Más allá de los cálculos electorales partidistas, la clave es que la política se ha mostrado incapaz de dar soluciones al principal problema que afecta a los ciudadanos. Las encuestas del CIS lo llevan señalando desde hace 22 meses. Pero todo ha seguido igual hasta que el desahucio de Maricarmen ha hecho aflorar el descontento y la herida social provocados por los precios desorbitados y sin frenos en el alquiler y la compra de viviendas. Decenas de miles de personas, en especial jóvenes que tienen muy difícil acceder a una casa donde vivir, han salido a las calles y han ocupado las plazas para protestar, hartas ya de estar hartas. Indignadas. No ha sido suficiente. El Congreso no ha podido ni siquiera aprobar un decreto de mínimos, pero que daba un respiro a los inquilinos, presentado deprisa y corriendo por el Gobierno ante la presión de los acampados en Sol y rechazado por el bloque de las tres derechas. Si la democracia falla en algo tan básico para la vida y la convivencia de los ciudadanos; si hace caso omiso a un derecho reconocido en la Constitución; si permite que en la sociedad se abra una grieta cada vez mayor entre propietarios e inquilinos; si la polarización y los enfrentamientos sustituyen a los pactos para dar respuesta a los problemas que afectan a millones de personas; si las buenas cifras macroeconómicas (crecimiento, empleo) no se traducen en mejoras tangibles en el día a día de la gente; si el Gobierno no puede gobernar, es que algo falla en el sistema. Así se abre la puerta a la ultraderecha y se destroza la democracia, que se revela impotente para resolver cuestiones inaplazables. Los que han salido a la calle y los que los apoyan exigen soluciones ya, no politiqueos, excusas, demagogia y acusaciones cruzadas.