El Calatrava, símbolo de desmesura

La sentencia que condena al ayuntamiento radiografía los pecados del «gabinismo»: falta de proyecto y de controles públicos y confianza absoluta en la iniciativa privada


Oviedo

Gabino de Lorenzo fue más que un faraón en Oviedo. Visto en retrospectiva, con la ventaja que dan las decisiones judiciales y el cambio de guardia en el ayuntamiento, el exalcalde parece toda una dinastía. Tal es el rastro de pirámides inacabadas, defectuosas o expoliadas alineado en su trayectoria, que se hace difícil elegir solo una como símbolo de la época del urbanismo grandilocuente y efectista, pero en último termino ruinoso para las arcas públicas, visto en sus 21 años al frente de la ciudad, una etapa que aún tendría un epílogo de tres años bajo el mandato de Agustín Iglesias Caunedo para cerrar el largo periodo de hegemonía del Partido Popular. Podrían escogerse el centro ecuestre El Asturcón, un proyecto de 2,5 millones de euros que costó al final más de 45, o la apabullante expropiación de Villa Magdalena, por la que la administración local planeaba pagar entre dos y tres millones y va a tener que desembolsar, tras años de batallas jurídicas, casi 60. Pero esta semana los focos apuntan al palacio de congresos diseñado por Santiago Calatrava para una parcela del barrio de Buenavista. Otro pleito perdido aboca al ayuntamiento a abonar 25 millones de euros (por el momento; se esperan recursos ante el Tribunal Supremo, donde esa cifra puede variar) a la constructora tras una controvertida rescisión del contrato a causa de las deficiencias halladas en el edificio. La sentencia, además, no pone tasa a la mordacidad contra la toma de decisiones del equipo de gobierno y los altos funcionarios municipales que bendijeron la construcción. Para el juez, cabe hablar de «dejación de la administración» y su razonamiento apunta a toda una serie errores y defectos.

 Falta de proyecto detallado

Por increíble que parezca, el Ayuntamiento nunca exigió a Santiago Calatrava, el arquitecto responsable del proyecto, ni a Jovellanos XXI, la empresa que lo construyó, una documentación detallada de la ejecución de unas obras que, según aceptaron sus propios técnicos, iban a costar 96,1 millones de euros pagados con dinero público. Todo lo que obra en poder de la administración es el proyecto básico, que no incluye las numerosas modificaciones posteriores ni las soluciones parciales a problemas concretos. Eso contribuye a explicar por qué en dos días, como en un chiste, el palacio ha generado dos noticias, una buena y otra mala para las arcas municipales. La mala es la sentencia favorable a Jovellanos XXI; la buena, otro fallo en contra de Calatrava y bueno para el ayuntamiento que condena al arquitecto valenciano a devolver casi tres millones de euros por el fallo de la cubierta diseñada por el edificio: iba a ser móvil, pero nunca superó sus problemas técnicos de funcionamiento y, finalmente, se ha quedado en fija. Un pesimista incluso puede pensar que se trata de dos noticias malas. Ambas denotan el descontrol sobre las obras y la compensación que va a recibir el ayuntamiento no cubre ni la octava parte de la cantidad que debe pagar a la constructora.

 Delirios de grandeza

Si el Calatrava, con su aire de objeto espacial de alta tecnología abandonado sin mimo en un barrio tradicional, ya supone una declaración de intenciones, la operación entera en la que iba incluido tenía una ambición solo concebible en la época de urbanismo a rienda suelta del cambio de siglo. Para empezar, como muchos críticos señalaron en la época, era discutible que Oviedo necesitara un nuevo palacio de congresos después de inaugurar a finales de los años 90 el más adecuado a las dimensiones de la ciudad Auditorio Príncipe Felipe (por cierto, una de las tempranas decisiones peculiares de De Lorenzo, que arrebató el proyecto al prestigioso Rafael Moneo para entregárselo a Rafael Beca, un profesional afín al PP que había ocupado un alto cargo en el gobierno autonómico de Sergio Marqués). Y menos de las dimensiones colosales de un edificio con espacio para viviendas, un centro comercial, un aparcamiento, un hotel y oficinas del Principado, que, además, obligó a demoler el antiguo Carlos Tartiere y a construir un nuevo campo de fútbol (47 millones de euros) para hacerse un hueco. Pero eso solo era la mitad de la operación, conocida entonces como los palacios, en plural, porque no acababa con el nuevo auditorio. Había otro palacio destinado a la parcela municipal sobre la que en su día se levantó la desaparecida estación de El Vasco. Desde el principio, esa mitad fue el eslabón débil del proyecto. Aquel continente experimentó repetidas metamorfosis. En la teoría, fue sucesivamente palacio de las artes, palacio de justicia, museo, centro  comercial y nueva sede del ayuntamiento. En la práctica, nunca tuvo contenido y, aún hoy, no es nada, salvo una serie de pisos de lujo y un sector inacabada que saluda desde lo alto al tráfico que accede al centro por la glorieta de la plaza de la Cruz Roja.

 Falta de rigor en la aceptación

Para el juez, la declaración del arquitecto municipal en el juicio roza la frivolidad. El alto funcionario intentó quitar importancia a su papel en la recepción (es decir, la aceptación oficial del resultado final de las obras) asegurando que nunca firmó un documento con esos efectos vinculantes sino otro papeleo de menor importancia. Pero la sentencia se muestra incrédula ante ese testimonio y sostiene lo contrario. Su firma, junto a la del interventor del ayuntamiento, valida la entrega de un edificio con múltiples achaques, aunque no descubre ninguno, y lo valora en 96,1 millones de euros. Ese gesto, que cedía todo el control a la empresa y abandonaba la supervisión pública, hace muy endeble la posterior posición municipal. En enero de 2014, ya con Caunedo al frente del gobierno local, el ayuntamiento decidió retirar la concesión del edificio a Jovellanos XXI por un incumplimiento culposo de las condiciones del contrato. Ese movimiento da pie a la demanda de la empresa, que en el proceso usa en contra del consistorio los documentos aceptados por sus técnicos. El juez, sin embargo, ha suavizado la magnitud del golpe para la economía de la ciudad. La querella pedía una indemnización de 90 millones de euros, el equipo de gobierno ya buscaba cómo reservar entre 30 y 40, que le parecía la cantidad más probable, para hacerle frente, y la sentencia la ha dejado en 25. Es muy probable, sin embargo, que Jovellanos XXI, una unión temporal de empresas tras la que se encuentran las familias Cosmen y Lago, intente una revisión al alza con un recurso al Supremo.

 Años de desmesura

No hace un mes de otra conmoción: la sentencia de Villa Magdalena. Y aún está reciente el inicio del desmontaje de El Asturcón. Pero la herencia de los años de hormigón, aquellos en los que De Lorenzo hacía campaña electoral con las promesas de una playa artificial en el Parque del Oeste o un estanque y una urbanización rumbosa en los terrenos del plan de La Manjoya, envenenados por la anterior actividad industrial que se desarrolló en ellos, va más allá de lo ya sabido. Otras expropiaciones polémicas amenazan con costar más dinero municipal. Hay tres casos bien localizados: Loma del Canto, Rodríguez Cabezas y Olloniego. Para colmo, las malas decisiones no se circunscriben al urbanismo. El consistorio acaba de pagar dos millones de euros a los beneficiarios del último plan de empleo que presentaron una demanda. El ayuntamiento los había utilizado para realizar tareas que debía acometer con su plantilla estructural.

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