Ella quiere ser la reina de la política española. No necesita grandes argumentos, solo esa capacidad para darle a sus votantes lo que quieren, con esa defensa del estilo de vida madrileño: abrió los bares cuando sus propios colegas del PP los mantenían cerrados por el covid en otras comunidades —«comunismo o libertad»—; defendió los atascos como forma de oponerse a las restricciones de tráfico en el centro que impulsó Carmena —«los atascos son una seña de identidad de Madrid»—; en plena guerra de Ucrania se opuso al plan de ahorro energético —«Madrid no se apaga»—. Por no hablar del eufemismo acuñado por ella de «me gusta la fruta», o de haber llevado a sede parlamentaria el «que te vote Txapote». Ayuso se toma cuantas libertades quiere y se salta los formalismos que se esperan de su cargo —esa vena populista que tan bien maneja—, y lo usa para atacar a Sánchez y erigirse en ejemplo gestión impecable.
No siempre es así. De algunas cuestiones espinosas consiguió salir airosa. Por ejemplo, los contratos de mascarillas por los que su hermano se embolsó 280.000 euros en comisiones. No solo fue archivada, sino que acabó provocando la caída del entonces presidente del PP, Pablo Casado. La dudosa gestión de las residencias de ancianos durante el covid, así como los cuantiosos negocios entre el grupo Quirón y la Comunidad de Madrid, y la elusión del pago de impuestos por parte de su pareja siguen abiertos.
Y ahora surge un frente más político que judicial: la compra de un ático en Madrid por 6 millones de euros y varias versiones sobre la medida.
Primero era una adquisición destinada a oficina provisional mientras duran las reformas de la sede del Gobierno de Madrid —con el pequeño detalle de que es un inmueble de uso residencial—. Después, a la presidenta no le tembló la voz cuando dijo que no era cosa suya, sino del consejero. Más tarde, su equipo se defendió asegurando que todo era un ataque político del Gobierno central para finalmente anunciar la venta y destinar los ingresos a la recuperación de las zonas dañadas por los incendios.
Un caso extraño. Un departamento en la Comunidad de Madrid, Planifica Madrid, dedicado a comprar y a vender inmuebles —eso suele llamarse especulación—. Un ático, de 485 metros, ubicado en la misma calle que la casa familiar de la presidenta. Pero, oh casualidad, coincidiendo con la operación, la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, ha puesto a la venta el piso en el que viven ambos. Demasiadas coincidencias.
Es cierto que Ayuso no tiene una residencia oficial. Y podría tenerla, como tantos presidentes autonómicos. Pero si esa era la intención real, sería mucho mejor haberlo hecho con transparencia, sin ocultarlo.
Y sobre todo, la presidenta de Madrid tiene otra ventaja. Las sospechas que pueda haber sobre sus maniobras palidecen al lado de las grandes causas de corrupción que rodean a su gran rival, Pedro Sánchez, y a su partido, el PSOE. Pero también es cierto que los electores no son tontos, que las corruptelas no solo se miden en la cantidad de dinero malversado y que, de tanto ir el cántaro a la fuente, alguna vez puede romperse.