Iniciamos un ciclo político, económico y social que estará profundamente condicionado por la inminencia de comicios municipales, autonómicos y generales. Ante este escenario que ya se dibuja en el horizonte, exigimos desde la máxima responsabilidad institucional que se aprueben presupuestos tanto en el Principado de Asturias como a nivel nacional. Es fundamental dejar a un lado la politización que suele paralizar la gestión pública durante los periodos electorales, puesto que nuestra región no puede permitirse el lujo de detener su maquinaria. Las cuentas públicas sólidas son imprescindibles para dar soporte real a las políticas sociales e impulsar un desarrollo regional que no deje a nadie atrás.
El contexto internacional en el que nos movemos no ofrece tregua. Vivimos rodeados de incertidumbres globales, pero también de retos internos que requieren altura de miras. Frente a los discursos que siembran el odio o la división con el drama migratorio, nuestra postura es firme: la inmigración no es un problema, es una solución. Debemos hablar de derechos humanos, de proporcionar soporte humanitario y de integrar y regularizar a quienes llegan buscando un futuro. Las más de catorce mil solicitudes del reciente proceso extraordinario registradas en nuestra comunidad representan un factor clave para revitalizar nuestro mercado laboral y, sobre todo, un deber ineludible de estricta justicia.
Para que el progreso macroeconómico que experimenta España llegue verdaderamente a todas las familias asturianas, resulta vital incrementar los salarios. Hemos dado pasos importantes, logrando que el salario mínimo interprofesional se incremente un 66% en los últimos años. Pero es urgente subir el salario medio para contrarrestar una inflación que ha encarecido de forma drástica los alimentos de primera necesidad, la factura de la electricidad y los combustibles. Esta escalada de precios está provocando que la mejora retributiva sea casi imperceptible a pie de calle, perpetuando una situación inadmisible: hoy en día, sigue siendo pobre aquel que, a pesar de trabajar duramente todos los días, no percibe ingresos suficientes para poder independizarse y construir un proyecto de vida.
En este mismo contexto de dignificación del trabajo, la implantación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales constituye una medida absolutamente irrenunciable. Necesitamos imperiosamente reducir el tiempo de trabajo, especialmente en un momento histórico donde las presiones laborales y los problemas de salud mental están incrementando de forma alarmante las bajas médicas. Frente a quienes se oponen sistemáticamente a este avance de la clase trabajadora y prefieren estigmatizar a las plantillas hablando de absentismo, los datos demuestran una realidad muy distinta: en nuestro país se realizan cada semana dos millones y medio de horas extraordinarias que ni se cobran ni se cotizan a la Seguridad Social. Por ello, el registro horario digital debe implementarse de forma inminente, garantizando un sistema transparente y plenamente accesible para la Inspección de Trabajo que logre erradicar los horarios abusivos en sectores fuertemente precarizados como el comercio y la hostelería.
Hablar de empleo digno exige, por encima de todo, proteger la vida de las plantillas. Es inaceptable seguir operando en pleno siglo XXI con una ley de prevención de riesgos laborales del año 1995 y un cuadro de enfermedades profesionales de 2006 que ignora por completo los riesgos psicosociales actuales. Tres personas mueren cada día laborable en nuestro país por el simple hecho de ir a ganarse el sustento. Urge que la nueva Ley de Salud Laboral llegue al Parlamento para su aprobación inmediata; de lo contrario, promoveremos grandes movilizaciones para señalar públicamente a los partidos políticos que den la espalda a esta trágica realidad. Del mismo modo, la sociedad requiere tolerancia cero frente a las violencias machistas, destinando muchos más recursos para garantizar entornos laborales seguros que protejan eficazmente a las mujeres víctimas.
El acceso a la vivienda representa hoy una emergencia estructural de primer orden. Miles de jóvenes con un empleo formal siguen empobrecidos al no poder emanciparse por los precios abusivos del alquiler y la compra. A largo plazo, sabemos que debemos ampliar drásticamente el parque público de alquiler y liberar más suelo, pero la urgencia actual nos exige sacar la vivienda vacía al mercado ofreciendo seguridad jurídica inmediata. Proponemos establecer en Asturias un servicio público de mediación en materia de vivienda, similar al modelo que ya opera con éxito en Navarra, para intervenir de forma ágil ante subidas desproporcionadas y ofrecer soluciones justas sin necesidad de judicializar los conflictos entre propietarios e inquilinos.
En materia de infraestructuras e industria, el motor de nuestra región, la aprobación de la Ley de Industria en el Parlamento resulta inaplazable y no puede seguir guardada en el cajón de los olvidos. Igualmente, debemos ser tajantes: no podemos negar el cambio climático tras sufrir sus devastadoras consecuencias mediante incendios forestales y severas sequías de las que Asturias no ha sido ajena. Ignorarlo solo impide tomar las medidas necesarias para evitar daños irreparables a la vida humana y natural. Reclamamos además el fin del agravio en nuestras comunicaciones, exigiendo la bonificación del cien por cien del peaje del Huerna. No hay derecho a que el Ministerio de Transportes nos castigue con una vía fantasma, continuamente paralizada por obras y reducida a un solo carril, obligando a los ciudadanos a pagar más de treinta euros para ir a Madrid y otros treinta para volver. A esto se suma la prioridad de que el ancho internacional llegue a Gijón, actualizando el trazado ferroviario entre Pola de Lena y Gijón, eliminando las curvas y el fondo de saco, para que la alta velocidad y las mercancías puedan circular fluidamente a 120 km/h en lugar de frenar a 60 km/h.
El fortalecimiento inquebrantable de los servicios públicos es lo que verdaderamente democratiza nuestra sociedad y vertebra el territorio asturiano. Los servicios públicos son el patrimonio vital de quien no tiene patrimonio. Debemos rechazar con contundencia el populismo fiscal y defender un modelo de financiación autonómica justo y solidario, que pondere adecuadamente el envejecimiento de nuestra población, la gran dispersión geográfica y nuestra compleja orografía. No permitiremos el dumping fiscal de otras comunidades que bajan impuestos a los más ricos y luego reclaman fondos al Estado para mantener sus servicios. Además, exigimos modificar sin demora la Ley de Desindexación de la economía y la contratación pública para evitar que la propia administración siga amparando y precarizando a los trabajadores subcontratados. Finalmente, apostamos por un modelo de turismo verdaderamente sostenible que regule las zonas tensionadas para no expulsar a los vecinos de sus barrios, asegurando siempre condiciones laborales dignas en la hostelería. Construir una Asturias mejor requiere avanzar juntos desde el diálogo social y la defensa férrea de los derechos.