Creo que a nadie con una mínima sensibilidad humana le puede ser indiferente un desahucio. Si a esto añadimos otros componentes como la vulnerabilidad de una persona como Maricarmen, no empatizar con ella por todo lo que ha pasado es deleznable. Su caso es muy doloroso para quienes defendemos con orgullo un modelo social que proteja a la ciudadanía a través del conocido Estado del Bienestar. Tengamos presente una posible realidad futura: la amplísima mayoría estamos más cerca de la pobreza que de ser millonarios. Tenemos más posibilidades de vivir un auténtico drama como es quedarse de la noche a la mañana sin casa a retirarnos de por vida por haber obtenido unos ingresos lo suficientemente voluminosos como para no tener que trabajar nunca más.
Si bien es cierto que Pedro Sánchez puede presumir de excelentes datos económicos sin haber aprobado un presupuesto en lo que va de legislatura (no es casualidad que la oposición, especialmente el PP y Vox, no haya interpelado apenas al Ministro Carlos Cuerpo en las sesiones de control al Gobierno en el Congreso), hay una situación que está ensombreciendo esa buena tendencia: el precio de la vivienda, especialmente el del alquiler, está mermando el poder adquisitivo de la ciudadanía. Maricamen es una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en un piso del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro de la ciudad de Madrid. En su camino se cruzó un «fondo buitre» (llamado «Urbagestión») que le exigió pagar 2.650 euros al mes (como inquilina estaba pagando una renta antigua de 500 euros mensuales), algo inasumible para ella con una pensión de 1.300 euros mensuales (no obstante, se ofreció una donante anónima que estaba dispuesta a asumir todos los costes, pero ni con esas sirvió, quedando demostrado que el único objetivo era echar a esta anciana de su vivienda). No le voy a pedir a un propietario que no haga valer sus derechos, ni a un juez que prevarique, ni a un agente policial que desobedezca una orden ni a un dirigente político que incumpla con su deber, pero sí que voy a exigirle a la izquierda (porque de la derecha no espero nada, y menos aún de los que alardean de la prioridad nacional y que contribuyen a meter miedo con las okupaciones cuando lo realmente cierto es que miles de familias no pueden afrontar los gastos por el encarecimiento de los precios) que se ponga las pilas con la política de vivienda (es una evidencia desde la aprobación de la Constitución en 1978 no se ha desarrollado un marco legal eficaz para hacer cumplir el artículo 47). No se trata de atacar la propiedad privada, pero sí de hacer valer que se anteponga el derecho a un hogar digno por encima del negocio, y más el que tiene fines especulativos.
Yo reconozco que no tengo la varita mágica y, además, aunque espero confundirme, no veo una solución a corto plazo. Yo he sido siempre un gran defensor de la descentralización de las competencias, porque entiendo que cuanto más cercana sea la administración a la ciudadanía, mejores respuestas se darán desde lo público. Sin embargo, en este caso queda patente que no está funcionando la coordinación efectiva de los diferentes gobiernos y, ante este escenario y viendo la urgencia que requiere el tema, no sé si será mejor que asuma únicamente el Estado esta responsabilidad. Resolver esto no solo es la gran asignatura pendiente de este tiempo histórico, sino que como dije antes cada vez más se agrava lastrando la vida de miles de familias y de generaciones que no son capaces de asumir los costes totales (nunca debería superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar, y no solamente hablo de la renta sino que incluyo también todos los suministros). Las imágenes que hemos podido ver del desahucio de Maricarmen (ya que se impidió a las y los profesionales de los medios de comunicación desplegados en la zona realizar correctamente su trabajo) fueron indignantes, porque quedó patente el estrepitoso fracaso que supone para nuestra sociedad lo ocurrido (deja además a nuestra democracia muy tocada, porque por mucho que se haya cumplido con la ley, la decencia ha quedado a la altura del betún. ¡Ni casas sin gente ni gente sin casa!).
Yo reconozco que soy bastante pesimista en cuanto a las posibilidades de que la izquierda española consiga ganar y/o gobernar a partir de 2027 en España. Espero confundirme y que den los números para seguir en La Moncloa y para ampliar la presencia territorial en los municipios y en las comunidades autónomas, pero para ello creo que tiene que resistir el PSOE (sus partidos hermanos en muchas partes de Europa están desaparecidos) y materializarse, cuanto antes, una alternativa a Sumar como la propuesta que lanzó Gabriel Rufián y a la que hasta la fecha no hay ningún avance.
Mirando fuera de nuestras fronteras es verdad que no todo está perdido. Yo sigo horrorizado con la victoria de Alternativa por Alemania en Sajonia-Anhalt, pero también tenemos ejemplos esperanzadores frente al trumpismo y a la ultraderecha en ese mismo país, como la victoria de Elif Eralp, de origen turco y de «Die Linke» (surgido del antiguo Partido Comunista de Alemania Oriental tras la reunificación del país hace 36 años). Si no hay sorpresas de última hora, ella se convertirá en la próxima alcaldesa de Berlín. Hay otras ciudades a lo largo del planeta que también cuentan con perfiles parecidos: en Londres hay un alcalde de origen pakistaní (Sir Sadiq Aman Jan) y en Nueva York un alcalde de origen musulmán (Zohran Kwame Mamdani). También hay líderes de izquierdas al frente de los ayuntamientos de París, Roma, Los Ángeles y Washington. Es importante fijarse en ellos porque son la esperanza de las y los progresistas, y en lugares como Oviedo/Uviéu y Madrid bien nos hace falta recuperar esas alcaldías y aplicar políticas para el bienestar de las personas, empezando por la vivienda.