Abra uno de los perfiles en una red social de cualquier entidad que tenga entre sus objetivos, en una perspectiva general o en alguno de sus aspectos, la protección de los derechos humanos. Comprobará como los comentarios que reciben incorporan un afluente caudaloso de insultos, imprecaciones y amenazas de toda clase. Una verdadera torrentera de odio si el asunto aborda cuestiones como los derechos de las personas migrantes, la diversidad de orientación sexual e identidad de género o la igualdad entre mujeres y hombres. No se libra nadie, tampoco entidades con un perfil político bajo, con imparcialidad acreditada o con una larga trayectoria de servicio a la humanidad. Tampoco se perdona en esta cacería a las asociaciones humanitarias asociadas a confesiones religiosas. Probablemente, entre los dedicados al escarnio y sus allegados se encuentren beneficiarios de las mismas entidades a las que vilipendian.
Pero ahora todo aquello que suene a solidaridad, empatía, compasión, justicia social, organización cívica, cohesión o derechos se enfrenta a una agresividad máxima, incluyendo injurias y calumnias de todo tipo, señalamientos individuales y publicación de imagen y datos personales para alentar la persecución y el acoso, con la mayor impunidad. No digamos ya cuando el contenido lo crean la miríada de charlatanes, conspiranoicos, agitadores y pseudo-medios digitales. Sale rentable monetizar la discordia en redes, dando, de paso, cobertura y aliento al nacional-populismo, que ha tomado a las organizaciones sociales, a la cooperación al desarrollo y a cualquier expresión de solidaridad como objetivo principal de su guerra cultural. Una dinámica endiablada que experimenta un crecimiento sin fin, intensificada en situaciones de crisis, y que hace del odio el eje y vector principal.
De la agresividad en las redes se ha pasado a las calles, en las que se enseñorean grupos de extrema derecha cada vez más organizados y cada vez más abiertamente violentos. En las últimas semanas organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado o Cruz Roja han experimentado actos vandálicos en sus sedes, en distintos puntos de España. Llueve sobre mojado, porque desde hace tiempo presenciamos un notable incremento de sucesos de ese tipo frente a distintas organizaciones sociales. Ya no se puede celebrar una concentración, una actividad simbólica o una mesa informativa en la calle sin un riesgo real de hostigamiento e insultos.
Las agresiones, bloqueos y obstáculos de toda clase a la labor humanitaria en situaciones de crisis, como estamos viendo en Ceuta, están alcanzando cotas de gran peligro. Una diputada ceutí (Julia Ferreras) y dos abogados de derechos humanos (Rafael Borrego y Sofía Cánovas) fueron atacados en su coche por una turba al confundirlos con la ONG Derecho a Techo. E incluso se criminaliza de manera artificial y sensacionalista la propia labor de entidades asistenciales como le ha sucedido a No Name Kitchen. Convertir la solidaridad en delito o en motivo de embestida tiene en un objetivo claro: erradicar cualquier ejercicio colectivo de protección, dejando a las personas vulnerables a la intemperie y desmovilizando a la sociedad civil.
En Asturias tampoco nos libramos de este flagelo, y valen a título de muestra algunos ejemplos. Una fundación que realiza una labor capital en la cohesión social y la colaboración comunitaria en los barrios, como Mar de Niebla, ya ha sido objeto de episodios de esta naturaleza. La propia iniciativa Sofitu Vecinal, espontánea recogida de fondos y material de ayuda para dar asistencia humanitaria a los migrantes que están sin nada en Ceuta, contó a este medio la experiencia de intimidación vivida en esta labor. Mujeres de la Escandalera, que lucha contra la normalización de la violencia de género y contra el olvido de las víctimas, ha tenido varias desagradables experiencias de hostigamiento en sus concentraciones.
Y, en Oviedo, bajo un enorme cartel pregonando la Amabilidá como divisa de la ciudad en su carrera por la capitalidad europea de la cultura, y a escasos metros del punto violeta instalado durante las fiestas para informar sobre los recursos disponibles en situaciones de violencia y acoso, la caseta de Asturias Acoge fue vandalizada y dos activistas de Asamblea Moza apalizados. Por fortuna éstos han contado con un importante respaldo vecinal y no se arredran a pesar de haber sufrido una agresión que podía haber tenido un resultado mucho peor.
Los poderes públicos tienen la obligación irrenunciable de proteger a la sociedad civil y permitir que las entidades sociales desarrollen su trabajo, sin miedo, sin presiones, sin intimidación, sin riesgo de ser atacadas o amedrentadas. Es imprescindible condenar sin cavilaciones ni medias tintas todo acto de violencia contra asociaciones y colectivos que son el músculo y la conciencia cívica de nuestra sociedad. En España tenemos un recuerdo amargo de, en un contexto diferente (la violencia política en el País Vasco y Navarra), las justificaciones y falta de contundencia en la condena de esta violencia sectaria. Ahora algunos practican la misma dialéctica venenosa, que pone en el mismo lugar al agresor y al agredido o que quiere encontrar en el compromiso político de las víctimas la razón para que les muelan a golpes, pues nada les pasaría si se mantuviesen calladitos y no importunasen con sus ideas y sus campañas en el espacio público.
Aquellos que restan gravedad o justifican esta creciente violencia totalitaria entroncan realmente con quienes la practican, pues nacional-populismo y extrema derecha violenta ya son dos caras de la misma moneda. Está por ver si quienes dicen compartir los valores democráticos que son el sustento de nuestra convivencia y sobre los que hemos edificado nuestro sistema constitucional de libertades son capaces de defenderlo cuando viene la hora decisiva para resistir esta involución rampante, que tiene un gusto añejo, y cada vez menos escondido, por la sangre ajena.