentan con recursos y cuando funcionan en la práctica. Si una sola mujer muere porque un mecanismo de protección falló, ese mecanismo debe revisarse de inmediato.
Como sociedad no podemos acostumbrarnos a contar asesinatos como quien consulta el parte meteorológico. Cada mujer asesinada representa un fracaso del agresor, por supuesto, pero también una llamada de atención para todas las instituciones encargadas de prevenir estos crímenes.
No podemos ser indiferentes ante una lacra que destruye vidas, familias y conciencias. La indiferencia nunca ha salvado a nadie. La responsabilidad, el compromiso y la mejora constante de las instituciones sí pueden hacerlo.
Porque mientras sigamos escribiendo artículos como este, mientras sigamos lamentando nuevas víctimas, significará que aún no hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Y una sociedad verdaderamente justa no puede conformarse con llegar siempre demasiado tarde.