Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. No es una proclama izquierdista ni una reivindicación demagógica. Es lo que dice el artículo 47 de nuestra sacrosanta Constitución, papel mojado que representa el reconocimiento de un gran fracaso colectivo. El desahucio de Maricarmen, vergonzoso, inmoral e inhumano, por muy legal que sea, ha encendido la mecha de la indignación, que ya era latente. Es el símbolo del desastre y de la dejadez insultante con que han actuado los poderes públicos para tratar de paliar la crisis. Los precios de los alquileres y las casas se han disparado, los fondos buitre tienen vía libre para actuar sin escrúpulos y obtener beneficios desorbitados, y no se han construido las viviendas necesarias para detener esta espiral devastadora. Echan a las maricármenes de sus hogares e impiden a los jóvenes acceder a un lugar digno y adecuado para vivir. Quince años después del 15-M, la vivienda se ha convertido en el centro de la indignación ciudadana, plasmado en la acampada de Sol. Todo indica que el Gobierno aprobará mañana un decreto con medidas urgentes. Imprescindible, pero solo un primer paso. El asunto es muy grave, primero para los que lo sufren, pero también porque hace crecer la desafección y la desconfianza en las instituciones democráticas, ya que si los gobiernos (central, autonómicos y municipales) no son capaces de solucionar los problemas más acuciantes de los ciudadanos, ¿para qué sirven?