Un interesante sondeo del instituto Sondaxe, publicado el domingo por La Voz de Galicia, indica que los gallegos desaprueban tanto la labor del gobierno como la de la oposición. El 30,4% aprobaría la gestión de Pedro Sánchez, mientras que la juzgaría negativamente el 62,6%. En el caso de Alberto Núñez Feijoo, el 33,1% valoraría positivamente su trabajo en la oposición, pero el 59,1% lo desaprobaría.
La encuesta ofrece otros resultados curiosos: si hubiese elecciones generales, tanto el PP (con el 40,3% frente al 43,1), como el PSOE (con un 26,7% frente al 29,8), perderían votos en Galicia con respecto a 2023, mientras que subirían el BNG y Vox, que duplicaría porcentaje, aunque no obtendría escaños; Sumar perdería los dos que obtuvo en los anteriores comicios. Se produciría, por tanto, una clara victoria del PP, pero un 39,2% de los encuestados declara que votaría por Pedro Sánchez como presidente y solo un 29,1 por Núñez Feijoo. Tal parece que los gallegos confían más en el PP que en su dirigente. En cambio, en una valoración de 0 a 10, don Alberto obtiene un 4 y don Pedro un 3,5. Quizá un de las claves esté en que un 43,9% ve a Sánchez como un líder fuerte, mientras que en el caso de Feijoo solo es un 29,8%, pero únicamente el 19% considera al actual presidente del gobierno «honesto y digno de confianza». Un líder de la oposición débil e incluso poco preparado, según otras respuestas, y un jefe de gobierno que no inspira confianza, mal panorama.
El pasado día 7, el ABC publicó una encuesta de GAD3 que otorgaba al Partido Popular 133 escaños y el 31,1% de los votos y al PSOE 105 escaños con un 26,1% del respaldo, seguido de Vox, que lograría 69 diputados y un 19,2% de apoyo. Habría una mayoría absoluta de diputados de las derechas, pero el PP perdería el 2% de los votos y cuatro escaños con respecto a las elecciones de 2023 y el PSOE el 5% y 17 diputados. Lo sorprendente no es la bajada del PSOE, algo que anuncian desde hace años las elecciones celebradas en las comunidades autónomas y todas las encuestas, salvo las del CIS, sino que el PP también pierda votos y diputados después de ocho años en la oposición. Mal debió haberlo hecho cuando no crece ni frente a un rival herido. El único que se beneficiaría de la mala situación del PSOE y del Gobierno es Vox.
Una de las virtudes de la democracia es que pone límite al mandato de los gobiernos y, en un plazo determinado, el voto muestra si la mayoría considera acertada su gestión y les concede la continuidad o si prefiere sustituirlos. Ahora bien ¿qué sucede si la ciudadanía rechaza tanto al Gobierno como a la oposición? Hay dos posibilidades, que pueden combinarse: que aumente notablemente la abstención y/o que crezcan partidos alternativos. Esto último fue lo que sucedió en 2015 con la irrupción de Podemos y Ciudadanos. Eran dos fuerzas que representaban a un nuevo centro derecha y a una izquierda renovada, más radical que el PSOE. No hay que recordar que ambas fracasaron, pero el problema, once años después, es que se reproduce el desprestigio de los dos partidos mayoritarios, aunque ambos conservan hoy más votos de los que obtuvieron entonces, pero solo emerge un partido radical de extrema derecha.
Son muchas las razones para el hartazgo de la ciudadanía. La legislatura ha sido vergonzosa desde el principio. La palinodia de Sánchez con relación a la amnistía explica lo que señalaba la encuesta de Sondaxe sobre su falta de credibilidad, aunque no sea el único motivo, y los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno avivan el desapego hacia la política y la desconfianza en los políticos. El comportamiento de la oposición ha sido detestable, probablemente ha contribuido más a mantener un suelo sólido del PSOE “sanchista” que a fortalecerla. Comisiones de investigación inútiles en el Senado, en las que no había verdadero interés en investigar nada, se convocaba a cualquiera, tuviese que ver o no con lo «investigado», según indicase el último titular de la prensa, y los diputados del PP y Vox ni siquiera preparaban adecuadamente las preguntas o, sencillamente, se limitaban a atacar, incluso insultar, a los comparecientes sin preguntarles nada. Debates parlamentarios en los que, en vez de razonar, se utilizan «argumentarios» estúpidos, plagados de frases pretendidamente ingeniosas, cuando no de injurias. La guinda la puso hace unos días la diputada Ana Vázquez, espray de pimienta en ristre.
Tanto el PP como el PSOE y el Gobierno tienen responsabilidad en que no se alcanzasen pactos sobre asuntos importantes que eran perfectamente posibles. Ya en la legislatura anterior el PSOE se dejó arrastrar por el rechazo de Unidas Podemos a cualquier acuerdo con el PP, aunque fuese necesario o incluso imprescindible. También es cierto que ese partido optó, especialmente en esta última, por provocar derrotas del Gobierno en las Cortes, aunque fuese en perjuicio de la ciudadanía, pero este debió tender públicamente la mano, hablar con mayor frecuencia con Feijoo, para que fuese el partido conservador el que dejase en evidencia su negativa a acordar nada, que tuviese que abandonar su argumento del «muro» o reconocer que había colaborado a construirlo.
Ha sido una oposición fundamentalmente negativa, con escasas propuestas, salvo la bajada de impuestos, que sería como el bálsamo de Fierabrás, y unida a una extrema derecha cada vez más provocadora y manifiestamente filofranquista. La gestión de la crisis de Ceuta por parte del Gobierno ha sido desastrosa, pero la campaña xenófoba, cuando no abiertamente racista, en la que colaboran algunos medios sedicentemente católicos, las cada vez más frecuentes agresiones a marroquíes y otros inmigrantes, la retórica belicista contra Marruecos o manifestaciones como la del pasado domingo que, por sorprendente casualidad, culminó en el arco de triunfo construido por Franco para celebrar su victoria, obligan a sopesar si no es mucho más peligroso un triunfo electoral de estas derechas que la incompetencia gubernamental.
No es casual, y es un terrible presagio, que en los últimos meses hayan aumentado las agresiones homófobas. La barbarie extremista está pasando de las redes a las calles y amenaza con llegar al gobierno central. El señor Buxadé declaraba el domingo en La Razón que, si las derechas alcanzasen los 210 diputados en las próximas elecciones, Vox propondría la reforma unilateral de la Constitución. El fin del «régimen del 78», que a quien ahora parece gustarle menos es a la derecha radical.
Al malestar ciudadano y al desprestigio de la política contribuyen la inflación, que ya se acerca al 5% anual, o la crisis de la vivienda, que la subida general de los precios agrava y ha estallado con la reacción al desahucio de Maricarmen Abascal. El primero es universal, los culpables son Putin y Trump, pero es inevitable que genere descontento. En el segundo, también extendido a numerosos países, pero con características propias en España, todos los partidos que han gobernado y gobiernan, incluidos los que lo hacen en comunidades autónomas y ayuntamientos, son, en mayor o menor medida, responsables. No es serio que Pedro Sánchez afirme ahora que el Gobierno «trabaja contrarreloj» para solucionar en 24 horas un problema que no abordó en profundidad en ocho años.
El elevado precio de las casas, agravado por la subida de los tipos de interés, y de los alquileres dificulta o incluso impide que muchos jóvenes y trabajadores con sueldos bajos puedan encontrar una morada digna. La subida del coste de los arrendamientos provoca que otras personas pierdan la que poseían. Los que pueden pagarla se empobrecen. Es un asunto que va a hacer daño a los dos grandes partidos y a Sumar por su participación en el ejecutivo. Los decretos aprobados este martes, cuyo detalle no conozco todavía cuando escribo este artículo, pueden paliar algunos efectos de la crisis, pero no resolverla.
La falta de viviendas tardará años en solucionarse y mientras no haya más disponibles, privadas o públicas, no bajará el precio de compra y difícilmente el de alquiler. Construir edificios lleva tiempo y acelerar el proceso exigiría reformas legales. Las medidas fiscales destinadas a estimular la salida al mercado de casas vacías, aunque tengan cierto éxito, no van a notarse de un día para otro. Otra cosa es que se favorezca a los actuales inquilinos con disposiciones que limiten la subida de alquileres o impidan los desahucios mientras se pague la renta, algo que el primer decreto plantea con carácter solo temporal, pero los jóvenes que buscan casa no van a verse beneficiados.
Poner límites a los fondos buitre, a la enajenación de viviendas sociales de administraciones públicas o a los pisos turísticos es algo que debió hacerse hace mucho tiempo, pero que, según las primeras informaciones, se plantea de forma tímida: a los fondos buitre solo se les prohíbe adquirirlas durante dos años y queda por ver cómo se determina qué sociedades son definidas como tales. No parece que la reforma de la fiscalidad de los pisos turísticos vaya a ser disuasoria. Suena bien el contrato indefinido británico, que inspira el segundo decreto, pero tiene que incluir necesariamente facilidad de desalojo del inquilino que no pague y revalorizaciones periódicas de la renta, cuya regulación puede ser problemática. En el Reino Unido, en caso de discrepancia, intervienen los jueces para fijar el precio razonable. El problema es que si los propietarios perciben que van a tener dificultades para desahuciar a quien no pague o que los alquileres se van a congelar, dejarán de poner los pisos en alquiler y la escasez puede agravarse.
Pedro Sánchez ha sufrido ataques personales desmesurados desde ciertos medios de comunicación, que recuerdan a la conspiración contra Felipe González desvelada por Anson; el procesamiento de su esposa, difícilmente justificable, se resuelva como se resuelva, rebasa todos los límites, pero, como he escrito en otras ocasiones, su gran error radica en el giro sobre la amnistía para conseguir los votos de Junts (insisto también en que el problema no es la amnistía, que era necesaria, sino cómo y por qué Pedro Sánchez cambió de opinión sobre ella). El experimento de un gobierno en minoría, sin un acuerdo de legislatura, ha resultado fallido. Lo peor es que solo le ha sido útil a Vox y ha contribuido a hundir a las izquierdas, desde el PSOE a Sumar o Podemos. A ello se suman los casos de corrupción, la falta de presupuestos, que lastra la acción del Gobierno, el affaire Zapatero y el desastre de Ceuta.
No es una perspectiva agradable que se acerquen las elecciones con unas izquierdas debilitadas, que tienen ya muy poco tiempo para recuperar la credibilidad, un líder de la derecha incapaz de distanciarse de los extremistas y carente de propuestas y de discurso coherente y una ultraderecha neofranquista crecida. Haría falta una política distinta en la que, para empezar, los políticos hablasen como personas y no como papagayos de argumentario, que supiesen acercarse a la gente y escuchar sus problemas, que no fuesen casi todos hijos del aparato de partido, que concibieran su labor como un servicio a la sociedad y no como una forma de servirse de ella y que fueran fieles a sus principios. Los demagogos de extrema derecha lo han percibido mejor, esa es una de las razones de su éxito. Tampoco les sobran argumentos o propuestas coherentes, ni principios morales, pero han sabido venderse como nuevos y próximos.
Sé que soy injusto al generalizar, que hay políticos entregados, honestos y valiosos en las organizaciones democráticas, pero se aprendió poco de las consecuencias de la crisis de 2008 y la democracia vuelve a estar en peligro. Quizá las elecciones parlamentarias de Estados Unidos den un impulso positivo, el imperio sigue siendo muy influyente, pero el problema es interno. O se regenera la política o triunfará el autoritarismo reaccionario.