Los procesos electorales que afrontan los países de la Unión Europea en lo que queda de 2026 y en 2027 van a estar marcados por el desafío que los partidos nacional-populistas plantean para la pervivencia de las democracias liberales y para la continuidad del proyecto común europeo. Francia celebrará sus elecciones presidenciales y legislativas, con la candidatura de Le Pen (a pesar de su condena a prisión por malversación) muy por delante en las encuestas, en un clima de convulsión constante y de aparente impotencia de las instituciones republicanas para articular respuestas al malestar social distintas de la mera actuación represiva. Italia tendrá sus elecciones legislativas mientras el Gobierno de Giorgia Meloni se radicaliza aguijoneado por el surgimiento de fuerzas aún más extremistas (Futuro Nazionale y su «patriarcado mediterráneo»), desplegando el ejército en funciones de orden público, instaurando la detención preventiva para personas que considere sospechosas de participar en disturbios, persiguiendo inmisericordemente el derecho de protesta y, en el plano del control migratorio, relanzando sus crueles proyectos de centros de detención en terceros países para solicitantes de protección internacional.
En Polonia, el fuerte progreso económico del país (3,6% de crecimiento del PIB en 2025) no ha impedido la victoria electoral en las últimas presidenciales del ultra Karol Nawrocki y que las fuerzas de corte nacional-populista crezcan en las encuestas a costa del centro-derecha del primer ministro Tusk, lo que puede dar lugar a un giro político en las legislativas del año próximo. Se celebran elecciones generales también en Grecia, Finlandia, Eslovaquia o Eslovenia. Todas ellas bajo disyuntivas similares, en un clima de amenazas externas, malestar creciente y crisis de confianza institucional. Y todas con el muy significativo antecedente de las elecciones a los parlamentos regionales germanos de Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Antepomerania (ambas en septiembre de 2026), donde los cristianodemócratas de la CDU quedaron muy por detrás de Alternativa por Alemania (AfD), e incluso fuera de la Cámara en el segundo caso.
El intento del canciller de Merz de dar un perfil más agresivo que el de Merkel (por ejemplo, en materia de inmigración y seguridad) parece haber servido solo para deslegitimar a la CDU. No perdamos de vista de lo que es capaz AfD, surgida inicialmente contra el apoyo financiero comunitario a los países del Sur de Europa (incluyendo España), a los que denostaba como PIGS; crecida en el cultivo abierto de la xenofobia, como la primera fuerza que planteó la reemigración forzosa (también de los extranjeros en situación regular) y las revisiones de nacionalidades otorgadas por residencia, aunque comporte privación de derechos otorgados, detenciones y deportaciones masivas. Una fuerza con una miríada de intervenciones de distintos representantes relativizando el Holocausto (y, paradojas del destino, también negando el genocidio sobre la población palestina), y con espontáneas y cada vez más frecuentes declaraciones de cargos y personalidades del partido cuestionando por qué territorios tradicionalmente germano-parlantes o antes vinculados al país no pueden plantear su integración en Alemania, poca broma.
Las posibilidades de que la integración se mantenga en Europa ya están en riesgo con la tendencia disgregadora que se extiende en sus instituciones al calor del retroceso de los europeístas, y con la prevista erosión en las próximas perspectivas financieras de las políticas de la Unión Europea que han sido parte de su éxito (como la agrícola común o la de desarrollo regional). Pero si los gobiernos de los Estados y, a la larga, las propias instituciones comunitarias acaban en manos de quien no tiene convicción alguna en el proyecto común, la fragilidad provocada lo pondrá directamente en el disparadero y, con ello, la vuelta a las andadas de un continente fraguado en siglos de guerras fratricidas de las que no parecemos estar enteramente vacunados.
Este tren de la reacción tiene una próxima parada en las Elecciones Generales convocadas para el 29 de noviembre en España, que serán determinantes para ver si la oleada involucionista llega tan lejos como para permitir la entrada en el Gobierno de una fuerza netamente contraria a la Constitución como VOX, que no ha interiorizado ni comparte los valores de la Carta Magna en su conjunto. Como ha sucedido en Francia, Italia, Alemania o el Reino Unido, los conservadores, los democratacristianos o incluso los liberales dejan el terreno expedito a las fuerzas nacional-populistas, tratando de emularlas, a pesar de que ello comporte renunciar a sus principios u otorgarles el protagonismo y la agenda de asuntos que conforman su propuesta política. Imitan sus formas faltonas y demagógicas, incluyendo el uso grosero y peligroso de la inteligencia artificial.
Abusan de un nacionalismo centralista incapaz de comprender la pluralidad de este país, que no parecen conocer ni respetar en su diversidad. Espolean el agravio artificial frente a la población extranjera o en peor condición social. Minusvaloran la importancia de los servicios públicos y del sistema de pensiones (del que enuncian que «va a petar») en la cohesión social. Vilipendian y criminalizan a quienes se manifiestan defendiendo derechos sociales, flirteando con los mensajes de odio. Ponen en duda el resultado electoral para cualquier eventualidad que suceda, al estilo trumpiano. Exaltan un discurso securitario generando alarma social. O patrocinan una política exterior contraria a nuestros intereses nacionales, que nos colocaría en posición subalterna de los imperios y que nos sumaría a las filas de quienes socavan irresponsablemente las organizaciones y el Derecho Internacional. Van en todo ello a rebufo de los nacional-populistas, que, en España, ya plantean abiertamente establecer el estado de excepción a las primeras de cambio, ilegalizar fuerzas independentistas excluyéndolas del juego de la representación política, reformar la Constitución Española sin buscar el acuerdo con las principales fuerzas de izquierda quebrando el consenso necesario en esta materia, o convertir la Seguridad Social en un sistema de capitalización parcialmente privatizado; y que tienen a su vez una peligrosidad porosidad con grupos ultras y violentos que sustituyen la bandera constitucional por la Cruz de Borgoña o la presentan sistemáticamente sin el escudo (o recortándolo para que se note), como muestra de su rechazo al sistema democrático que erigimos en 1978.
Renunciando a una narrativa propia y a erigir una alternativa integradora y cabal al Gobierno, dejándose arrastrar por el tumulto vociferante, puede que en esta ocasión el PP alcance la Moncloa por el fuerte desgaste del Presidente Sánchez (en torno a cuya figura personal se ha nucleado un PSOE debilitado orgánicamente y en el territorio, un error grave); pero, si esto sucediese, lo va a hacer fuertemente hipotecado y condicionado por VOX. Figurarse que al día siguiente de producido un relevo en la Presidencia del Gobierno, se va a desinflar el discurso nacional-populista, es desconocer las lecciones de la historia y rehuir la cruda realidad del huracán político que asola el continente. Alimentar la carrera nacionalista, segregacionista, securitaria, anti-derechos, iliberal y de desconfianza hacia todo y todos es consustancial al ADN político del nacional-populismo, que prospera generando y exacerbando el conflicto. Y cuya siguiente presa, como ha sucedido en otros países con democracias avanzadas, es vaciarla de contenido, arrinconar la disidencia y devorar desde fuera o desfigurar desde dentro al centro-derecha, algo que pueden perfectamente conseguir.
En estas Elecciones Generales, por lo tanto, hay muchas dudas, empezando por el resultado, menos claro de lo que algunas encuestas pudieran anticipar; pero también algunas certezas. Una de ellas es que el PP ha renunciado a la identidad que, al menos en otro tiempo, trató de enunciar como fuerza moderada (de centro y reformista, decían), y ya abona el terreno de su propia degradación o futura supeditación al nacional-populismo, lo que puede suceder más rápido de lo que pensamos, si tenemos en cuenta la aceleración de los procesos políticos en los últimos años. Otra de ellas es que, probablemente, quienes critican la actuación política del Gobierno tengan sus razones, algunas buenas y legítimas (una Legislatura sin presupuestos e iniciada sobre pactos muy forzados, no enunciados en campaña y sin consistencia para configurar una mayoría estable; dos Secretarios de Organización de su fuerza política en la cárcel o con serias posibilidades de volver a ella; problemas sociales de calado como la vivienda sin atajar, etc.). Pero la certeza mayor, la que inevitablemente ha de prevalecer a pesar de todas las objeciones que se quiera, es que el posible viraje de signo político no tiene nada que ver con el de 1996 o el de 2011, porque en esta ocasión la previsible alianza del PP con una fuerza profundamente reaccionaria y disolvente para la convivencia como VOX, que tiene posibilidades reales de desbancarle a corto plazo, lo cambia todo; y que votar para entregar el Gobierno de España al nacional-populismo, o no votar y dejar que esto suceda, es arrendar una parcela en el infierno, y esa sí con prórroga forzosa, pero para el inquilino.